Sin contrato de por medio –y por tanto ilegalmente– CEMEX realizó en Tijuana obras por 130 millones de pesos –según versión de la empresa– y después trató de cobrar al ayuntamiento. Ante la ausencia de documentación que acreditara la solicitud de tales trabajos, la administración municipal encabezada por Carlos Bustamante se negó a pagar desde 2010. Dos años después, resulta que accedieron entregarle a la empresa cementera 62 millones de pesos. El tema es que no existe argumento válido, legal y sólido que puedan invocar para sacar del erario semejante cantidad de recursos y pagar por obras que no se peticionaron oficialmente, y a estas alturas ni siquiera se sabe si se realizaron. Caso similar es el de los 150 millones de pesos que el alcalde tijuanense se comprometió y empezó a pagarle a la empresa Global Corporation, por concepto de multas electrónicas –que jamás se cobraron– para evitar una inexistente e irrealizable demanda millonaria de parte del turbio corporativo, concesionario también de las cámaras de vigilancia. Un juez condenó al ayuntamiento de Tijuana a pagar a Global el 65 por ciento de las multas cobradas, recurso que se depositó en su momento ante juzgado, pero hoy los administradores del XX ayuntamiento decidieron regalar a la empresa 150 millones de pesos procedentes de los impuestos de los tijuanenses, que ningún juez le ordenó pagar, simplemente porque es dinero que jamás ingresó ni ingresará a las arcas municipales, porque no se cobró, como ordena la Ley. El dispendio irresponsable del dinero del pueblo continúa y se amplía con las más de 63 mil luminarias contratadas con Sola Basic, empresa que incumplió con los tiempos de instalación, y un 15 por ciento de las lámparas que colocaron no funcionaron, sin embargo a la empresa se le pagó, no se le ha demandando, y el costo de las reparaciones –no han querido hacer público de cuánto dinero se trata– está saliendo del gasto corriente de las delegaciones. En el colmo de la ineficiencia, el ayuntamiento de Carlos Bustamante ya anunció que tiene presupuestados 20 millones de pesos para pagar las demandas laborales por prestaciones, horas extras y salarios caídos, que perderá este año frente a ex trabajadores. Solo en los cuatro casos mencionados, se están malgastando más de 230 millones de pesos que podrían aplicarse en actividades productivas en zonas vulnerables, si las autoridades municipales fueran eficaces, respetaran las leyes y defendieran los recursos del erario aportados por la ciudadanía, por encima de los intereses económicos de sus proveedores y empleados. Pero resuelven no hacerlo. Con actos oscuros contrarios a la ley y a sus obligaciones, abusivos, el alcalde Carlos Bustamante Anchondo y sus funcionarios deciden regalar un dinero que no es suyo, en beneficio de empresas millonarias y detrimento de las arcas municipales. No es su dinero pero Bustamante se lo gasta como si lo fuera, es un terrible administrador, pero en el discurso se presenta como si su desempeño fuera el de un brillante economista. El mayor problema es que ante la evidente discapacidad en temas administrativos, el alcalde bajacaliforniano ni siquiera ha tenido la dignidad y delicadeza de rodearse de eficientes contadores y abogados fiscalistas, o laborales. Tanta discapacidad resulta todavía más increíble e inexplicable cuando se considera que además del alcalde como responsable primario de las finanzas, la nómina del ayuntamiento incluye pagos a un secretario de Planeación y Finanzas, al Oficial Mayor, tesorero, recaudador, además de directores de recuperación de créditos, cobranzas, programación, presupuestos, egresos, contabilidad y hasta un coordinador administrativo; todos éstos, jefecitos con un equipo de costosos y aparentemente inútiles empleados. Porque por un lado han demostrado ser ineptos para controlar las erogaciones indebidas; y por otro son incapaces de dar seguimiento a los procedimientos administrativos de ejecución en el cobro de impuestos locales. No se puede dejar pasar que para intentar poner al día los registros tributarios decidieron también contratar y beneficiar a otras dos empresas de la iniciativa privada, a quienes trasmitieron su responsabilidad de cobrar, a cambio de lo cual los particulares se quedarán con el 30 por ciento de lo que logren recaudar. Al final, pareciera que no fueron electos para gobernar y administrar, sino para concesionar el gobierno. Entregar sus responsabilidades y el dinero de la ciudadanía a la iniciativa privada. Y aunque existen leyes estatales y reglamentos municipales donde se especifican responsabilidades precisas como “cuidar la puntualidad de los cobros”, “verificar la recaudación de contribuciones” y “formular estudios y proyectos de programas y proyectos que promuevan la eficiencia en el manejo, los recursos…” el gobierno del señor Bustamante ha decidido simplemente ignorarlos, disfrutando de la protección que le brinda una sindicatura que en lugar de celoso vigilante funciona como impune comparsa.
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