Denuncian irregularidades en San Agustín

Vecinos del fraccionamiento San Agustín, ubicado sobre la carretera libre a Rosarito,  al sur de la ciudad, denunciaron a ZETA el desorden en la construcción del residencial edificado por la desarrolladora Lindamar. Pese a que lleva diez años en cimentación, el complejo no ha sido entregado al Ayuntamiento, por lo que carecen de servicios públicos como recolección de basura, seguridad, alumbrado y pavimentación. “El fraccionamiento ya lleva muchos años en construcción, con las incomodidades que para los vecinos esto conlleva, como maquinaria pesada en constante tráfico, inseguridad por personal de construcción en permanentes labores, no se tienen servicios públicos, pero el Impuesto Predial sí se tiene que pagar. De igual manera las vialidades están decayendo sin que alguien se responsabilice de su mantenimiento. La autoridad no las reparara por no haber sido entregadas, y el fraccionador dice no tener dinero”, relató Netzahualcoyotlzin Gámez Sánchez, residente de la zona. San Agustín es un complejo residencial compuesto de aproximadamente 300 viviendas de clase media alta, y entre los beneficios de adquirir un patrimonio ahí, sobresale la seguridad, bienestar y plusvalía; nada de lo que en verdad se ofrece, según manifiestan los residentes, quienes no cuentan con suficiente presión de agua. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) brinda el servicio a medias, pero a su vez dice no ser responsable del servicio. “Lo que me consta es que la inmobiliaria Lindamar no ha cumplido con la instalación de un sistema hidroneumático, además de que es obligatorio, para que el desarrollo pueda ser entregado a esta dependencia. Mientras tanto, todos los vecinos tienen que hacer funcionar de manera permanente sus bombas particulares para el uso del líquido vital, y consecuentemente pagar altos recibos de luz”, expuso el quejoso. Otro de los residentes señaló que han acudido en varias ocasiones a la paraestatal para exponer que la presión de agua en las “residencias” es mínima, y según la CESPT, “de acuerdo al manual de normas técnicas para elaboración de proyectos de agua potable, en su inciso 7.2.1, en el párrafo de Presiones se señala textualmente lo siguiente: ‘Las presiones disponibles deberán calcularse en relación al nivel de la calle en cada crucero de la tubería principal o de circuito, admitiéndose como mínima 15 metros de columna de agua (1.5 kg/cm²) y como máxima 50 metros de columna de agua (5.0 kg/cm²)’. Esto no se cumple, lo cual genera el alto costo en consumo eléctrico de cada vecino, multiplicado por las aproximadamente 300 casas… es mucho dinero, ¿qué hay de por medio?”. Pese a que el fraccionamiento no se ha entregado al Ayuntamiento, le siguen autorizando permisos de construcción para continuar ampliándose; 45 residencias más están proyectadas. “En los últimos meses se ha reducido el tamaño de las viviendas que se construyen, los vecinos que originalmente compraron casa han visto caer la plusvalía  por tales motivos, sin que la autoridad correspondiente detenga este perjuicio. Las privadas nuevas no tienen cajones de estacionamiento para visitas, y algunas viviendas están colindando con una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, poniendo en riesgo a los habitantes”, señaló otro de los vecinos. A manera de protesta ante los incumplimientos y abusos del fraccionador, los inconformes crearon una página de internet, www.irregularidadesdesanagustin.com.mx Mientras Marcos García, director de Ventas de Lindamar, refirió que el fraccionamiento no ha sido entregado al Ayuntamiento simplemente “porque seguimos construyendo, tenemos más de una hectárea de tierra para construir, además contamos con todos los permisos y autorizaciones en regla”. Aclaró que Lindamar no es una “empresa chueca”, pues tienen dos desarrollos -en Real del Mar y Bulevar 2000-, en vísperas de construcción con la reglamentación en forma. Sobre las viviendas más económicas que se están ofertando en San Agustín, el director de Ventas señaló que la situación económica en el país los ha orillado a incrementar los modelos de viviendas con casas más chicas, entre 80 y 118 metros cuadrados. “Hoy en día la gente no puede pagar una casa de 136 metros cuadrados, para qué quiero hacer casas más grandes si no se me van a vender, y pues como ahí está la tierra, tenemos que construir. Eso no quiere decir que la calidad en la vivienda esté desmeritándose, son casas de un millón de pesos, de un ingreso familiar de 28 mil pesos, y no cualquiera puede comprar una casa así”, afirmó García. El arquitecto David Navarro, secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tijuana, confirmó a ZETA que el residencial San Agustín no ha sido recibido por el gobierno municipal porque trae deficiencias en pavimento, alumbrado público, áreas verdes y nomenclatura. “Los desarrolladores entran en un circulo vicioso que no pueden entregar (el fraccionamiento) y las consecuencias la pagan los residentes, incluyendo la seguridad, recolección de basura. Para que el Ayuntamiento lo reciba tiene que tener una verificación del 100 por ciento, que evidentemente San Agustín no la está cumpliendo”. A decir de Navarro, desafortunadamente el Ayuntamiento no puede interceder por los residentes al ser un asunto mercantil, pero recomienda a los vecinos acudir a un Juzgado y presentar denuncia tipo mercantil por incumplimiento de contrato: “Nosotros no tenemos injerencia más que hablar con el desarrollador e invitarlo a que atienda las denuncias de los vecinos, pero hasta ahí. Desafortunadamente es una cuestión administrativa y jurídica, sin embargo los vecinos pueden organizarse y levantar la denuncia”. Mientras tanto, los residentes de San Agustín pagan las consecuencias del desorden de vivienda provocado por la constructora Lindamar.