Entre 2008 y 2011, una de las preguntas constantes en las reuniones de periodistas a las que asistió ZETA dentro y fuera del país fue: ¿Por qué en Baja California piden a los soldados? ¿Por qué no les tienen miedo? Cuestionamientos aderezados de historias terroríficas donde invariablemente los villanos vestían el uniforme militar, y empuñaban armas para abusar y profanar con su poder y fuerza. Aunque no exentos de quejas por abusos a los Derechos Humanos, algunas totalmente válidas, otras como meros recursos de criminales para continuar impunes sus actividades delictivas, los uniformados comisionados al territorio bajacaliforniano sí se comportaban diferente a los monstruos abusivos descritos en otras zonas del país. A finales de 2006, bajo el mando del aguerrido y controvertido General Sergio Aponte Polito, se ganaron la confianza ciudadana con su programa “Nosotros Sí Vamos”, creado para atender todas las denuncias que eran ignoradas por el resto de las autoridades. El Ejército se convirtió, entonces, en persecutor de los malos elementos policíacos, y vocero del sentir ciudadano al exponer públicamente y sin empacho a los malos funcionarios, corruptos y deficientes. El General Alfonso Duarte Mújica llegó en 2008 a colaborar con Aponte, y compartió su visión de participación con la sociedad cuando este último dejó la región tras un explosivo festejo -junio 2008-, pero más solemne, decidió darle seriedad al trabajo de depuración policíaca, operativo que a la larga resultó un tanto fallido por la deficiente labor investigadora de las procuradurías, pero que sirvió para iniciar el proceso de la pretendida coordinación que finalmente se concretó. Con sus altos y bajos, gracias a la participación ciudadana, la disposición y carácter del gobernador José Guadalupe Osuna y el General Duarte, el proyecto Baja California se convirtió en el único modelo de trabajo interinstitucional conjunto con éxito en el sexenio pasado. Si bien, en cuanto a homicidios y secuestros se registraron disminuciones y el número de capturas creció, y las listas incluyeron líderes criminales como Eduardo y Javier Arellano Félix. Aunque la mayoría de los encarcelamientos fueran de la célula disidente del Cártel Arellano Félix (CAF), identificados como “Los Teos”, el hecho fue que éste era el grupo más violento y las detenciones generaron un poco de paz social. Los comandos de asesinos regresaron a la clandestinidad, dejaron de circular impunemente por las calles, se redujeron los secuestros y se incrementó la participación ciudadana. Así las fuerzas castrenses comandadas por los generales Alfonso Duarte y Gilberto Landeros se convirtieron -con todo y detractores- en la entidad gubernamental que generó confianza entre un alto porcentaje de la sociedad, secuestrada en medio de una lucha entre narcotraficantes, obligados a sacrificar un poco de libertad a cambio de liberarse del miedo. ¿Sus soldados se equivocaban y se dieron cateos indiscriminados? Sí. ¿Algunos tenían malas costumbres y se llevaban botines de guerra? También. Pero la mayoría se dedicó hacer su trabajo, proteger a los bajacalifornianos, algo que antes de 2008 estaban lejos de hacer las corporaciones locales, que también han entrado en un proceso muy, muy lento de concientización. Han sido alrededor de cuatro años de trabajo conjunto en que la desesperación y desesperanza de los habitantes de los municipios bajacalifornianos encontró eco en los mandos militares que esta semana abandonan la región, mayormente entre agradecimientos sinceros de sus habitantes, quienes permanecen esperanzados en que los recién llegados generales Gilberto Hernández Andreu y Gabriel García Rincón, estén a la altura de la sociedad participativa que reciben de sus antecesores. Que continúen concretando aprehensiones de delincuentes sin importar peligrosidad, dinero, influencias o partidos, que impidan la llegada de más grupos criminales y eviten el regreso de la delincuencia pública e impune a las calles del estado.
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