Si el objetivo del nuevo gobierno es recuperar la confianza de los ciudadanos, reprimir la limitada transparencia que alcanzaron algunas instituciones públicas que aún conservan un grado aceptable de credibilidad, definitivamente es el camino equivocado. Al igual que en el resto de las entidades de gobierno, la autoridad moral del Ejército y la Armada se ha visto mermada en años recientes y, conforme a las encuestas de opinión, aún las perciben en el círculo de prestigiadas y confiables. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Sistema de Justicia Penal en México, realizada en el segundo semestre de 2012, los mexicanos solo confían en su familia, los médicos y la Iglesia, por encima de las Fuerzas Armadas. En el caso Baja California, la fe ciudadana en los uniformados castrenses es incluso mayor que la media nacional. Vale recordar que de 18 lugares distribuidos en el mencionado estudio, los últimos están ocupados por el Presidente y el Instituto Federal Electoral en el puesto 12; la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 15, y los partidos políticos en el 17. Entonces, ante la crisis social de incredulidad, en nada le abona la mordaza que han ordenado o se ha autoimpuesto el Ejército, particularmente en el caso que nos ocupa, la II Región y la II Zona Militar. Corre el segundo mes del arribo de nuevos Generales y aún no queda claro qué hacen, si trabajan o no, si coordinan o no, si informan o no. Oficialmente continúan con la campaña “Nosotros Sí Vamos”, pero la sociedad no puede saber a ciencia cierta si cumplen este compromiso, ya que se limitan a informes mensuales de actividades, boletines esporádicos o reportes a destiempo. Y resulta que ahora hay que confiar en su palabra impresa porque es lo único a lo que la comunidad tendrá acceso. Como ejemplo, el viernes 1 de febrero de 2013, según versión no oficial, se supo que hicieron uno de los decomisos más cuantiosos de la historia reciente en la zona: 572.610 kilos de cocaína, asegurados en el retén Cucapah en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado. Primero dijeron que habría conferencia, después que no, y finalmente un comunicado que se envió a la prensa en Sonora. No hubo imágenes, fotos, no se supo de presentados, pero según la lógica oficial, es deber del ciudadano creer que se hizo lo que resulta imposible en el clima de descomposición política y social que se vive. La historia de la entidad demuestra que la voluntad de los bajacalifornianos solo se gana con acciones visibles y hechos comprobables, no con boletines de auto-propaganda que solo contribuyen a la simulación y la decadencia. Más allá de si el “estilo” del Comandante Regional, Gilberto Hernández, y del Comandante de Zona, Gabriel Rincón, es diferente al de sus predecesores, la realidad es que los generales están perdiendo sus estrellas, por lo menos las otorgadas por el pueblo que tienen la encomienda de salvaguardar. Y eso no es bueno ni para la milicia, ni para la sociedad. Se necesita combatir al que sigue siendo el mayor lastre, la inseguridad. Recientemente lo declaró el Presidente Enrique Peña Nieto a la revista alemana Spiegel: “Nuestra prioridad es reducir el número de asesinatos y secuestros, pero también tenemos que aplastar a la mafia”. De la retirada del Ejército, Peña citó: “Solo cuando mejore la situación de seguridad”, eso no ha sucedido, así que señores, a trabajar, no pueden desaparecer del mapa y provocar mayor frustración social. Para ser el tercer mes de gobierno, suficiente tienen los electores y contribuyentes con una partidocracia impuesta, partidos corruptos y sin ideología, una Suprema Corte de Justicia devaluada, con un presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información “perezoso e inexperto”; un Instituto Federal Electoral tendencioso e indeciso, una Procuraduría General de Justicia que con todo y su manejo mediático, no termina de convencer de la explosión de gases en la Torre B-2 de PEMEX. Si quieren la participación social, la ciudadanía necesita certeza y transparencia, y si no son capaces de generarla o reconstruirla, mínimo están obligados a preservar la credibilidad en las instituciones que ya la tienen, las Fuerzas Armadas, y para eso necesitan apertura y transparencia. Perder la confianza de la comunidad es un lujo que no se pueden dar.
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