Gobierno de Bustamante tendrá que pagar 14.5 millones de pesos en indemnizaciones En los juicios laborales interpuestos por trabajadores en contra del Ayuntamiento de Tijuana, las irregularidades inician desde el momento mismo del despido, generados en su mayoría al arribo del gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, en diciembre de 2010. Sin un documento de por medio, los empleados fueron suspendidos de palabra, arbitraria acción a la que, una vez iniciadas las demandas, se ha sumado un manejo negligente y burdo por parte del área jurídica del gobierno local, derivando que la condena del Tribunal de Arbitraje le sea desfavorable al empleado. En al menos 11 casos documentados por ZETA, la sentencia ha sido incumplida, incrementando así la indemnización que habrá de erogarse de las arcas municipales, la cual ya suma un monto ascendente a 14 millones de pesos, más lo que se acumule por salarios caídos. Pero esto parece no importar a la Dirección Jurídica del XX Ayuntamiento de Tijuana que dirige Roberto Ordorica Ruiz, cuya área laboral, a cargo de José Antonio Tinajero Ramírez, no se acredita como representante legal dejando perder juicios, u ofrece testigos falsos, o intenta ampararse en contra de los adversos resolutivos fuera de los términos legales, o simplemente no acude a las comparecencias; omisiones documentadas en cada expediente. Así es como el gobierno ha dejado perder al menos 11 laudos laborales, otros más siguen el mismo camino de omisiones y sus sentencias están próximas a dictarse. Total, quienes terminarán pagando esas condenas serán los tijuanenses. Las demandas A finales de 2010, el trabajador Mario demandó al Ayuntamiento de Tijuana el pago de horas extra que no le fueron cubiertas, la representación del gobierno negó que el hombre haya laborado fuera de su horario reglamentario, pero presentó como defensa talones de pago en los que constaba que sí le había pagado tiempo extra por laboral de las 17:00 a las 20:00 horas; además puso como testigos a trabajadores de confianza que laboraban en áreas completamente ajenas a la de Mario, por lo que su versión no fue tomada en cuenta. Para colmo, al representante legal del municipio se le olvidó comparecer, por lo que el Tribunal de Arbitraje resolvió a favor del demandante a principios de enero de 2013, a quien se le deberá pagar compensación de 487 mil pesos. El torpe tratamiento de la defensa oficial hace que el caso de Mario sea emblemático. Primero el área laboral intentó promover un incidente de nulidad cuando aún no había sido notificada como parte demandada, una vez requerida presenta un incidente de nulidad de la notificación, el cual no procede, pues solamente puede ser válido si el aviso está mal elaborado, que no era el caso. Una vez asentada la demanda, intentan recorrer el acto ocho días después del requerimiento, cuando tienen un plazo de tres días para hacerlo, expone Eduardo Emar Pérez Castro, representante legal de los casos aquí expuestos. Ante ese fracaso el municipio decide recurrir al amparo, el cual les es negado pero ni se enteran y, confiados de obtenerlo, no se presentan a comparecer en la demanda que siguió su curso, por lo que se les sentencia en contra, y ahora están obligados a pagar casi medio millón de pesos. En 2010, Ángeles demandó al Ayuntamiento de Tijuana por el pago de diversas prestaciones laborales bajo el expediente 1504/2010. El 16 de marzo de 2012 se ordena al municipio pagarle 350 mil pesos. También en 2010, los de nombre Roberto, Cristian, Iván y Jesús demandaron al Ayuntamiento de Tijuana dentro del expediente 1433/2010, resuelto el 23 de marzo de 2012, ordenándose al municipio reinstalarlos e indemnizarlos, a lo que ha incumplido. Actualmente la suma que se les adeuda, tomando en cuenta ese concepto, es aproximada a un millón 455 mil pesos. 
Alisandra es otro caso más en el que se da cuenta de la desidia con la que son tratados los asuntos legales en el XX Ayuntamiento de Tijuana. Su expediente quedó asentado con el número 1408/2010, y la condena en contra del gobierno local se dio el 17 de agosto de 2012, indicándose la reinstalación laboral de la ofendida y el pago de una compensación económica de 287 mil 800 pesos. Actualmente la trabajadora y el Ayuntamiento promueven amparos, la primera porque no ha sido reinstalada, y el segundo para no cubrir la condena, pero no ha dado seguimiento al amparo que promovió, cuyo fallo se dictará en menos de tres meses. Asimismo, tres trabajadores demandaron luego de ser despedidos sin seguir el procedimiento administrativo adecuado a finales de 2010. Su caso, documentado en el expediente 1435, se resolvió a su favor el 7 de septiembre de 2012, ordenándose al gobierno local reincorporarlos en sus puestos, lo cual se ha incumplido. Así, por cada día de retraso, la administración deberá pagara a Alejandro, Francisco y César la suma conjunta de mil 387 pesos diarios, hasta que se dé seguimiento a la ordenanza legal. La indemnización a pagar ya supera el millón y medio de pesos. Jenny, Martha, Alfredo y Giovanna forman otro grupo de trabajadores que requirieron la reinstalación y basificación de sus cargos, a través de la demanda 1409/2010. Ganaron la base y aun así el municipio los despide, alegando que son empleados de confianza. Finalmente, el laudo se resolvió el 30 de noviembre de 2012, condenando al municipio a reinstalarlos, asignarles la base y pagarles las prestaciones exigidas, resolución que también ha sido ignorada. Esta negligencia a la fecha suma una deuda por cubrir de casi un millón 700 mil pesos. Daniel presentó la demanda 1410/2010 al ser despedido al inicio de la actual administración, el municipio fue condenado a su reinstalación el 14 de septiembre de 2012. En este caso, el municipio no promovió amparo para no pagar, y aunque no ha cubierto los 469 mil pesos de indemnización, el trabajador tiene dos años para poder requerir el cumplimiento del laudo “que ya no tiene vuelta atrás”, subraya el licenciado Eduardo Pérez. También podrá cobrar los salarios caídos que se acumulen hasta que el dictamen sea cumplido. Y si el gobierno en turno ha sido omiso en responder las demandas en contra surgidas dentro de su periodo administrativo, más lo ha sido dar seguimiento a querellas presentadas en administraciones que le antecedieron. Muestra de ello es la demanda laboral presentada por Miguel en 2008, su caso se documentó en el expediente 299/2008. Al gobierno de Bustamante le tocó darle seguimiento y el 27 de enero de 2012 resultó condenado a pagar la cantidad de 2 millones 339 mil pesos. En febrero de ese mismo año tramitó un amparo para no pagar dicha cantidad, pero al requerimiento no le dieron trámite, razón por la que, finalmente, perdieron el caso. Ahora no solo tendrán que cubrir la cantidad ordenada por el juez, también deberán pagar los salarios caídos, deuda que ya oscila en los 3 millones de pesos. En 2008, Karla también requirió legalmente el pago de diversas prestaciones laborales, así quedó asentado en el expediente 996/2008. Para “permitirle” continuar en su empleo, el titular del área laboral del XX Ayuntamiento, José Antonio Tinajero Ramírez, le ordenó firmar un documento, desistiéndose de la demanda laboral. El jurídico no asentó absurdo e ilegal acuerdo en el proceso abierto en su contra, al que además no atendió, por lo que el Tribunal de Arbitraje determinó pagarle 2 millones de pesos. La defensa municipal se inconformó por la condena emitida el 13 de abril de 2012 y requirió un amparo federal, pero ante la inminente posibilidad de que le sea negada la protección solicitada, Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana quiso “negociar” de nuevo con la ofendida, ofreciendo pagarle solo 360 mil pesos. A la fecha la demandante no ha aceptado, pese a la constante presión del departamento jurídico para que desista del laudo, bajo amenaza de que si no lo hace, tendrá que renunciar a su cargo. Carlos también abrió el expediente 214/2008 en contra del Ayuntamiento, su caso se resolvió el 11 de mayo de 2012. La indemnización se tasó en un millón 751 mil pesos. El gobierno pidió la suspensión provisional al momento que solicitó un amparo. Sí se le concedió la suspensión en cuanto al pago, pero se le ordenó reinstalar al trabajador en su empleo, a lo cual se negó. Por esa negativa tendrá que pagar la indemnización que se le estableció en primera instancia, además de cubrir salarios caídos acumulados a partir de la fecha en que debió reincorporarlo a trabajar. Vicente también demandó en 2008 y el fallo le fue favorable el 17 de agosto de 2012, para ser indemnizado por millón y medio de pesos. Del área jurídica municipal, lo presionan para que se desista de la demanda, al tiempo que promueven un amparo cuyo expediente no han remitido al Tribunal Colegiado, caso que está sin seguimiento desde agosto de 2012. Arbitraria defensa Sin acatar la orden colegiada del Tribunal de Arbitraje, la defensa jurídica del XX Ayuntamiento no solo se ampara para no cumplir con las sentencias dictadas en su contra, sino que en los casos ya perdidos, todavía se da el “lujo” de advertir a los trabajadores a los que se le ordenó reincorporar en sus plazas, que solo podrán volver a laborar siempre y cuando desistan del cobro de la indemnización. “Con amenazas y condicionamientos pretende ganar lo que perdió en los tribunales por su negligencia y omisión en el seguimiento de los casos”, dilucidó el abogado defensor de los demandantes, Eduardo Pérez Castro. 
El área laboral del municipio pretendió un juicio de garantías, en contra de actos del Tribunal de Arbitraje bajacaliforniano que le han sido desfavorables, así se documentó en el expediente número 331/2012, del Quinto Tribunal Federal de Circuito. La suspensión provisional solicitada le fue negada. La síndico Yolanda Enríquez de la Fuente, encargada de sancionar las omisiones de los servidores públicos municipales, dijo tener conocimiento de los casos expuestos a ZETA, de los que se limitó a preguntarle al director jurídico, Roberto Ordorica, sobre las demandas, indicándole el funcionario que ningún caso está concluido, versión que la funcionaria dio como cierta y ya no hurgó más. La impericia legal de la defensa municipal es evidente, al grado que ha obligado al gobierno de Carlos Bustamante presupuestar para 2013 un promedio de 20 millones de pesos para el pago de demandas laborales. Y aunque para el secretario de Administración y Finanzas, Rufo Ibarra Batista, los litigios se siguen documentando a “un ritmo normal”, aunque “llegamos a un punto que el juez ordena pagar y no tenemos más que cumplir”, situación que, admite, encarece la planeación presupuestal. El funcionario sostuvo que sí se ha ido pagando todo lo que les han sentenciado, “no hemos dejado ninguna sentencia judicial pendiente con pago de liquidación”, dijo, pasando por alto las once sentencias incumplidas falladas por el Tribunal de Arbitraje de Baja California.
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