El miedo de 50 extraditables

Desde delincuentes comunes, principalmente homicidas y abusadores sexuales, hasta líderes de células criminales o capos del narcotráfico de los más conocidos cárteles de las drogas, encabezan la lista de los mexicanos extraditables para los Estados Unidos de América. No se conoce la cantidad exacta de quienes son reclamados por autoridades judiciales norteamericanas, pero por cada organización delictiva se habla de decenas de sicarios, cabecillas y grandes capos. Tan solo actualmente, en los tribunales federales del país, medio centenar de presuntos criminales sostienen juicios de amparo en contra de la tan temida extradición. Aunque en la actual administración, la entrega de nacionales al gobierno estadounidense no ha sido tan espectacular como en el anterior sexenio, casos emblemáticos como el de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” -acusado de dirigir el trasiego de enervantes desde el interior del penal de máxima seguridad de Puente Grande- sentó un precedente. Narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Jesús “El Chango” Méndez, Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” y su hermano Omar “El Z-42”, han promovido amparos contra la posible extradición desde el primer día en que fueron detenidos, aún sin que en muchos de los casos se haya solicitado formalmente la orden de detención con fines de extradición internacional. Prueba de lo anterior es la queja interpuesta recientemente por “El Chapo” Guzmán por la negativa de un juez de distrito de admitir su demanda de garantías contra la extradición. Independientemente del fallo y del giro que el asunto tome jurídicamente, el narcotraficante manifestó su temor a ser llevado a la Unión Americana, enjuiciado y que, en determinado momento, pudiese aplicársele pena de muerte. Otro caso palpable es el del prófugo capo Rafael Caro Quintero, que una vez liberado, se confirmó deberá permanecer 40 años en prisión por el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar y otros delitos federales cometidos en suelo mexicano. Sin embargo, desde algún escondrijo lucha legalmente en contra de ser llevado y apresado en el vecino país del norte. Su amparo fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).   Caso Beltrán Leyva   La extradición de “El Mochomo”, el sábado 15 de noviembre de 2014, cayó como un baldazo de agua helada al resto de los extraditables. En agosto de 2012 fue reclamado por los Estados Unidos para procesarle ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, Washington. Detenido desde enero de 2008, Alfredo cumplió más de cuatro años segregado en el área de Tratamientos Especiales del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco. Mediante un amparo consiguió salir de esa área. A pesar de estar castigado sin contacto prácticamente con persona alguna y los meses posteriores en que pudo recibió visitas, la justicia norteamericana acusó a “El Mochomo” de dirigir acciones de narcotráfico hacia esa nación desde su encierro en la prisión federal, donde supuestamente sus socios le compartían las ganancias. Los cargos contra el ex líder operativo de los Beltrán Leyva fueron por su probable responsabilidad en la comisión de “asociación delictuosa para distribuir unas sustancias controladas, a saber: cinco kilogramos o más de cocaína, 50 gramos o más de un kilogramo o más de heroína, y mil kilogramos o más de marihuana; a sabiendas de que estas sustancias controladas iban a ser importadas ilegalmente a los Estados Unidos”. Un solo testigo de oídas refirió que Alfredo Beltrán Leyva tenía participación en el ilícito negocio desde dentro de cárcel mexicana. Fue suficiente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizara la extradición del inculpado el 26 de noviembre de 2013. Tras la entrega del hermano del extinto Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, abatido por la Marina de México en un operativo en 2009, en el Estado de Morelos, la cantidad de demandas de amparo en contra de la medida se disparó en los tribunales mexicanos. Amigos o enfrentados en las calles y en las penitenciarías, los narcotraficantes ven a los norteamericanos como sus potenciales enemigos.   El miedo como defensa de “El Chapo”   Aunque los estudiosos de las leyes advierten que los delitos y penas aplicables en ambos países suscriptores de los acuerdos de extradición deben ser similares y no puede aplicarse pena de muerte a un extraditado, por ser una de las condiciones, el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “entró en pánico” como estrategia para persuadir y convencer a juzgadores mexicanos que no se debe autorizar su entrega a los estadounidenses. A un año y semanas de su detención, el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, “El Chapo” Guzmán ya ha promovido más de diez juicios de amparo en contra de la posible extradición. La mayoría han sobreseído por no existir la reclamada orden de detención con los fines de que sea enjuiciado al otro lado. En la queja 5/2015, interpuesta ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con motivo del desechamiento de una demanda de garantías en un Juzgado de Distrito, Guzmán Loera reclamó de autoridades nacionales “la inconstitucional, autoritaria y antipatriota orden o disposición que den las autoridades ministeriales y judiciales para que finquen un proceso en mi contra, con fines de extradición a los Estados Unidos de Norteamérica”. El encarcelado líder del Cártel de Sinaloa también expresó su temor de ser llevado a cárceles secretas destinadas a inferir abominables torturas y “se me declare culpable de la comisión de delitos que ellos dicen cometidos, y así se me apliquen penas inclementes o hasta la pena de muerte, la cual está expresamente prohibida por la Constitución General de la República”. Asesorado por sus abogados, el capo insistió en que teme a la pena capital, previo “cruel e inhumano” maltrato, con testigos colaboradores “pagados, aleccionados y protegidos” para que se declare responsable de las imputaciones que le formulen. Guzmán aportó como pruebas las declaraciones mediáticas de funcionarios de Estados Unidos en las que hacen referencia a sus deseos de verle enjuiciado en aquel país. El recurso de queja surtió sus efectos, pues los magistrados ordenaron al juez de distrito admitir la demanda de amparo presentada por el sinaloense, asumir su jurisdicción y en el momento procesal oportuno, resolver lo conducente. En diversos Juzgados hay juicios de garantías de “El Chapo” en espera de resolución.   Los hermanos “Zetas”   Tan luego fue aprehendido el 4 de marzo de 2015,  ese mismo día, los defensores del narcotraficante Óscar Omar Treviño Morales “El Z-42”, líder de la organización criminal Los Zetas, presentaron solicitud de amparo en contra de una posible extradición al otro lado de la frontera norte. El escrito del tamaulipeco, internado en el penal de máxima seguridad Número 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, bajo el expediente 218/2015. En su demanda, “El Z-42” reclamó la posible “extradición temporal y traslado a los Estados Unidos de América”, y como la más viable ejecutora, a la procuradora general de la República, entre otras autoridades La jueza concedió al quejoso la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado actual, en tanto se resuelve el juicio de garantías. En la propia difusión de la captura de Treviño Morales, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, informó que el presunto narcotraficante es reclamado por autoridades norteamericanas, por el delito de asociación delictuosa para cometer delitos contra la salud. Su hermano Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” o “El Maicol”, detenido a mediados de junio de 2013,  se encuentra sujeto al procedimiento de extradición 2/2011, seguido ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Sin importar que actualmente el peligroso “Z-40” sea procesado en 12 causas penales en Juzgados de Distrito de los estados de México, Jalisco y Tamaulipas, en cualquier momento podría ser sometido a una de las llamadas “extradiciones temporales”, como ha ocurrido con personajes como Javier Torres Félix “El JT” o Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, llevados a Estados Unidos para después regresar a México y enfrentar nuevamente a la justicia nacional.   Asunto de Caro a la Corte   El juicio de amparo promovido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de la orden de detención con fines de extradición internacional dictada el 10 de agosto de 2013 por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, ya va a cumplir un año y medio en trámite. Primero, en octubre de 2013, un juez federal de Guadalajara conoció del juicio de garantías, autoridad que declinó competencia en marzo de 2014 para que fuese el Juez Décimo de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal el encargado del reclamo. El 16 de junio del mismo año, el juzgador capitalino resolvió negar la protección de la justicia al quejoso. Inconforme, Rafael Caro Quintero interpuso el recurso de revisión que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde luego de varios meses de indecisiones, reclamaciones, inconformidades, impedimentos y una serie de retrasos, los magistrados solicitaron sean los ministros de la SCJN, quienes resuelvan el complejo asunto. Actualmente la Primera Sala de la propia Corte de justicia mexicana conoce del recurso de revisión de amparo directo interpuesto por Caro Quintero en contra de la reciente confirmación de la  sentencia condenatoria de 40 años de prisión por el secuestro y homicidio de Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar.   Extraditables en capilla   Con la petición formal de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, o aun sin que ésta se haya realizado, presuntos delincuentes mexicanos comparecen -o sus abogados- continuamente ante los Juzgados para solicitar el amparo y protección para evitar su extradición. A varios de ellos se les ha negado el reconocimiento de violación de derechos fundamentales. Otros casos aún se encuentran en trámite. La lista de extraditables que ZETA ha configurado con base en esos juicios de garantías y con declaraciones de los gobiernos de ambos países, es la siguiente: Antonio González Reynoso, Rigoberto Andrade Rentería, Mario Alberto Ramírez Treviño, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, Adán Salazar Zamorano, Rafael Caro Quintero, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, J. Jesús Méndez Vargas, Carlos Alberto Cerda Torres, Rafael Duarte Torres y Agustín Flores Apodaca. También figuran: José Antonio Torres Marrufo, Abraham Inzunza Inzunza, Mario Ismael Zambada García, Valentín Sáenz Cruz, Víctor Emilio Cázares Salazar, Juan Francisco Sillas Rocha, Carlos Herrera Ávalos, Rubén Garza Rodríguez, Noel Salgueiro Nevárez y Rafael Rivera Salomón. Sergio Garza Treviño, Jesús Raúl Beltrán León, Arnoldo Rueda Molina, Ramón Álvarez Ayala, Miguel Ángel Guzmán Loera, Víctor Manuel Félix Félix, Juan José Álvarez Tostado Galván, Miguel Ángel Aramiz Herrera, Juan Jesús Flores Lara y Omar Treviño Morales. De igual manera, Miguel Ángel Treviño Morales, Francisco Javier Cantabrana Parra, Lucio Hernández Lechuga, Juan Pablo Badillo Soto, Alfredo Andrade Parra, Vicente Carrillo Fuentes, Servando Gómez Martínez, Héctor Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez e Inés Coronel Barrera.