Lo que menos les interesa a los periodistas es usar chalecos antibalas para ir a cubrir un evento. O por lo menos la vocación de los reporteros no es ésa. Ante la falta de seguridad para el libre ejercicio del periodismo en México, el Presidente Felipe Calderón tuvo la brillantísima idea de decretar el uso de chalecos antibalas para los periodistas que se encuentren en riesgo. Esto lo consignó el todavía Presidente en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor el 25 de junio de 2012, para congraciarse con los periodistas curiosamente a una semana de la elección presidencial que su partido de antemano tenía perdida, más que por una genuina intención de garantizar la libertad de expresión en México. Si hubiera un honesto propósito de garantizar la libertad de expresión, el Presidente Calderón debió comprometerse por lo menos, investigar los 78 crímenes cometidos contra periodistas durante su sexenio. A la fecha, 99 por ciento de los asesinatos no ha sido resuelto por la administración calderonista; no hay detenidos materiales, menos intelectuales; mucho menos homicidas sentenciados o cumpliendo condena. La ley para la protección 
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012. De acuerdo con dicha legislación, en su Artículo 3, el mecanismo de funcionamiento estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la Secretaría de Gobernación. Entre otras atribuciones, la Junta de gobierno aprobará las reglas de operación y el presupuesto operativo del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante el clima de inseguridad para el ejercicio libre del periodismo, destacan algunos artículos que tienen que ver con acciones catalogadas como “medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección”: Artículo 32.- Las Medidas Urgentes de Protección incluyen: I) Evaluación; II) Reubicación Temporal; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV) Protección de inmuebles y V) Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios. Artículo 33.- Las Medidas de Protección incluyen: I) Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; II) Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; III) Chalecos antibalas; IV) Detector de metales; V) Autos blindados; y VI) Las demás que se requieran. La cultura del blindaje 
Ante la incapacidad del sexenio del Presidente Calderón de garantizar la libertad de expresión, surgió entonces esta Ley que promueve la cultura del blindaje, tal como ocurrió en Colombia en las décadas de los noventa con el apogeo del narcotráfico. Debido a la promoción del gobierno federal de estas medidas, pronto surgieron los análisis al respecto: “Es verdaderamente preocupante que se esté gestando esa atmósfera de llegar a esos extremos. La responsabilidad primaria del Estado mexicano es desmantelar los factores criminogénicos que alimentan esa violencia que estaría llevando al país a crear una cultura del blindaje con los chalecos (antibalas)”, expresa a ZETA el Licenciado Humberto Hernández, coordinador jurídico de Fundación para la Libertad de Expresión (www.fundalex.org). “Evidentemente, se trata de situaciones extremas. En Colombia el mismo programa de protección que funcionó bajo la orden del Ministerio Interior también hace una evaluación de riesgo a los periodistas y en algunos casos se han brindado protecciones de este tipo. Dada las circunstancias en que trabajan muchos periodistas evidentemente son medidas que en muchos se deciden para prevenir un mal mayor; pero evidentemente refleja una situación de extrema precariedad para el trabajo de los periodistas y de gran vulnerabilidad”, coincide a través de este Semanario Carlos Lauría, coordinador sénior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). “Poco podemos esperar de la nueva Ley”: Riodoce Uno de los medios víctima de la impunidad en cuanto a libertad de expresión ha sido indudablemente Riodoce (www.riodoce.com.mx) que dirige Ismael Bojórquez. Especialista en investigación en cuanto a narcotráfico, inseguridad, desapariciones y política en pleno Culiacán, estado de Sinaloa (la cuna del Cártel del Pacífico), el medio virtual ha sido atacado en constantes ocasiones. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2009, individuos se atrevieron a levantar la cortina del medio de comunicación para aventar una granada de fragmentación que ocasionó daños materiales pero, afortunadamente, no hubo víctimas qué lamentar. Y en noviembre de 2011 fue hackeada su página de internet que impidió la difusión de los trabajos de investigación. 
– ¿Cuál es tu análisis general sobre la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decretada por el Presidente Calderón el viernes 22 de junio y publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 25? (En todo caso, ¿servirá de algo?, ¿detendrá la impunidad en los ataques, asesinatos y otras agresiones cometidos contra periodistas y medios de comunicación?, se le pregunta a Ismael Bojórquez, director de Riodoce. “Mira, siempre he dicho que a todo lo que se pueda hacer por parte del Estado y por nosotros para disminuir los riesgos que implica el ejercicio periodístico, hay que darle la bienvenida. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. “Sin embargo, creo que poco debe esperarse con la nueva Ley, pues el problema en México no son las leyes, sino la forma en que se aplican o, en su defecto, su omisión. Ahora mismo se ha creado la Junta de Gobierno que presidirá los trabajos para la aplicación de esta ley, y este mismo día un periódico, El Norte de Monterrey, del grupo Reforma, ha sufrido dos ataques. “El problema para nosotros es el contexto en el que estamos desarrollando el trabajo de corretear la nota, de investigar y de publicar. Mientras no cambie ese contexto las cosas no se modificarán mucho para nosotros y seguiremos a expensas de que el narco de enfrente decide si vives o mueres. “El problema es la gran facilidad con que en las calles de México se mata sin que pase nada. El otro problema es que el Estado que ahora nos quiere proteger no ha sido capaz de defenderse a sí mismo. Ayer, en el norte de Sinaloa, siete policías ministeriales fueron asesinados y otros cuatro quedaron heridos. No quiero ser pesimista, insisto, pero tengo pocas esperanzas de que esto cambie en el corto y mediano plazo. – ¿Cuál es tu opinión sobre el Artículo 33 en donde el Presidente Calderón decretó como Medidas de Protección “chalecos antibalas”? (Textualmente, el Artículo 33 de dicha ley dice: “Las Medidas de Protección incluyen: I) Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; II) Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; III) Chalecos antibalas; IV) Detector de metales; V) Autos blindados; y VI) Las demás que se requieran”). “Este tipo de medidas se toman en situaciones de excepción, no creo que se necesite que estén en una ley para que sean aplicadas. Hay ciertos protocolos que se siguen cuando de proteger a alguien se trata. Se hace con algunos funcionarios y mandos policiacos, no sé si se han aplicado para proteger a algún periodista. Pero reitero, mientras existan estos niveles de impunidad que tenemos en México, no habrá medidas que sean suficientes. “Luego, hay que decir que ni los radios, ni los chalecos, ni las cámaras servirán para restituir la relativa libertad con que habíamos estado trabajando antes de que esta pesadilla comenzara. “Los medios (sobre) vivimos amordazados, autocensurados, tal vez esperando que pase la borrasca. La gran tragedia que vive ahora el periodismo tiene que ver con que los niveles de investigación en temas relacionados con el narcotráfico se han reducido al mínimo y en gran medida solo se publica lo que narran los boletines oficiales. En buena parte del país, duele reconocerlo, la prensa ha muerto”. Mientras el Presidente Calderón deja a su suerte a los periodistas “enchalecados”, su gobierno culminará con el 99 por ciento de impunidad en la nula investigación de homicidios y otros ataques a periodistas y medios de comunicación. Sin investigación 
Al tiempo que el gobierno federal decreta la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, legisladores y presidente Calderón no otorgan facultades y recursos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). De hecho, el sexenio calderonista culminará con 3 fiscales: Octavio Orellana, Gustavo Salas y Laura Angelina Borbolla. Ninguno ha presentado resultados de los 78 periodistas asesinados en el sexenio del Presidente Calderón. No hay detenidos materiales menos intelectuales; mucho menos homicidas sentenciados o cumpliendo condena. “Las integraciones de las averiguaciones previas están mal hechas, la fuente de la impunidad, en otros países los casos están ante juzgados y los alegatos y críticas son ante juzgadores. Aquí (en México) el punto es las averiguaciones previas. En el 99 por ciento de los casos (de agresiones a periodistas y medios de comunicación) las averiguaciones carecen de líneas de investigación”, diría a ZETA Darío Ramírez, director de Artículo 19 (www.articulo19.org). “Se tiene que modificar el reglamento de la PGR, porque una vez modificado el reglamento de la PGR, se le da autonomía presupuestal y se pone dentro del presupuesto general de la PGR; hoy por hoy, el presupuesto de la Fiscalía ha bajado en un 45 por ciento, y nos han timado de esa manera porque exactamente no hay una capacidad de rendir cuentas, específicamente del presupuesto de la fiscalía de periodistas, eso es uno de los temas centrales: dotarlo del marco legal necesario para investigar que se está haciendo con el Artículo 73, y al mismo tiempo que la capacidad de investigación, peritos, servicios periciales, ministerios públicos, esté claramente identificado en el reglamento. La fiscalía no tiene un marco legal, no tiene dinero, simplemente es una cortina de humo”. – ¿Cuál es tu juicio sobre el Artículo 44: “La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las personas defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del estado democrático de derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de que sean objeto”?, se le plantea a Ismael Bojórquez, director de Riodoce. “El Estado tiene la obligación legal y moral de investigar y castigar todos los crímenes, no solo los cometidos contra periodistas. Es una responsabilidad implícita del Gobierno. Lo que me llama la atención es que ahora se conviertan en promotores, la federación y los gobiernos estatales, del ‘reconocimiento público de periodistas y defensores de los derechos humanos’. No sé estos últimos, pero no creo que los periodistas y los medios ocupemos que alguien más que nuestros lectores o radioescuchas o televidentes les den este reconocimiento. Si el público nos sigue o no, eso dependerá de nuestro trabajo. “Ahora, para que las autoridades federales y estatales investiguen y castiguen los crímenes contra periodistas, no se requiere más ley que las que ya existen. No aclaran los crímenes por lo mismo, por la gran impunidad que existe —incluso por el miedo-, por la corrupción en las esferas de los gobiernos de todos los niveles y por la complicidad de muchas de estas esferas con el crimen organizado, que es de donde provienen, ahora, la mayor parte de las agresiones”. Por su parte, Carlos Lauría remató: 
“Evidentemente, han sido unos años letales para la prensa. Finalmente la gran interrogante es si el sistema de justicia va a quebrar el ciclo de impunidad que rodea la mayor parte de los crímenes”.
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