Era 2010. Iniciaba la disminución de la violencia de alto impacto en Tijuana, luego de detenido Teodoro García Simental. El cártel de los hermanos Arellano había quedado solo en el dominio del territorio, y los miembros prófugos de la célula del “Teo” se dedicaban, entre otras cosas, al secuestro, con dos objetivos claros para la policía investigadora local: 1. Hacerse de recursos para reorganizar su estructura criminal. 2. Mantener económicamente a familiares de los detenidos y ex dirigentes de la célula. José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, primo de Raydel López Uriarte “El Muletas”, era quien daba las órdenes. Una de ellas, la dicha a Jesús Antonio Márquez Verdugo, detenido el 11 de septiembre de 2011, quedó inscrita en un expediente en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE). “… me da números de cuenta así como las cantidades (que) en cada número de cuenta tengo que depositar en los bancos, diciéndome ‘El Güero Chompas’ que me vaya al banco Bancomer, así como al HSBC que se ubican en el fraccionamiento Villa Fontana, lugar donde siempre que voy a depositar…”. Una vez en la institución financiera, los sicarios de la célula al servicio del Cártel de Sinaloa sabían con cuál ejecutivo dirigirse. Parte de la instrucción que se les daba, era llegar a determinada hora con personal específico. De los montos de depósito del crimen organizado en esos bancos, “… aproximadamente llevo entre doscientos y trescientos mil pesos, los cuales deposito en diferentes cuentas, mismo que al llegar a ventanilla me piden”. 
Las cantidades depositadas de manera semanal, eran en efectivo, producto del secuestro, la extorsión y la venta de droga al menudo. Entre 300 mil y 500 mil pesos. Sencilla operación de lavado de la célula del Cártel de Sinaloa. En julio de 2008 había entrado en vigor el decreto aprobado en 2007 para cobrar el Impuesto por Depósitos en Efectivo (IDE), a razón del 3 por ciento en montos superiores a 15 mil pesos, que de suyo eran exentos de ese gravamen, lo cual significa que por cada depósito de la célula criminal por 300 mil pesos, el gobierno federal se quedaba con 9 mil pesos por concepto del IDE; y cuando el depósito era de 500 mil pesos, automáticamente se les descontaban 15 mil pesos de la cuenta. Al depositante, en este caso personas del crimen organizado, no se le pide en los bancos información sobre la procedencia del dinero a introducir en las cuentas, únicamente el gobierno toma su parte de forma inmediata. De estos hechos, del depósito en efectivo por parte de criminales al servicio del narcotráfico en bancos de Tijuana, particularmente los señalados HSBC y Bancomer en Villafontana, la Procuraduría tuvo la información en el expediente, de ahí se envío a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) para que abundara en la investigación y deslindara responsabilidades. Sin embargo, a dos años de los hechos, nada ha ocurrido en ese sentido. Al menos la información de operativos en bancos y funcionarios de los mismos, fue negada a ZETA cuando se solicitó, después del escándalo nacional ante los señalamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero en HSBC México. Aun cuando la información proporcionada por los delincuentes detenidos señalaba también a trabajadores de los bancos como cómplices, la impunidad y ausencia de investigación en el caso impide conocer hasta qué nivel del organigrama llega la polución en este estado norteño dentro de las instituciones financieras. Siendo el lavado de dinero un delito federal, el tema de la administración y envío de recursos obtenidos de manera ilícita no es un objetivo dentro de los interrogatorios del Ministerio Público del Fuero Común, y si por alguna extraña razón el delincuente detenido habla al respecto, sus dichos son incluidos en la declaración. Fue así como la Procuraduría estatal supo de la implicación de HSBC y Bancomer en los depósitos del narcotráfico, en mayo de 2010 y en septiembre de 2011. Rescate por secuestros a cuentas bancarias El primer trimestre de 2010, la PGJE detectó un cambio en el perfil de las víctimas de secuestro. Los criminales estaban atacando mujeres entre 50 y 70 años, también a propietarios de carritos de tacos, pequeñas marisquerías, abarrotes o pequeños comercios ubicados en la periferia de la ciudad, entre La Presa y el Pedregal de Santa Julia en Tijuana. También identificaron al líder de la célula responsable: Dariel García Ontiveros “El Abuelo”, sobrino de “El Teo”, capturado la primera semana de enero del mismo año. La historia en expedientes indica que Dariel fue incorporado en la lista de Los Más Buscados de la Procuraduría General de la República (PGR) en junio de 2010, y desde entonces ofrecen hasta 3 millones de pesos por información que lleve a su captura. Como resultado de las indagatorias de aquellos secuestros, el 6 mayo de aquel año fueron detenidos Édgar Giovanni Leyva Camacho y Ramón Alejandro García Méndez; al primero lo sorprendieron cuando recogió el dinero del rescate de un secuestrado, y al segundo, saliendo de un banco al que había acudido a depositar más de 70 mil pesos en cheques a nombre de varias mujeres, esposas, madres y hermanas de “Los Teos”, de apellidos García Simental. Estos hombres estaban integrados a una célula criminal encabezada por Abel Medina Huizar “El Tosquito” (aprehendido el 11 de agosto 2010), y eran dirigidos por José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas” (detenido en diciembre de 2011), quien por ser pariente de Raydel López Uriarte “El Muletas” (capturado en febrero de 2010), tenía la conexión directa con “El Abuelo”. Las declaraciones de García Méndez respecto a los bancos quedaron incluidas en la averiguación previa 32/10/20I/AP, donde se investigó el plagio cometido el 22 de abril de 2010 contra el dueño de una tienda de pinturas a un lado del bar Rancho Viejo, en la colonia Campos en Tijuana. La Procuraduría estatal tuvo acceso y copia de los números de cuentas bancarias y de las instituciones financieras, incluso identificó físicamente y ubicó las direcciones de las dueñas de esas cuentas. Hasta ahí llegó. Judicialmente, en la Procuraduría responsabilizaron a este grupo de delincuentes de por lo menos nueve secuestros cometidos entre abril y agosto de 2010, en los cuales solicitaron rescates por un millón de pesos promedio, obteniendo ganancias entre 100 mil y 500 mil pesos por cada privación. En aquel momento, los funcionarios estatales entrevistados no pudieron estimar las cantidades que estaban lavando “Los Teos”. Los traficantes también estaban dedicados al narcomenudeo y tenían un grupo de matones a sueldo que rentaban a otras células delictivas. 
Pasados casi dos años, al resurgir el tema del lavado de dinero a través de instituciones bancarias, 18 de julio de 2012 se le preguntó a funcionarios de la PGJE cuál había sido el resultado de dicha indagatoria. La respuesta oficial fue que por el delito de secuestro ya tienen delincuentes consignados, pero que continuaba abierta al estar pendiente la aprehensión de algunos cómplices. La autoridad bajacaliforniana hizo lo que procede jurídicamente: entregar una copia de la información contenida en la averiguación previa a la PGR, ante la incompetencia local para la investigación de determinados delitos. En la delegación de la Procuraduría General de la República en Tijuana explicaron que ese expediente corresponde a la SIEDO, por tratarse de delincuencia organizada, así que se lo llevaron a México, desde donde no ha habido mayores indagatorias ni consecuencias judiciales. El expediente simplemente permanece congelado, a pesar que varios de los presuntos responsables implicados, como los hermanos García Simental, López Uriarte y Mendoza Uriarte, están encarcelados y a su disposición para ser declarados. Homicidios y operaciones financieras del narcotráfico Mismo destino tuvieron las averiguaciones previas 185/11/201/AP; 251/11/201/AP; 255/11/201/AP y 282/11/201/AP, que la Procuraduría local envío a la federal por contener información y elementos para iniciar una investigación por lavado de dinero. Tales indagatorias fueron iniciadas por homicidios ocurridos entre septiembre de 2010 y el mismo mes de 2011. Las declaraciones en esos expedientes corresponden a dos hombres detenidos el 8 de septiembre de 2011: Zailar René Vera Castro “El Chico” y Jesús Antonio Márquez Verdugo “El Güerillo” o “El Navo”. Dieciséis meses antes, al ser capturados Ramón Alejandro García Méndez y Giovanni Leyva Camacho, ya le había dicho al Ministerio Público del Fuero Común que el encargado de las finanzas de ese grupo delictivo era “El Güero” o “El Güerillo”. En sus declaraciones ministeriales ante autoridades estatales, “El Güero” fue cuestionado por los asesinatos. Dijo haber servido de intermediario entregando equipos, armas, autos, incluso de chofer. En su intento de exculparse, fue más abierto y habló de sus funciones administrativas: “Mi función dentro de la célula es la de entregar al apodado ‘El Darinel’ la droga que se va a vender diariamente en las diversas tiendas propiedad del ‘Güero Chompas’, y por dicho trabajo me pagan la cantidad de 5 mil pesos semanales, los cuales me entrega el apodado ‘Darinel’”. “El Güero” se refería a expendios de droga que este grupo administraba en las colonias Tres de Octubre, Florido y Los Pinos en Tijuana. Respecto al dinero fue más específico: “Diariamente me entregan por la venta de la droga aproximadamente entre treinta mil y cuarenta mil pesos, dinero que se le hace llegar a mi jefe, ‘El Güero Chompas’, por medio del apodado ‘El Darinel’”. Las autoridades bajacalifornianas no le preguntaron expresamente de los bancos, pero Márquez habló: “Quiero manifestar que para mandar dinero producto de la venta de la droga, la movemos mediante depósitos en banco, donde recibo instrucciones por parte del ‘Güero Chompas’”. Además, que José Luis Mendoza Uriarte era el de los detalles, “… me da números de cuenta, así como las cantidades en cada número de cuenta que tengo que depositar en los bancos, diciéndome ‘El Güero Chompas’ que me vaya al banco Bancomer, así como al HSBC que se ubican en el fraccionamiento Villa Fontana, lugar donde siempre que voy a depositar”. Ya dentro de los bancos no era al azar, también le daban una hora específica y le decían con cual cajero dirigirse. “Aproximadamente llevo entre doscientos y trescientos mil pesos, los cuales los deposito en diferentes cuentas, mismas que al llegar a ventanilla me piden mi credencial de elector, y una vez que la entrego, siempre el cajero habla por teléfono con alguien…”. Detalle no investigado por las autoridades mexicanas: en las transacciones que realizó mínimo durante un año, siempre hubo otro funcionario además del cajero, que autorizó los movimientos bancarios. José Antonio Márquez Verdugo agregó en referencia a las transacciones: “Después, sin pregunta alguna me realizan los depósitos, siendo que me sorprende, ya que es mucho dinero que llevo, ya que siempre es mi temor que la Policía fuera a llegar para cuestionarme los depósitos, pero ‘El Güero Chompas’ me dice que no me preocupe, que únicamente vaya a esas sucursales, por lo que creo que debe haber algún entendimiento ya que todas las veces de los depósitos nunca he sido cuestionado…”. Estas declaraciones no han sido debidamente investigadas, ni en Baja California, ni en la Ciudad de México. EU acusa: lavado de dinero en banco En su Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, consistentemente ha clasificado a México como un país de riesgo “primario” para el lavado de dinero, lo que equivale a su calificación más elevada en este sentido. En 2002, el Departamento de Estado describió así los riesgos del narcotráfico y del lavado de dinero: “México enfrenta una miríada de problemas relacionados con las drogas, que incluyen la producción y el trasiego de narcóticos ilícitos, lavado de dinero, el uso y el tráfico de armas de fuego ilícitas… El largo compromiso del Gobierno de México para combatir el narcotráfico y los crímenes relacionados, resultó en éxitos tangibles contra la Organización de los Arellano Félix (AFO), la Organización de Carrillo Fuentes (CFO) y el Cártel del Golfo, ampliamente considerados los tres principales grupos de narcotraficantes en el país… México sigue siendo uno de los principales proveedores de heroína, metanfetaminas y marihuana, y es el punto de tránsito de más de la mitad de la cocaína que se vende en Estados Unidos. El narcotráfico a escala industrial ha hecho de esta actividad uno de los negocios que más muertes genera en México… En años recientes los lavadólares a nivel internacional se han dirigido cada vez más a México, para primero colocar ahí sus ingresos por la droga y que de ahí pasen al sistema financiero global”. El Departamento de Estado también anotó: “El tráfico de dólares en efectivo de Estados Unidos a México y el movimiento de dinero hacia los Estados Unidos por medio de servicios de mensajería y carros blindados, al igual que a través de transferencias, siguen siendo los métodos favoritos para lavar las ganancias del narcotráfico. Las instituciones financieras de México participan en transacciones de dinero que involucran ingresos del narcotráfico a nivel internacional, que incluyen montos significativos de moneda americana, o moneda derivada de la venta ilegal de drogas en Estados Unidos”. Este tipo de reportes negativos del Departamento hacia México continuaron a lo largo de cuatro años, prácticamente de 2006 a 2010, y según las autoridades estadounidenses, el país azteca sigue siendo una de las jurisdicciones más complejas para el lavado de dinero en Estados Unidos, sobre todo por el tráfico a través de la frontera de dinero en efectivo procedente del narcotráfico. Además, todavía pueden introducirse este tipo de ingresos al sistema financiero, por medio de bancos mexicanos y casas de cambio, o repatriados a través de la frontera sin que se registre al verdadero dueño de los fondos. En 2008, el Departamento de Estado escribió: “Funcionarios estadounidenses calculan que desde el 2003, hasta 22 billones de dólares pudieron haber sido repatriados a México desde Estados Unidos por organizaciones de narcotraficantes”. Cuatro años después, en 2012, el Departamento de Estado anota que los cárteles usan las instituciones financieras mexicanas y norteamericanas para lavar hasta 39 billones de dólares cada año. “Según las autoridades de Estados Unidos, los cárteles de las drogas envían entre 19 y 39 billones anualmente a México desde los Estados Unidos”. Además del Departamento de Estado, otras instancias que han hecho reportes y advertencias similares entre 1996 y 2011 son: El Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interna, el Buró Federal de Investigaciones, la DEA, la Red Anti-Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, el ISR, el CBP y la Guardia Costera. El reporte fue elaborado por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos, adscrito al Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales que preside Carl Levin. El título del documento es Vulnerabilidades para el Lavado de Dinero, el Narcotráfico y Financiamiento al Terrorismo: Historial del Caso HSBC, presentado el 17 de julio. Ex director de HSBC México: ambiente hostil En testimonio presentado por escrito ante el Senado estadounidense, Paul Thurston, quien fuera director de HSBC México por 14 meses, describió un ambiente de desorganización radical a su llegada a esta institución bancaria en febrero de 2007. Explicó que conforme empezó a ordenar al personal, “vi claramente que HBMX no tenía muchas de las capacidades sofisticadas de cumplimiento, operativas y de administración de riesgos que yo conocía a partir de mi trabajo con otras partes del grupo. No había experiencia de fraudes a créditos, el análisis de riesgo crediticio no estaba bien desarrollado, y los modelos y la medición de logros no eran robustos. También fue aparente que los procesos de toma de decisiones respecto a AML (anti-lavado) no eran satisfactorios. “Con el tiempo, también se vio claramente que esto no solo era un asunto de procesos y de tecnología, pero que el modelo de negocios básico necesitaba examinarse. Los gerentes de las sucursales operaban como propietarios de franquicias locales, con una autonomía considerable y un enfoque en el desarrollo comercial, reforzado por un plan de compensaciones con incentivos que recompensaba la apertura de cuentas y su crecimiento, no el control de calidad. “Debo agregar que el ambiente externo en México era el más desafiante de todos los que había experimentado. Los empleados del banco enfrentaban riesgos muy reales de ser blancos de soborno, extorsión y secuestro -de hecho, ocurrieron múltiples secuestros a lo largo de toda mi estancia-, y se requirieron niveles elevados de seguridad para el personal del banco que laboraba en México. A diferencia de los Estados Unidos, México era un entorno de pobreza informativa, lo que dificultada la verificación de la identidad de los clientes”, precisó Thurston. Ponen ojo en sucursales de HSBC en Puebla, Morelos y Juárez En el capítulo dedicado a exponer los problemas de Grupo Financiero HSBC, el reporte recuerda la adquisición del banco de Grupo Financiero Bital en 2002, a raíz de lo cual GF HSBC pasó a ser uno de los conglomerados de servicios financieros más grandes del país. Actualmente HBMX tiene más de mil 100 sucursales, 2 billones de dólares en bienes, y más de 8 millones de clientes. Cuando HSBC compró Bital, el banco tenía 647 millones en depósitos en México, 700 millones en las Islas Caimán, y 143 millones de dólares en Nueva York. Describen cómo HBMX opera una sucursal en las Islas Caimán que no tiene oficinas o empleados, manejada por personal desde la Ciudad de México. Al momento tiene cerca de 50 mil clientes y 2.1 billones de dólares en bienes. HBMX tiene una estrecha relación con HBUS, con lo cual obtiene servicios en dólares, principalmente para procesar transferencias bancarias internacionales y cobrar cheques de viajero. Con la función Captura de Depósitos a Distancia, HBMX logró enviar dinero a HBUS mediante un procesamiento electrónico. Abundan: Por lo regular HBMX traslada dinero a HBUS por avión o en carros blindados. En un periodo de tres meses, de noviembre de 2006 a febrero de 2007, HBMX envío cerca de 742 millones de dólares a HBUS, y en su mejor momento, HBMX exportó 4 billones en efectivo a HBUS en el transcurso de 2008. Antes de las restricciones a los dólares impuestas en enero de 2009, HBMX había enviado más divisa norteamericana que cualquier otro banco mexicano o afiliado de HSBC. En el caso de HBMX, el ojo está puesto en más de 15 sucursales, principalmente localizadas en las ciudades de Puebla, Morelos y Juárez. Todas las oficinas distritales operan “por debajo del estándar” respecto a sus controles de riesgo, y no cumplen con las políticas de grupo establecidas por la propia institución financiera. México: ni investigación, ni deslinde de responsabilidades Mientras el Departamento de los Estados Unidos acusa la sospecha de lavado de dinero y señala las transacciones sospechosas de HSBC en México e Islas Canarias, en la República Mexicana no hay investigación formal sobre la denuncia en el vecino país. HSBC anunció durante la semana que cerraría sucursales de su institución en México que estuvieran ubicadas en zonas de alto riesgo para el blanqueo de dinero, y algunos funcionarios bancarios han sido retirados de sus cargos. Entretanto, el reporte norteamericano revela que con estas transacciones de lavado de dinero los cárteles de la droga mexicanos se hicieron más poderosos en términos económicos, pues lo único que hicieron para legitimar su dinero fue depositarlo. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Guillermo Bazbaz, declaró en la Ciudad de México a la prensa: “Nosotros no consideramos que debería pasar a la PGR (la investigación), a menos que presumiéramos que existió un tipo de cooperación o de asociación entre funcionarios del banco y delincuentes que están lavando dinero, pero no es el caso”. Ello sin considerar los expedientes en Baja California, o incluso la declaración de Paul Thurston, quien refiere a los gerentes de bancos como dueños de franquicias. Diputados federales del PRI, PAN y PRD, se pronunciaron por demandar una investigación sobre el caso HSBC, pero no hablaron de una reforma que controle o certifique los depósitos en efectivo a las instituciones bancarias, situación que es el centro del lavado de dinero a partir de los bancos. Para descargar el reporte completo de los Estados Unidos, acceder a la liga http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/us-vulnerabilities-to-money-laundering-drugs-and-terrorist-financing-hsbc-case-history El quinto delegado de la PGR en Baja California Rafael González Cervantes era subprocurador de justicia del estado en Rosarito. En mayo de 2012, cuando fue requerido en México por funcionarios federales, habían platicado con el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán la posibilidad de analizarlo como propuesta para el puesto del delegado de la PGR en Baja California. Más de cinco visitas a la capital mexicana realizó el abogado durante dos meses y medio, viajes en los que, además de entrevistarse con la Procuradora Marisela Morales, realizó y aprobó los exámenes de confianza. Su nombramiento no se hizo oficial hasta el 12 de julio de 2012, cuando lo mandaron llamar del centro del país para notificarle del cargo en las oficinas centrales de la PGR. Pero le tomaron protesta hasta el lunes 16 de julio en el edificio en Tijuana, de la Procuraduría General de la República. García Cervantes es mexicalense, cumplirá 45 años el mes entrante, es egresado de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. De 1987 a 1995 se desempeñó en diversas áreas de la procuraduría de justicia del estado, como secretario de acuerdos y agente del ministerio público; de 1995 al 2008 laboró en el poder judicial de la federación como actuario en diversos tribunales; y en 2008 regresó al estado como subprocurador asignado a Rosarito, puesto que desempeñó hasta ser requerido hace dos meses por la federación. En mayo de 2009, la subprocuraduría que el presidia fue la primera en Baja California, en judicializar a un integrante del crimen organizado identificado y en libertad. Solicitó una orden de aprehensión en contra de Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil” por el homicidio del jefe policiaco de Rosarito Samuel Martínez Espinosa. Sin embargo, de entrada, el tema de García Cervantes en sus pláticas informales con la prensa,ha sido ajeno a los delitos de los líderes de los cárteles. García sólo ha hecho referencia al narcomenudeo y en la colaboración que tendrá con su ex jefe, el Procurador del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, para que la transición de la responsabilidad en la atención de este delito sea coordinada y no le dé mayor impunidad a los infractores. En el mismo tema, reconoció que al reducirles la carga de trabajo en cuanto a las consignaciones de vendedores de droga al menudeo, la delegación de la PGR deberá ser más acuciosa en los temas de tráfico que le corresponde atender, que serán los de cargamentos mayores. Wachovia Bank: el antecedente El escándalo de HSBC con respecto al lavado de dinero no es nuevo. En 2008, fueron ampliamente conocidos los señalamientos en contra de Wachovia Bank por haber blanqueado al menos 110 millones de ingresos procedentes del narcotráfico por medio de empresas mexicanas de cambio de divisas. Los documentos oficiales describen cómo de 2003 a 2008 Wachovia Bank brindó servicios a 22 casas de cambio de México, pese a que había evidencia de actividades sospechosas. Entre las transacciones se incluyó el procesamiento de transferencias de cuantiosas sumas de dólares para su depósito en cuentas alrededor del mundo, el cobro de cheques de viajero subsecuentemente enumerados, y aceptar envíos de dinero en efectivo trasladado por vehículos blindados desde las casas de cambio. El reporte oficial del Departamento de Estado de aquel entonces cita que durante un período de 3 años, las transferencias superaron los 374 billones de dólares y los envíos en efectivo rebasaron los 4.7 billones de divisa norteamericana. Asimismo, Wachovia Bank procesó 20 billones de dólares en cheques de viajero, la mayoría de ellos tenían nombres ilegibles y marcas inusuales. Para evadir su responsabilidad, ante el caso que finalmente llegó a las cortes, Wachovia Bank pagó 160 millones de dólares en multas criminales y penalizaciones civiles y aceptó reformar de manera significativa sus controles internos.
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