La impunidad que durante años, por lo menos los últimos diez, ha imperado en el Estado de Michoacán, ha llevado a los habitantes de esa entidad a sufrir los embates tanto de criminales, como de autoridades y otros ciudadanos organizados. Michoacán ha sido tomado, en distintas ocasiones, por diferentes concentraciones de poder, desde el gobierno, desde el narcotráfico, y desde los grupos organizados. No han tenido respiro en los últimos días. Incendios, bloqueos, redadas, patrullajes en tres bandas, muertos, extorsiones, levantones, secuestros y fuego y plomo, han sido la constante. Ubicado como uno de los cinco estados con más ejecutados en el primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y como la entidad que atraviesa una guerra de cárteles, los primeros en tomar Michoacán fueron los narcotraficantes. Eran los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, cuando con un fuero adquirido a base de corrupción, Los Zetas se adueñaron de empresas, calles, voluntades y dinero, a cambio de sembrar el terror en Michoacán. Ellos controlaban taquillas, centros comerciales, espectáculos y cuanta actividad económica se generara, al tiempo que se encargaban del trasiego de la droga que arribaba por el Pacífico y era adentrada al interior del país, hasta llegar a las fronteras mexicanas con los Estados Unidos. Con las policías Federal, Estatal y Municipal corrompidas e infiltradas, los ciudadanos pagaron con dinero y con sangre por vivir en su tierra. Hartos unos, aparecieron otros grupos delictivos para “ayudar” al ciudadano. La Familia Michoacana, con Nazario Moreno González y una pléyade de criminales aleccionados a su alrededor, empezaron a hacer justicia por su cuenta. Traficaban e impedían que los fuereños cometieran delitos contra los locales. Se convirtieron en un gobierno dentro del gobierno. Le quitaron las facultades del uso de la fuerza pública, el cobro de impuestos y el ejercicio de la justicia al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado. Felipe Calderón iniciaría su mandato presidencial enviando un operativo a aquella, su tierra natal, pero poco pudo hacer. Luego del desacierto que significó su Michoacanazo, cuando quitó el poder a las policías locales y encarceló a funcionarios corruptos y éstos demostraron el error, todo volvió a la normalidad criminal. Pero con una mayor presencia de fuerzas criminales. La escisión en La Familia Michoacana, el nacimiento de Los Caballeros Templarios, la llegada de los Corona, de los Beltrán Leyva y la permanencia de células del Cártel de Sinaloa. En estas condiciones, Fausto Vallejo ganó por el PRI el Gobierno del Estado, solo para ausentarse por motivos de salud. Abandonados por su administración estatal y desdeñados por el Gobierno Federal, los michoacanos crearon, hace aproximadamente un año, los grupos de autodefensa. Hombres y mujeres se armaron para hacer frente a Los Caballeros Templarios. El Gobierno Federal, por omisión lo permitió, y ahí tiene que inició la justicia a mano de los ciudadanos. Hasta hace unos días, cuando las fuerzas criminales se impusieron en número, armamento e impunidad a la población. Entonces, y solo entonces, el Presidente Peña Nieto entró. Tomó su gobierno el control de Michoacán. Federales y militares llegaron por miles y se hicieron cargo de la seguridad municipal y estatal. Desarmaron a algunas autodefensas y Los Caballeros Templarios continuaron su escalada de violencia. A pesar de que el gobierno mantiene el control en por lo menos 20 de 113 municipios de Michoacán, no han sido detenidos los líderes de Los Caballeros, quienes en un dejo de cinismo y muestra de su poderío, han incendiado comercios frente a los Federales, que nada han podido hacer por llevar la paz a Michoacán. Peña recurrió a quien se ha caracterizado por ser su extinguidor de fuegos políticos y criminales. Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado por el Presidente como comisionado del Gobierno Federal para el Operativo de Seguridad en Michoacán, el abogado será quien controle a las fuerzas del orden, los apoyos federales sociales, de desarrollo e inversión. Él manejará los destinos oficiales de Michoacán. Alfredo Castillo, fue quien sacó al Gobierno del Estado de México de Peña del caso de la desaparición de la niña Paulette Gebara, y la posterior localización de su cuerpo en su propia recámara. Castillo fue quien elaboró el expediente con el que fue detenida la maestra Elba Esther Gordillo Morales. Fue también quien entró al quite de la Procuraduría Federal del Consumidor, después que la hija de Humberto Benítez, el primer titular de ese organismo en la administración de Peña, abusara de la posición de su padre para clausurar un restaurante y convertirse en “Lady PROFECO”. Y ahora es Alfredo Castillo la persona en la que el Presidente ha confiado para sacar a Michoacán del infierno en que se encuentra, entre los embates del crimen organizado, la corrupción en las corporaciones, y la irrupción de las autodefensas. Michoacán, pues, no deja de estar tomado.
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