Casas infrahumanas

Política de vivienda de Peña Nieto: más de lo mismo La recientemente anunciada propuesta de vivienda del Presidente Enrique Peña Nieto es más de lo mismo. El gobierno federal seguirá apoyando la creación de unidades económicas distribuidas en un asfixiante espacio menor a los 40 metros cuadrados, mismas que provocan hacinamiento entre las familias mexicanas. El programa de vivienda 2013 en nada se diferencia de lo que hicieron Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada, quienes impulsaron la edificación de casas para personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, sin planeación, carentes de servicios públicos, alejadas de la mancha urbana. En Baja California, gran parte de estos complejos habitacionales hoy están abandonados, convertidos en basureros o guaridas de malvivientes.  Sin embargo, según el gobierno federal existe un déficit de 9 millones de casas en el país, por lo que el programa buscará reducir el rezago de vivienda construyendo 500 mil unidades, lo que bien podría abonarle al tema de las casas en abandono, de acuerdo con el economista José Luis Contreras Valenzuela. A nivel nacional el INFONAVIT tiene detectadas 93 mil viviendas deshabitadas, de ese total, 18 mil están ubicadas en Baja California. El estudio de Situación Inmobiliaria México. Enero 2013 de BBVA menciona que la vivienda céntrica de bajo costo es difícil de encontrar, falta de trabajo y espacios sin infraestructura son las causas por las cuales los derechohabientes no invierten sus créditos en estos precarios fraccionamientos. Mientras tanto, el Presidente Estatal de la Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI), Roberto de Anda González, expresó que el sector ve con buenos ojos el plan que esperan sea aprobado para que luego se den a conocer las reglas de operación del mismo. El organismo informó que los proyectos de construcción de los agremiados que están en marcha hasta el momento, continuarán su curso. Cabe destacar que según el registro del organismo, entre 2006 y 2011, en el estado se edificaron 212 mil 707 casas; 90 por ciento de ellas fueron de interés social. Nada nuevo En tanto el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana dijo que en el plan no existen variaciones significativas respecto a las propuestas de los dos últimos sexenios. De entrada solo cambiaron el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de la cual es titular Jorge Carlos Ramírez Marín. Además se propone la edificación de vivienda vertical algo que se viene haciendo en Tijuana desde hace ya tiempo. El Presidente del organismo, Roberto Méndez Meza, externó que en el estado se sigue teniendo una vivienda de tamaño pequeño y con calidad cuestionable. “Quisiera que esas personas que desarrollan iniciativas, se pusieran en el lugar del que va a ocupar la vivienda. Este fin de semana hice un recorrido en algunos fraccionamientos donde hay vivienda vacía y son fraccionamientos construidos desde hace 35 años. Algunos todavía no terminan de pagar sus viviendas. Hay un hacinamiento, que no tienes idea. “Estamos de acuerdo que se adecúen las leyes pero somos incongruentes porque no se llevan a cabo. En este programa se promueve que el sector informal adquiera vivienda. No los llevan a la formalidad y luego les da un espacio para vivir lo que genera un problema mayor. Si están en la informalidad dónde lo vas a poder localizar. Es ahí donde está la incongruencia. Dónde están las políticas adecuadas para hacer esto. Estamos haciendo una bola de nieve que va creciendo. Definitivamente nada más le cambiamos de nombre a las dependencias y se sigue haciendo lo mismo”. Por su parte el Presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana, José Luis Araiza Velazco, abundó: “El programa del gobierno federal se ve muy social, muy bueno viendo el aspecto de la vivienda. Aunque en todo México las desarrolladoras han ido ahorcando al comprador con el pretexto de la cuestión financiera y económica. No han sabido desarrollar casas de buen tamaño y de buen precio, argumentando que la tierra es cara”. El arquitecto subrayó que según estimaciones del colegio, de la vivienda sola en la región; el 50 por ciento no la puede pagar la persona mientras el resto no puede vivir en ella, debido a la falta de infraestructura necesaria. Por su parte el economista José Luis Contreras apuntó que el proyecto peñanietista habla de un desarrollo de vivienda sustentable e inteligente, aunque “lo de inteligente lo dudo y lo de sustentable también, debido a la voracidad de los desarrolladores, quienes buscan optimizar recursos cuando llegan a los lugares alejados. Algo que llama la atención es que no se harán viviendas de interés social con menos de dos recámaras y el crecimiento en superficie va a ser mayor, aunque no especifica bien cómo se habrá de hacer. “Hasta ahí son buenos estos esfuerzos, pero siguen siendo insuficientes para el rezago de vivienda en el país. Si bien a nivel nacional la oferta de vivienda ha crecido en más del 15 por ciento, se requieren 9 millones de viviendas más, lo que significa que hay 35 millones de personas sin hogar. Lo que es grave. En el discurso se oye bien pero la realidad es otra”, finalizó. Mientras tanto, desde el punto de vista del ex presidente el Colegio de Economistas, Rubén Roa, la propuesta paulatinamente reorientará la generación de vivienda nueva hacía los centros de población en zonas intraurbanas. Pero, al mismo tiempo, las empresas también tendrán que cambiar los productos que están ofreciendo, pues “es imposible estar sosteniendo estas tasas de crecimiento de construcción en las periferias sin una demanda adecuada y con la infraestructura suficiente o conforme a lo que está pidiendo el mercado”.  Lo que quiere Peña Nieto Asimismo, a través de su Política de Vivienda, el gobierno federal busca proveer a la población rural casas que cuenten con acceso vial, electricidad, agua y que tengan pisos. Para ello remodelarán más de 90 mil viviendas rurales. La instancia reguladora de la política de vivienda nacional será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que además presidirá una Comisión Intersecretarial en la Materia. Organismos como la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, Corett, la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi; y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAHAPO, serán coordinados por la Secretaría, ente que suscribirá convenio con el INFONAVIT para generar el apoyo necesario para el financiamiento de créditos a los trabajadores. El documento establece que los créditos y subsidios del gobierno de la república serán reorientados al apoyo del crecimiento urbano ordenado. Otro punto establece que buscará reducir el rezago de vivienda. Impulsando más de un millón de acciones, construcción, lotificación, ampliación y mejora de hogares (en campo como en las ciudades). De dicho millón de acciones, la mitad serán destinadas a casa nuevas. Otra acción considerada es procurar la generación de vivienda digna para los mexicanos (cosa que se antoja imposible con espacios de menores a 40 metros cuadrados para familias de 4 ciudadanos), a través de 320 mil acciones de mejoramiento. El Gobierno Federal estima que en el período 2013-2017, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), estaría otorgando 2.37 millones de créditos, lo que representa una inversión aproximada a los mil millones de pesos. 71 por ciento provendrá del instituto y 29 por ciento del sector financiero vía programas de cofinanciamiento. Esperan reglamentación En torno al plan del gobierno federal, el Presidente Estatal de CANADEVI, Roberto de Anda González, externó: “La SEDATU, nueva secretaría, absorbe lo que tiene que ver con el desarrollo territorial y el desarrollo de vivienda, para hacer puntos interurbanos y usar el suelo urbano y que no siga el crecimiento de las ciudades de manera desordenada. Y estará enfocado a la verticalización, van a hacer que se cambie la dirección en un periodo de dos años. Lo vemos bien. “En su momento tendrán que venir las reglas de operación apoyadas en algún tipo de incentivo, sobre todo para el costo de la tierra del suelo urbano. Hay una buena noticia que vemos nosotros, y es que va encaminada a la informalidad. El gobierno federal ve que la economía formal ya está cumpliendo su objetivo con la economía formal y se va con la economía informal”. —Comparando con Vicente Fox y Felipe Calderón ¿qué diferencia hay en la propuesta de Peña Nieto?, preguntó ZETA. “Los tres son momentos macro financieros diferentes. Fox hizo muy buen trabajo en el tema la construcción; Calderón, le toca la crisis del 2008 y a Peña Nieto le toca el momento de la recuperación. Vamos a empezar a ver el crecimiento. En Baja California esperamos un crecimiento del 18 por ciento con relación al año pasado. El presidente anunció que el sector tendrá que hacer ajustes estructurales, y mencionó que habrá un periodo de transición de 24 meses para ello, tenemos  que ver las reglas para ver si habrá cambios o no por parte de las empresas constructoras”. PRD busca prestaciones para informalidad El Partido de la Revolución Democrática tiene la intención de que el sector informal (13.5 millones de mexicanos) adquieran un espacio habitacional. El 9 de enero de 2013 el grupo parlamentario del PRD presentó a la comisión permanente la iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que buscan que los beneficios de dichos organismos se extiendan a los millones de mexicanos que están en la informalidad. El Artículo 13 del documento establece que los trabajadores irregulares podrían entrar al INFONAVIT a través de un pago de la aportación del 5 por ciento, pero cuando preste sus servicios a un patrón será éste quien lo cubra. Podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: Los trabajadores domésticos y los trabajadores informales que presten sus servicios de manera independiente. El trabajador informal tendrá derecho a solicitar su afiliación, “debiendo el Instituto aceptar como cierta la palabra del trabajador sobre su calidad de informal; pudiendo hacer las inspecciones necesarias para verificar su calidad. Por tanto no se podrá exigir a estos trabajadores el registro fiscal u otros requisitos adicionales para su inscripción”. Respecto al tema, el Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Javier Salinas Narváez cree que la seguridad social universal debe ser posible en México, por lo que es necesario reformar la Constitución. “Hemos presentado en el pleno esta propuesta y está en análisis. Creemos que es importante si se da la seguridad social y el acceso a INFONAVIT. Puede haber aportaciones voluntarias para que el sector informal cotice. “El tema del sector informal es relativo. Es importante que los trabajadores pasen a la formalidad y para eso hay que incentivarlos, incluso el seguro de desempleo que estamos dictaminando serviría para atraerlos. En realidad son pequeños contribuyentes, no es tan alto lo que podrían contribuir, la propuesta sirve para regularizarlos y que ellos aporten a la seguridad social. No obstante que la propuesta que traemos es que la seguridad social debe ser universal para los mexicanos. Hay que apoyarlo”, acotó. De acuerdo a la Encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de octubre a noviembre de 2012, más de medio millón de personas (647 mil 840) en Baja California estuvieron ocupadas en la informalidad. La cifra que representa una Tasa de Informalidad Laboral de 45.8 por ciento respecto al total de la población ocupada, mientras que el número de desocupados se coloca en 87 mil 584 personas (5.8 de la Población Económicamente Activa).