Comunidades atrincheradas

Reconocen ingobernabilidad en el país Ante la incapacidad del gobierno federal para otorgar seguridad a sus habitantes, poblados se arman para defenderse de la delincuencia organizada. “Hay zonas del país donde el estado es inexistente”, advierte a ZETA el escritor Federico Campbell. Mientras tanto, el gobierno de EPN repite la misión y visión de secretarías involucradas en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Enrique Mendoza Hernández A dos meses y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que está a la vista de todos es el aumento de la ingobernabilidad y vacíos de estado en diversas zonas del país. La incapacidad del Estado para otorgar seguridad a sus habitantes conduce a muchas comunidades a instalar retenes civiles y “grupos de autodefensa”. Las imágenes otra vez recorrieron el mundo: Armados con rifles, escopetas o machetes, campesinos encapuchados instalaron lo que llamaron retenes civiles para defenderse de la delincuencia y hasta de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en el municipio de Santos Reyes Nopala. “Policía Comunitaria” es el nombre con que se identificaban por lo menos 40 integrantes de esa demarcación que resguardan la población oaxaqueña con la complacencia municipal, estatal y federal. Los civiles armados se mantuvieron en sus barricadas hechas de costales llenos de arena entre el lunes 11 y miércoles 13 de febrero, día en que autoridades municipales y estatales llegaron a un acuerdo para disolver los retenes civiles para que, finalmente, Ayuntamiento y aquella entidad federativa retomaran el control policíaco y la seguridad pública. También en Michoacán la población decidió armarse ante la inseguridad. Primero fue la comunidad de Cherán en 2012, donde los vecinos decidieron hacer frente a la delincuencia organizada controlando los accesos a su comunidad. Luego, en las primeras dos semanas de febrero de 2013 por lo menos 37 comunidades indígenas habían seguido el ejemplo de Cherán y también se armaron no solo de valor, sino con rifles y escopetas, machetes y azadones, entre ellas las rancherías de Pamatácuaro, Paracho, Ocumicho, Comachuén, Aratepakua, Tarícuaro, Cocucho, Aranza, Cheranástico, San Felipe de los Herreros, Quinceo, Urapicho, entre otras. No es la primera vez que civiles deciden defenderse de la delincuencia ante la incapacidad del estado para proveer a sus ciudadanos lo que la Constitución garantiza. Por ejemplo, el 21 de enero último, en las comunidades de Atliaca y Acatempa, del municipio de Tixtla, en la zona centro del estado de Guerrero, campesinos también optaron por sacar de sus escondites sus rifles de caza para convertirlos en armamento de protección contra secuestros y asesinatos. De hecho, los campesinos de Atlica y Acatempa siguieron el ejemplo de armarse e instalar barricadas de costales de arena como Ayutla y Tecoanapa, también del mismo estado, en la zona costa, a unos 50 kilómetros de Chilpancingo. También desde el 1 de febrero más de 100 habitantes de las comunidades de Teloloapan, Ixcapuzalco y Ixcateopan aceitaron sus rifles y pistolas para ponerlos al servicio de lo que llamaron “Grupo de Autodefensa”, para combatir a los grupos criminales que operan en esa zona guerrerense. Lo cierto es que mientras algunas comunidades se arman para defenderse de la delincuencia organizada, el gobierno federal está todavía muy lejos de lograr las promesas de campaña: “Primero, tenemos que volver a restablecer el orden y la gobernabilidad”, había dicho a manera de vocero de Enrique Peña Nieto, el actual Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, haciendo alusión obviamente a la “ingobernabilidad” en la administración calderonista que los peñistas evidentemente no han podido revertir. En ese contexto de comunidades armándose para defenderse y mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto restablece “el orden y la gobernabilidad” prometida en campaña electoral, los redactores federales parafrasean la misión y visión de diversas secretarías que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a propósito de la estrategia de seguridad federal. Fallan redactores del “staff de Presidencia” Mientras la delincuencia organizada continúa con los asesinatos y secuestros a la par que algunas comunidades se arman para defenderse, el 12 de febrero, en Aguascalientes, Peña Nieto instaló lo que llamó Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en torno a su estrategia de seguridad. De acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia “unifica y da dirección al esfuerzo de las Secretarías de Estado hacia un objetivo en común: prevenir el delito”. Peña Nieto instruyó a nueve Secretarías de Estado con objetivos claros para articular políticas y evitar duplicidad de funciones: En dicho programa, en lo que respecta a la Secretaría de Economía se lee: “Habrá de impulsar las competencias laborales, el emprendedurismo y el autoempleo, a fin de crear nuevas opciones de ingreso. Deberá dar un renovado apoyo a la creación de empresas sociales”. Pero la realidad es que los redactores del gobierno federal de “las tareas específicas ordenadas a cada dependencia federal” se parecen mucho a la misión y visión plasmadas en sus respectivas páginas de internet, más que a una “nueva estrategia de seguridad”. Por ejemplo, “las tarea específica” de la Secretaría de Economía es un texto parafraseado contenido en la Visión y Misión de la página internet de esa secretaría (http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/mision-y-vision-se) donde se repiten o cambian el orden de las palabras “empleo”, “emprendedores”, “emprendedurismo”, “mejores empresas”: “Visión: La Secretaría de Economía será la dependencia del Gobierno Federal que promueva la generación de empleos de calidad y el crecimiento económico del país, mediante el impulso e implementación de políticas públicas que detonen la competitividad y las inversiones productivas”. Y en Misión se lee: “Ser una institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, más y mejores empresas, y más y mejores emprendedores”. En torno a la Secretaría de Desarrollo Social, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece: “Fortalecerá sus acciones a favor del capital social y deberá enfocar el combate de la pobreza y desigualdad, en las comunidades con mayor incidencia delictiva y entre los grupos más vulnerables”. Mientras tanto la Visión en la página oficial (http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1867/1/images/CodigoConducta_2010rr.pdf) establece lo mismo, donde antes se incluía el término “pobreza extrema”: “Hacia el 2030 aspiramos a ver un país donde los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos sociales y la pobreza extrema se haya erradicado”. Y en la Misión: “Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad”. Asimismo, la Secretaría de Gobernación “vigilará la correcta instrumentación del Programa; articulará las acciones preventivas al interior de la Comisión Intersecretarial y promoverá la participación ciudadana, así como una cultura social de legalidad y tolerancia”. Aunque ya en la visión (http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Vision_SNM)  estaba plasmado el carácter “vigilante”, de “manejo” y “promotor” de las áreas de la administración gubernamental: “Ser una instancia que maneja y promueve permanentemente un esquema de comunicación abierto, transparente, claro, oportuno y veraz sobre el quehacer gubernamental en todas las áreas de la Administración Pública Federal en beneficio de la sociedad nacional”. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social hace referencia al empleo formal: “Ampliará las oportunidades de capacitación y vinculación laboral, así como el empleo formal”; pero ya en la misión según su página de internet (http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/MYV.html) se establecía hace años lo mismo: “Fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones, a través de una economía cada vez más competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal”. En el afamado Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene por objetivo la “seguridad en carreteras”: “Tendrá bajo su responsabilidad, establecer la infraestructura física y tecnológica, para incrementar la seguridad en carreteras y autopistas del país, así como ofrecer oportunidades de empleo temporal en zonas de alta vulnerabilidad social o afectada por desastres naturales”. Pero la “seguridad en carreteras” ya se había advertido en la “Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008” contenida en la página oficial (http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/EspecificacionesVeniculos/NOM-012.pdf): “…. se requieren medidas adicionales que contribuyan a incrementar la seguridad en el tránsito de personas y mercancías”. El mismo documento de 2008 establece: “En el pasado las prioridades presupuestales estuvieron dirigidas a privilegiar la construcción de nueva infraestructura más que a mejorar la existente”. Y así sucesivamente en todas las secretarías, los redactores del “staff de Presidencia” del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para evitar el copy-paste, solo parafrasearon, alteraron el orden de algunas palabras, cambiaron “pobreza extrema” por “pobreza”, pero la redacción es casi idéntica. “Hay zonas del país donde el estado es inexistente”: Federico Campbell A propósito de la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y de cómo algunas comunidades han decidido tomar las riendas de la seguridad, el escritor Federico Campbell explica a ZETA: “Estamos ante un estado muerto”, dice el crítico del Estado, periodista, narrador, ensayista, traductor y autor de obras como “La Memoria de Sciascia” (Fondo de Cultura Económica, 1989); “La Invención del Poder” (Aguilar, 1994) y “Máscara Negra” (Joaquín Mortiz, 1995). Federico así arma un análisis integral, tomando en cuenta las comunidades atrincheradas no solo de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, entre otras entidades: “Yo he estado escribiendo sobre el desvanecimiento del Estado en nuestro tiempo, y una de las características del actual estado mexicano es su fragmentación, porque ya hay zonas del territorio nacional en las que el Estado no ejerce, o sea, hay estado pero no está; también hay organizaciones de facto, grupos que cobran impuestos como extorsión, por el derecho de piso, y ésa es otra de las funciones del Estado que han sido usurpadas por ciertos grupos de la delincuencia organizada. Entonces, hay zonas del país donde el Estado es inexistente. “El Estado es la Ley, es la Constitución, pero no solo una Constitución de papel, sino es la Ley que se cumple, entonces estamos ante un Estado muerto, un Estado sin vida, un Estado inexistente. “Los componentes del Estado son la población, los ciudadanos, el gobierno y un estatuto jurídico, una Constitución, el Estado es la Ley; y en los últimos años no solo en México sino en el mundo entero ha venido a menos la presencia del Estado porque la criminalidad internacional o trasnacional ha venido a competir mucho con los Estados-nación. Hay organizaciones criminales que son más fuertes desde el punto de vista financiero, y desde el punto de vista de capacidad de fuego, mucho más fuerte que muchos países. Y resulta que en nuestro tiempo el Estado-nación no tiene jurisdicción para perseguir a muchas organizaciones criminales que estacan a su jurisdicción, entonces la criminalidad internacional se aprovecha de ese estado que se desvanece. “Por otra parte, existe una especie de criminalidad financiera a través de los bancos que bancan dinero de la economía criminal y eso pues es algo que se está padeciendo no solo en México sino a nivel internacional. En México tenemos el caso del Banco HSBC que lavó más de 7 mil millones de dólares durante el régimen de Felipe Calderón y eso es brutalmente grave porque el Estado mexicano solamente pudo multar al banco HSBC con 30 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos el Congreso multó a este banco con mil 700 millones; entonces el Estado mexicano es muy tímido y no se atreve a meterse con la banca internacional, mucho menos cancelarse su licencia para operar en México. “Entonces, esto de los grupos de autodefensa en el Estado de Guerrero, Michoacán, no es más que un indicio más de que el Estado mexicano está muy fragmentado, de que no alcanza a proteger a los ciudadanos y de que ya hay zonas del país donde el Estado mexicano no controla y esa es una situación muy grave, muy preocupante, y podríamos hablar de que existe otro estado ilegal, aunque parezca una contradicción en los términos; el otro estado es ese estado de facto compuesto por las organizaciones criminales que desafían al estado constitucional; y la fuerza legítima del Estado que es el Ejército y la policía no alcanza a abatir a esos grupos. “El hampa organizada que desafía al Estado, no es un movimiento político armado, o sea no es un movimiento de motivación política, es simplemente delincuencial, no aspira a la toma del poder, pero desafía militarmente al Estado, y tiene capacidad para desafiarlo, ése es un problema gravísimo. “Si ‘El Chapo’ Guzmán fuera un líder guerrillero ya lo hubieran atrapado, si tuvieran un carácter político estas organizaciones ya hubieran arrasado con ellas”. El análisis de Federico Campbell sobre el Estado mexicano obviamente alcanza también a la pobreza: “Hay preocupación por las zonas de pobreza y sobre todo hay preocupación por las nuevas generaciones de jóvenes que en su mayoría no tienen acceso a las universidades, ni tienen acceso al trabajo y por eso se van de braceros. “Una de las cosas más tristes de nuestro país es la juventud: muchachos de 18, 25 años con una gran energía, una gran fuerza, una gran salud, y no saben qué hacer con sus vidas, porque el país no les da educación ni trabajo. “En México la enorme mayoría de la juventud no tiene acceso a las universidades, las universidades son un privilegio de la clase media, tanto públicas como privadas. “Por ejemplo, en Tepoztlán, en el carnaval, en la plaza había una multitud de jóvenes brincoteando, moviendo banderas que te impresionaba la fuerza así como multitud. ¿Y por qué van a ese festival ya emborracharse? Porque no tienen otra manera de divertirse, no tienen para pagar un cine, no tienen para pagar un restaurante, no tienen dónde divertirse y entonces esa enorme fuerza juvenil es uno de los desperdicios más tristes de México porque se van al extranjero, ésa es una de las fallas del sistema político mexicano, ésas son las consecuencias del mal gobierno. Luego de su análisis sobre el estado mexicano, Federico Campbell asegura que el gobierno de Enrique Peña Nieto no es verosímil: “En términos de difusión mediática el discurso se ve bien, se oye bien, pero no tienen mucha credibilidad, creo que en general la gente no le cree a Enrique Peña Nieto, por lo que significó su campaña, es un Presidente compra votos, es muy triste que un Presidente tenga que comprar votos para que lo elijan, entonces desde ahí viene cierta ilegitimidad, y la falta de credibilidad. “La situación es muy grave, muy preocupante, yo espero que el Estado salga adelante, porque es lo único que tenemos, la Ley”, concluye Campbell.  Más sobre la inseguridad Tres sucesos ocuparon los noticieros a propósito de la inseguridad y crimen organizado en la segunda semana de febrero. Primero, el jueves 7 de febrero por la noche 5 trabajadores de El Siglo de Torreón fueron “levantados” y liberados al siguiente día, sanos y salvos. “Lo ocurrido la noche del jueves resulta alarmante porque abre un nuevo frente en la vulnerabilidad de los medios de comunicación, pues los trabajadores secuestrados no pertenecen al área de redacción. Esto significa que cualquier trabajador de un medio ahora puede ser víctima de una agresión que busque afectar una cobertura periodística mediante la violencia”, expresó en su columna editorial. “Los medios de comunicación hemos quedado atrapados en la ola criminal desatada en La Laguna y el resto del país en los últimos años, a pesar de que sólo somos actores sociales que buscan informar los hechos que han golpeado a nuestras comunidades”, denunció El Siglo de Torreón. Además, también el jueves al filo de la media noche, tres escoltas del Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, fueron asesinados en un ataque llevado a cabo por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de aquel estado. Alicia Vázquez Luna, titular de la SSP de esa entidad, expuso que los escoltas del fiscal dispararon primero: “Hubo una reacción, porque a toda acción corresponde una reacción”, acusó. “La confusión no debió haber existido”, refirió el gobernador Graco Ramírez. Asimismo, como tercer evento que marcó la semana, el sábado 9 de febrero supuestamente fue detenido en Costa Rica, estado de Sinaloa, Jonathan Salas Avilés alias “El Fantasma”, presunto jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán. “No hay esa cantidad de personas aseguradas, es solamente él”, confirmó a los medios el General Melo García, comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa; no obstante, no hubo imágenes del detenido ni de su captura. La oficina militar solo informó que fue trasladado a la ciudad de México donde rinde su declaración ante la SEIDO.