A siete días de concluir su mandato y 15 años de ocurrido el asesinato de nuestro compañero Luis Lauro Valero Elizaldi y al atentado homicida contra el codirector de ZETA, Jesús Blancornelas, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa se convierte en el tercer mandatario federal en solapar a los asesinos materiales e intelectuales que perpetraron el operativo homicida contra el escolta y el fundador de este semanario aquel 27 de noviembre de 1997. Como mínimo, Calderón y sus antecesores, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, son culpables de omisión; igual sus seis procuradores, Jorge Madrazo Cuéllar, Rafael Macedo de la Concha, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales. Presidente electo Enrique Peña Nieto: ahora estará en sus manos decidir si la procuraduría que su gobierno encabezará finca cargos contra los responsables o se convierte en otro promotor de la impunidad. Estaremos pendientes de su decisión, como en derecho corresponde. El descuido y desaseo de las autoridades federales en el manejo de este expediente, como en un alto porcentaje de los más de 262 mil homicidios dolosos ocurridos en los tres sexenios –122 mil, solo con Calderón Hinojosa– está convertido en una muestra perene de la corrupción arraigada en una Procuraduría General que en lugar de brindar justicia a las víctimas, protege a los asesinos con su negligencia, la cual está demostrado, es auspiciada por el dinero sucio de los cárteles. La incapacidad de la procuraduría llega al punto de que, incluso al ser detenidos estos asesinos y ser acusados de posesión de armas, de droga, trasiego, rara vez son juzgados por las decenas, cientos o miles de vidas que coartan en el camino, porque la PGJE –a conveniencia de los homicidas– no cumple con su función de reunir los elementos para imputarlos. Aquella mañana de jueves, Luis Valero fue asesinado, y las heridas que infringieron a Blancornelas estuvieron a punto de costarle la vida; mermaron seriamente su salud. Esto sucedió mientras ambos hacían lo que la Presidencia de la República y la Procuraduría y sus fiscalías especiales han dejado de hacer durante estos quince años, cumplir cabal y responsablemente con sus obligaciones humanas, morales, ciudadanas y laborales. El hecho de que la última pesquisa que se hizo en este caso date de 1998, es la muestra más evidente del ultraje que el gobierno federal comete contra Valero y Blanco, agravio que se extiende y causa indignación permanente en sus familias. Hace 14 años la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), que tomó la investigación, informó de dos líneas en la indagatoria y de los presuntos responsables. En ambos casos los autores intelectuales se encontraban en el cártel Arellano Félix e implicaban la participación de una célula de traficantes y homicidas identificada como los narcojuniors. En aquel 98 el juez Quinto de Distrito les negó la orden de aprehensión que solicitaron contra presuntos responsables: Alejandro Weber Barrera, Roberto Pareyón Rosas y Alberto González Ortega. Hasta ahí llegaron. Un año antes habían obtenido una orden de aprehensión del Juzgado Sexto de lo Penal en Tijuana por el ataque contra el persona del ZETA en contra de Alfredo Araujo Ávila “El Popeye”, quien fue aprehendido el 26 de enero de 2008, pero la autoridad decidió no acusar formalmente a este homicida por el delito cometido contra Valero y Blancornelas. Después no hubo más investigaciones ni solicitudes de aprehensión en contra de esos o del resto de los participantes develados en la investigación de 1997 de la FEADS: Marco Antonio Quiñónez Sánchez “El Pato”, fue capturado el 24 de abril de 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007; José Alberto Márquez Esqueda “El Bat”, detenido el 21 de noviembre de 2003; Antonio Peña Huerta y/o Adelaido Reyes “El Lalo”, arrestado el 28 de febrero de 2009. Capturados incidentalmente, la PGR arbitrariamente decidió no fincar cargos por el atentado al periodista, como tampoco lo hizo en los casos de Michael Anthony Harvee “El Pee Wee” e Isaac Guevara Hernández “El Zigzag”, quienes siguen oficialmente prófugos, se desconoce si están vivos o muertos como Alberto González Ortega y Fabián Martínez “El Tiburón”. Al no acusarlos, la procuraduría también decidió convertirse en cómplice de los hermanos, Benjamín (aprehendido marzo de 2002) Ramón (asesinado febrero de 2002) y Javier (detenido agosto de 2006) Arellano Félix, por la muerte del escolta y el ataque al periodista. No lo hicieron a pesar que los Arellano –se comprobó oficialmente– eran los jefes criminales de David Barrón Corona, sicario asesinado por sus compañeros en el operativo homicida contra el periodista y su guardia en 1997. No sabemos por qué oscuras razones, presidentes y procuradores prefirieron voltear a otro lado e ignorar su propia investigación, los derechos de las víctimas, y los de sus deudos, pero es un hecho que sucedió. Ante tales evidencias y por quinceavo año consecutivo, ZETA reclama a la Presidencia de México, al panista saliente, Felipe Calderón y al entrante priista, Enrique Peña Nieto, congruencia, pesquisas, y el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables del cobarde asesinato de Luis y el atentado a la vida de Jesús Blancornelas. Justicia, es nuestra única exigencia, fundada y no negociable, hasta que los homicidas de nuestros compañeros sean juzgados y sentenciados, porque así lo ordena la Ley.
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