Un principio de derecho internacional, es para muchos en nuestro País, una doctrina inviolable: México no extradita a sus ciudadanos, México juzga a los mexicanos, no los extradita para que sean juzgados en otros países. Ciudadanos, políticos, ideólogos, funcionarios, opinólogos, analistas, defienden esa doctrina a pesar del tratado de extradición que desde 1978 existe entre este País y el vecino Estados Unidos. De hecho fue hasta el auge del narcotráfico y el crimen organizado cuando se dan las primeras extradiciones con la Unión Americana, ya pasado el primer lustro de la década de los noventa con Ernesto Zedillo Ponce de León como Presidente de la República. Antes incluso se defendió la doctrina de juzgar a los mexicanos en México, en casos como el de Rafael Caro Quintero, el criminal –antes de Joaquín Guzmán Loera– más ansiado por el Gobierno de los Estados Unidos, por haber asesinado en 1985 a un agente de la DEA, Enrique Camarena. En las presidencias panistas las extradiciones fueron comunes. Por decenas incluso. Enrique Peña Nieto, en 2015, extraditó a los Estados Unidos a doce narcotraficantes, entre ellos a Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, un narcotraficante y sicario del cártel Beltrán Leyva que dejó una estela de sangre en enfrentamientos con Los Zetas. También a Jorge Costilla “El Coss”, miembro del cártel del Golfo y del grupo de sicarios que después se convertirían en cártel, Los Zetas. Las extradiciones que realizó Peña las hizo en septiembre, posterior a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad de El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Estaba obligado en términos políticos y de combate a la inseguridad, a dar certeza jurídica sobre los criminales apresados a su aliado principal en la lucha contra el narcotráfico, y principal benefactor a través de la Iniciativa Mérida, y no le quedó más que extraditar. Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” se ha escapado en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad. Las dos de manera espectacular. La primera en enero de 2001 lo hizo en el carro de la ropa sucia de la prisión de Puente Grande, Jalisco. La segunda por un extenso túnel desde la ducha de su celda hasta una casa a 1.5 kilómetros de la cárcel de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Aunque el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Presidente Enrique Peña Nieto y todo el gabinete de seguridad del Gobierno Federal digan que no se fugará una tercera ocasión, la realidad es que eso, es algo que ellos no pueden controlar. Al no desmantelar las redes financieras del cártel de Sinaloa, ni las rutas del trasiego de droga, ni detener al resto de los socios criminales de “El Chapo” –todos permanecen impunes desde la primera captura–, el poder económico, el poder corruptor lo tiene Guzmán Loera. Y en México, y particularmente en el Gobierno, todos tienen un precio. Por las buenas del dinero, por las malas del plomo. Ésa es una realidad que no pueden ni deben obviar las autoridades de este país. En los primeros ocho años que el capo estuvo preso, y en el poco más de un año que estuvo encarcelado tras la recaptura de febrero de 2014, ni el Ministerio Público Federal ni el Poder Judicial tuvieron la capacidad para procesarlo por los delitos que ha cometido en su totalidad, asociación delictuosa, tráfico de drogas, delitos contra la salud, homicidios, secuestros, extorsiones, a lo largo y ancho del País y en los Estados Unidos de Norteamérica. Tampoco la Secretaría de Hacienda o el área especializada de la Procuraduría General de la República tuvieron la capacidad para asegurarle los bienes, las casas, las empresas de lavado de dinero, las cuentas bancarias, los negocios ilícitos que generan billetes para corromper oficiales y funcionarios, para comprar sociedad y crecer el imperio criminal, catalogado como uno de los más grandes y millonarios del mundo. Desde su celda y desde el cubículo donde atendía a sus abogados “El Chapo” continuó dirigiendo el cártel de Sinaloa con su principal socio criminal Ismael “El Mayo” Zambada. “El Chapo”, aun encarcelado, es uno de los criminales más impunes en este país. Ni la justicia ni el castigo lo alcanzan así permanezca en una prisión de dudosa calidad de máxima seguridad. Otro punto: “El Chapo” no quiere ser extraditado. Sabe que si lo envían a los Estados Unidos estará confinado en alguna helada prisión donde no podrá mantener contacto con sus aliados criminales, y le sería más difícil –tampoco es imposible– corromper al sistema norteamericano. Además, sus bienes, su dinero, serían asegurados, y estaría obligado, para menguar la sentencia, a entregar información valiosa al Gobierno de aquel país para la captura de sus secuaces y el desmantelamiento de su cártel. Por eso Joaquín Guzmán Loera, interpone uno tras otro, amparos para evitar ser extraditado. Mientras los puristas del derecho y la justicia le abonan enarbolando una doctrina que en México no se puede ejercer de manera efectiva. Por otro lado, la decisión de una extradición en estos momentos, podría no ser conveniente al Presidente Enrique Peña Nieto. Quizá su orgullo institucional herido con la fuga número dos, le indique que, ya para demostrar que sí lo puede mantener cautivo, se quedará con él. Amén de la información sobre los oficiales, fuerzas armadas y funcionarios que desde acciones desleales a la patria y corruptas, han apoyado a Guzmán para mantenerse prófugo o le han proveído impunidad estando encarcelado. Información que el Gobierno Mexicano no ha obtenido del detenido, ante la evidente ausencia de aprehensiones e investigaciones a los suyos. Uno de los preceptos en el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos advierte que, siendo el nuestro un país que no contempla la pena muerte, la persona extraditada no será sujeta a la fatal sentencia en el país al que se extradite. A Guzmán no lo matarán en la Unión Americana. Al menos no oficialmente. Y el aún líder del cártel de Sinaloa, enfrenta cargos en siete jurisdicciones de los Estados Unidos, en el Distrito Sur de California, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Oeste de Texas con sede en El Paso, el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, el Distrito de Estados Unidos de New Hampshire y el Distrito Sur de Florida en Miami. En San Diego existen cargos federales desde 1996 para desmantelar una operación de tráfico de cocaína desde el Sur de California con destino a la costa este. En el 2015, el Departamento de Justicia solicitó la extradición del capo en base a los cargos que enfrenta en San Diego. En Chicago fue acusado con 10 personas más por el trasiego de toneladas de drogas al país y la amenaza de decapitar al agente de la DEA responsable de la operación local en su contra, Jack Riley, para lo cual ofreció 100 mil dólares al criminal que lo lograra. Fue en este estado donde a partir de esos hechos fue declarado “Enemigo Público Número 1”. En Brooklyn, junto con el Mayo Zambada, fue acusado en 2009 de cometer 13 homicidios y operaciones de lavado de dinero por el monto de 14 billones de dólares. La acusación fue liberada apenas en 2014. La actual procuradora de Estados Unidos, Loretta Lynch, fue procuradora en Brooklyn, lo cual puede favorecer la solicitud de extradición. Mientras en Manhattan enfrenta cargos desde 2012 por el trasiego de cocaína a Estados Unidos, en Miami fue acusado en 2010 de narcotráfico con una operación que abarcó desde Guatemala y Colombia hasta Estados Unidos en 2003, y más de 49 transferencias bancarias fraudulentas entre Miami y Oklahoma City entre 2003 y 2007. Y en El Paso la acusación es de 2012 y va contra el capo y 20 personas más con las cuales tuvo una organización criminal para comercializar drogas, cometer asesinatos, secuestros, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Joaquín Guzmán Loera es pues, un criminal que cuenta con investigaciones ministeriales y judiciales en dos países. Más en los Estados Unidos que en México. Y por lo tanto, a pesar de ser mexicano, y en concordancia con el Tratado de Extradición, puede y quizá debe, ser juzgado en la Unión Americana. Deje Usted que sea por cuestión de seguridad para evitar la tercera fuga, sino para que en otro País, lo alcance la justicia que en México, le llega lenta.
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