En estos momentos, la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, prepara los expedientes para solicitar órdenes de aprehensión contra policías municipales, estatales, ministeriales y federales de Baja California, por delincuencia organizada, asociación delictuosa y otros. Se trata de agentes que sirvieron al Cártel Arellano Félix, y que recibieron dinero ilícito producto del secuestro. En la averiguación previa contra la célula de secuestradores del CAF, la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) va por Lorenzo Hernández García “El Viejón” y Jose Luis Chávez “Ramiro” como cabecillas administrativa y operativa -respectivamente- de la banda de secuestradores capturados el 25 de septiembre de 2014 en Tijuana. Luis Chávez, ex ministerial de Baja California, prófugo, es quien tiene los nombres de todos los policías, estatales, municipales, federales y ministeriales que reciben -según los detenidos- el 30 por ciento del importe de los secuestros. El grupo criminal confesó haber cometido plagios por 10 mil dólares, y otros de 3 millones de pesos. En todos los casos, pagos económicos fueron a manos de policías corruptos. Las autoridades tienen actualmente datos generales, apodos y ubicación en delegaciones de unos 24 agentes corruptos en Federación, Estado y Municipio, sin embargo, para identificarlos plenamente, fincarles responsabilidad y solicitar órdenes de aprehensión, buscan las declaraciones de “El Ramiro” para complementar los señalamientos existentes y así obtener las pruebas de los mismos. En el Grupo Coordinación, donde se encuentran los elementos operativos de estas corporaciones, los titulares están al tanto y colaboran con investigaciones, por ello esperan resultados y capturas en los próximos diez días. Delatan a policías Las acusaciones contra los agentes que operan en Tijuana, fueron hechas por el secuestrador y ex ministerial José Daniel Canales Rodríguez “Ramsés” desde el momento de su captura. “No me lleven a la zona…”, “Ya estoy dado, dónde me van a llevar, no me dejen aquí, me van a matar…”, “¿Cómo se llama eso? Quiero ser testigo protegido, llévenme a México…”, fueron algunas de las frases expresadas por Canales cuando lo detuvieron, justo en las inmediaciones de una de las instalaciones que la Procuraduría del Estado tiene en la delegación La Mesa. Llegó huyendo de los agentes ministeriales que lo seguían, intentó resguardarse en las oficinas de la PGJE porque creyó que sus persecutores eran miembros del crimen organizado -ministeriales corruptos o delincuentes- que iban a matarlo, y sería más difícil que cometieran el crimen en esas condiciones. Buscaba protección y ahí lo detuvieron. Del secuestro ocurrido del 18 de septiembre de 2014, el cual provocó su captura, aseguró que tuvo apoyo de policías municipales, pero agregó que en ese y otros delitos -privaciones, tráfico de droga y homicidios- también han contado con el respaldo de ministeriales y federales, por eso le urgía salir de Baja California antes de poner a disposición de las autoridades toda la información que tiene. “No sabemos si ‘El Ramiro’ de verdad entrega el 30 por ciento a las autoridades para protección, tal vez nos choricea, pero eso es lo que se lleva…”. Las autoridades están siendo reservadas al momento de validar las declaraciones de Canales Rodríguez hasta corroborar en sus declaraciones, pues dijo que solo recibía “20 mil pesos” por cada secuestro y no le creyeron. Agentes federales arribaron el 1 de octubre a Baja California para iniciar operativos de rastreo, dado que los integrantes de este grupo se están moviendo entre Mexicali, Tijuana y Tecate. El siguiente en caer será el ex policía municipal Luis Jaime Verduzco Delgado “El Lic”. Seguimiento del grupo 
Para esta célula delictiva, la sacudida inició en julio de 2014. Por dos plagios distintos, el Grupo Antisecuestros de la PGJE y las áreas de inteligencia del Grupo Coordinación empezaron a darle seguimiento por separado. A Daniel Canales “Ramsés”, que compartía un departamento con Jaime Verduzco “El Lic” (ex municipal prófugo), los comenzaron a seguir en julio, después que su apodo y anterior ocupación salieran a relucir en otro secuestro, donde fue el encargado de hacer las llamadas y pedir el rescate. No había seguridad en la identidad, y en los tiempos que les pusieron vigilancia, solo pudieron corroborar su asistencia a reuniones con otros miembros de la banda- sin antecedentes criminales-. Además, durante ese tiempo no cometió delitos y no se acercó a los lugares donde tenían a los secuestrados. Pero con ese rastreo, las autoridades estatales identificaron dos autos que, presuntamente, habían utilizado en un secuestro previo. “En cada levantón utilizaban más de cinco vehículos para cuidar el perímetro, para que no hubiera alguna autoridad al momento del secuestro. Con los vehículos detenían el tráfico para facilitar la huida de la célula, y así llevar a las víctimas a casas de seguridad” señaló la PGJE en boletín de prensa. Durante el secuestro del 18 de septiembre, las autoridades coordinadas corroboraron a través de videos de vigilancia, la presencia del pick-up blanco que siempre manejaba “Ramsés” en la zona donde se llevaron a la víctima. Cuando la familia pagó y el plagiado fue liberado, fueron tras Canales, quien se mantuvo fuera del alcance de las autoridades los tres días que duró el secuestro. Tardaron siete días en ubicarlo y perseguirlo mientras circulaba por la delegación La Mesa, donde lo capturaron el miércoles 24 de septiembre. Pese a que manifestó su total disposición para delatar a varios miembros de la célula, de inicio solo dio apodos. La Procuraduría recibió informes de la Policía Municipal que el 27 de agosto aprehendieron a otro ex policía, Alfredo de Jesús Hernández Reyes (dado de baja en febrero de 2012), mientras circulaba por la calle Ejército Trigarante del Infonavit Cachanilla, Delegación La Mesa. Lo detuvieron por exceso de velocidad y lo presentaron ante la PGJE, argumentando que en el auto localizaron 20 envoltorios de “cristal”. Este ex uniformado pertenecía a la mencionada banda de secuestradores del CAF- solo como puntero, aseguró-, lo encontraron en posesión de imágenes de fachadas de casas y negocios diversos, y también ofreció información a cambio de su libertad. Las áreas de inteligencia dieron seguimiento a los presuntos criminales hasta identificarlos. Cuatro días antes de la captura se reunieron municipales con estatales, armaron el organigrama y trabajaron en las capturas. Tras las primeras declaraciones de “Ramsés”, las fuerzas coordinadas emitieron una alerta para que todas las corporaciones operativas fueran por “su compadre”, César García Chávez y “Los Turpidos”, pero de éstos, solo Armando Angulo, fue detenido. En el caso de César García Chávez, al ser capturado fue identificado por agentes municipales que participaron en un intento fallido de aprehensión del cabecilla de célula del CAF, Melvin Gutiérrez Quiroz (detenido en 2011). Lo identificaron como escolta del otrora coordinador de la fracción del cártel del Barrio Logan. A este hombre lo interrogaron diversas autoridades, y en Baja California no dijo ni su nombre. Aún trabajan en su identidad. Del viejo CAF Extraoficialmente manejan la posibilidad de que García Chávez sea César Ayala Torres, un miembro del Barrio Logan, detenido y juzgado en la Corte Estatal en San Diego California en 1994. Fue recapturado en Tijuana por la Policía Municipal, después de una balacera suscitada el 7 de agosto de 2002, cuando Ayala y sus socios criminales fueron aprehendidos en posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército, como parte de una célula el CAF unida al Barrio Logan. De acuerdo a las declaraciones, aquella célula delinquía acompañada y protegida por agentes federales, ministeriales y municipales; traficaba “cristal” en grandes cantidades; se contrataba para matar a deudores del CAF, de Ismael “El Mayo” Zambada y de José Esparragoza “El Azul”. Se movilizaban en camionetas blancas, algunos portaban equipo, gorras, charolas y credenciales que los identificaban como agentes ministeriales y policías federales que la PGJE aseguró entonces, eran falsas. Ahora, 12 años después, la historia es muy similar. Aunque hasta su captura Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” fue considerado el cabecilla, hoy como jefe criminal de la banda está José Lorenzo Hernández García “El Viejo” o “El Viejón”. Pese a que autoridades locales aseguran que tiene antecedentes criminales en ambos lados de la frontera, ZETA consultó los archivos electrónicos del Poder Judicial de California, solicitó informes en la Procuraduría del Estado, y en ambos casos la respuesta fue negativa. Investigadores locales que trabajan el tema de seguridad hace más de 14 años, refirieron a este Semanario que Lorenzo Hernández es uno de los miembros del CAF que en 2004 recibieron credenciales que los acreditaban como agentes ministeriales de la Procuraduría del Estado de Baja California, en total 76 credenciales y charolas por las que el CAF pagó más de 70 mil dólares. En imágenes que el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) publicó en su página electrónica la primera semana de mayo de 2004, con un cartel de “Se Busca Información”, presumiblemente Lorenzo Hernández sería el número 72 en la página de Narctip, que ya no está disponible en el ciberespacio. Bajo la supervisión de “El Viejo” ubican a José Luís Chávez “Ramiro” y Luis Verduzco “El Lic”. El detenido también nombró a “El López”, “El L”, “El Blue”-mencionado en secuestros desde enero de 2014 con presuntas ligas con agentes federales- y a un hermano de Melvin Gutiérrez Quiroz. ZETA preguntó a las autoridades si se trataba de Benjamín Gutiérrez Quiroz “El Quecho”, supuesto heredero del grupo de “El Melvin” y con antecedentes en San Diego California, pero respondieron que todo indica que es distinto. “Lo mencionan como otro que podría ser medio hermano o primo. Y Benjamín Gutiérrez también está como cabecilla de grupo en la misma célula”, confiaron. Los otros miembros mencionados, según el boletín de la PGJE, son Raúl y Sergio Angulo “El Fredy”, “El Solo”, “El Témoc”, “El Fer”, “El Robert”, “El Tilico”, “El Chore”, “El Niño del Mal”, “El Panzón” y “El Stitch”. Modus operandi Era en promedio un secuestro por semana, las denuncias no oficiales que recibían las autoridades, en la mayoría de los casos y al revisar los antecedentes de las víctimas, encontraban un patrón: 1.- Habían estado involucrados en actividades delictivas. 2.- Estaban inmiscuidos en la comisión de delitos. 3.- Algún pariente cercano estaba, o estuvo implicado en negocios ilícitos. Lo que les indicó a los investigadores que estaban atacando a gente que delinquió con el Cártel Arellano Félix, algunos desde los años noventa. Asumen que esto se debe a que el líder del grupo criminal, José Lorenzo Hernández García (50 años), los conocía o podía obtener información de ellos. Secuestraban en tres modalidades: * Recibían llamadas de otros grupos del CAF que les ordenaban matar a tal o cual persona, porque les debía dinero, estos delincuentes aprovechaban, los privaban de la libertad, le pedían dinero a la familia y de todos modos los mataban. * Los secuestros de ex CAF organizados por el grupo. * Secuestros de pequeños comerciantes que tenían o hacían amistad o cercanía con algún miembro de la banda. El apoyo policiaco lo recibían así: Policías en unidades civiles.- Con estrobos los intervenían en la carretera, los cambiaban de auto y dos o cinco cuadras después los entregaban a sus socios de la banda criminal, en este caso, según las declaraciones, se trata en la mayoría de los casos de ministeriales, agentes federales y policías estatales. Delincuentes, secuestrados-liberados o testigos de los plagios, dijeron escuchar las amenazas con acento defeño o del Centro del país, otros aseguraron que fueron detenidos en autos oficiales de la PGJE. Policías en patrullas municipales.- Rondan los lugares del secuestro, previo a que éste sea cometido, para informar a los criminales de la ubicación de la víctima y, después de denunciado el delito, tardan en responder al llamado o no lo hacen. En secuestros “hay gobierno metido” El secuestro que activó al Grupo Coordinación, lo ejecutaron el 18 de septiembre de 2014, cuando se llevaron a un hombre miembro de una familia de empresarios dedicados al traslado y venta de frutas y vegetales, que habían solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ser analizados para asignación de escoltas pagadas. Uno de los hermanos de la víctima ya había sido secuestrado entre 2007 y 2008. Sus empleados -testigos del secuestro- denunciaron de inmediato, pero ante la lenta reacción de la Policía Municipal, los jefes de la delegación fueron removidos; la familia pidió a las autoridades que no se metieran, porque iban a pagar. De las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, se pudo conocer que desde un día antes policías municipales habían estado rondando el lugar ubicado en la zona de Las Torres en Ampliación Guaycura, Delegación La Presa. Minutos previos al secuestro, un patrullero llegó y pidió entrar al negocio, pretextando estar atendiendo una denuncia respecto a un camión con droga, le permitieron pasar y se dio cuenta que el objetivo estaba presente. Los secuestradores se lo llevaron. Iban en dos camionetas blancas con estrobos, una empleada del plagiado habló con personal del Programa Integral de Protección a Ejecutivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), les informó lo sucedido, pasaron el reporte al 089, había una reunión de coordinación, así que la Procuraduría y la Policía Municipal fueron informadas al mismo tiempo. Enviaron patrullas que sin excusa se tardaron en llegar. “Cada cierta cantidad de minutos, los directores le preguntaban a Orona (Patricia, jefa de Distrito), por qué no llegaban y en dónde estaba, y ella solo respondía que estaban en camino y daba una ubicación. Sin embargo, por otra línea estaba dando instrucciones a la tropa de no acercarse hasta que ella indicara para que llegaran todos juntos”. Para cuando la Policía llegó, la familia informó que ya habían recibido una llamada pidiendo rescate y le pidió a la Policía Municipal que se retirara. A la gente de la Procuraduría le dijeron lo mismo, pero advirtieron de la sospechosa tardanza de los municipales y solo aceptaron asesoría para negociar la liberación. En una revisión interna en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tras varias entrevistas con agentes y recopilación informativa, además de Orona, las autoridades detectaron acciones irregulares de parte de un subjefe y un supervisor de distrito, jefe de turno. El secretario Alejandro Lares instruyó la remoción de todos los mandos. No fueron consignados porque no hay elementos judiciales suficientes, los detenidos no fueron mencionados. Pero hay señalamientos extraoficiales, además de que fue evidente, según propias víctimas. Más de policías 
Durante esta semana, los delincuentes hicieron llegar a los jefes policiacos dos mensajes para que investiguen a policías señalados de corruptos. El lunes 29 de septiembre, elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos tragafuegos, los hombres resultaron responsables del homicidio de dos hombres que aparecieron calcinados a las 00:30 horas del mismo día, en la colonia Sánchez Taboada. Los homicidas cargaban una cartulina con la leyenda: “No se preocupen por la basura, solo sirve para robar ocupamos gente de trabajo atentamente…”, y arrancaron el pedazo de la firma, en la parte posterior se leía “Patrulleros 0695 no les pagaré plaza ratas”. Luego, alrededor de las nueve de la noche del martes 30 de septiembre, autoridades locales empezaron a recibir llamadas, algunos reporteros habían recibido información respecto a un cadáver en Valle de San Pedro con un mensaje contra la Policía. Las autoridades respondieron que no había ningún reporte al Centro de Mando, y el 1 de octubre, un diario local publicó la nota con foto. Las autoridades ya habían negado la existencia del cuerpo, cuando a las 11:04, el C4 recibió el reporte informado que un transeúnte había visto el cuerpo mientras caminaba por la zanja, a la altura de la colonia Valle de San Pedro. En la cartulina se leía: “Esto le va a pasar a todos los que anden con el Aquiles y el Atlante, estoy al 100 con la policía y el de Sinaloa, atte El Güero Chompas”. Respecto a los señalamientos, el secretario de Seguridad Municipal, Alejandro Lares, declaró que está investigando, pero se trata de mensajes de delincuentes que igual pueden tratar de afectar a quienes los están combatiendo. Decomiso 
Autoridades castrenses y estatales desconocen el origen de las 12 toneladas de marihuana decomisada el miércoles 1 de octubre de 2014 en la vivienda del fraccionamiento Colinas de Agua Caliente en Tijuana. En conferencia de prensa llevada a cabo la tarde del jueves 2 de octubre, el General de la II Región Militar, Gabriel García Rincón, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, dieron algunos detalles del hallazgo, destacando la coordinación que existe entre ambos órdenes de gobierno. García Rincón expuso que el lunes 29 de septiembre, durante la realización de reconocimientos terrestres en dicha zona, elementos del Ejército Mexicano observaron a un hombre cargando un paquete envuelto en cinta canela en la privada Del Prado. Al percatarse de la presencia de los militares, el individuo arrojó el paquete a una vivienda para posteriormente ingresar y cerrar las puertas para resguardarse. A partir del suceso, se solicitó una orden de cateo, militares y policías estatales preventivos resguardaron el domicilio hasta el miércoles 1 de octubre, cuando se cumplimentó el cateo. En el domicilio se encontraron mil 194 paquetes de marihuana, con un peso total de 12 mil 500 kilogramos de la hierba. Las autoridades agregaron que las condiciones del fraccionamiento permitieron que el sospechoso pudiera huir del hogar, por lo que en este hallazgo no hay detenidos. Además, el militar comentó que aunque los delincuentes suelen dejar símbolos o letras en los paquetes, según al destinatario que vaya dirigida, éstos cambian y por el momento no es posible determinar el origen o destino de la marihuana. 
“A ciencia cierta no sabemos a quién pertenece, pero la droga siempre tiene un destinatario que lo van determinando por algunos símbolos o alguna letras, entonces la investigación le corresponde a la Procuraduría General de la República”, dijo el General. Advirtió que, si bien existen áreas de producción focalizadas en Sinaloa, Durango o Jalisco, las investigaciones darán certeza de la procedencia y forma de traslado de la droga a Baja California. “Varían los procedimientos para traerlas, siempre el delincuente va a buscar la forma de que no sea detectada la droga y utiliza un sinfín de medios para hacerlo. Emplean camiones de carga, ambulancias, pipas de gas, de petróleo, camiones”. Baja California se mantiene como una zona baja en producción de marihuana, con 88 plantías destruidos en lo que va del año. Sobre las rutas de traslado en Baja California, el mando castrense comentó que se continúan utilizando los caminos y carreteras en la entidad de forma cambiante, además, la vía área sigue siendo una posibilidad, pese a la tecnología que existe para localizar las aeronaves. Serafín Zambada culpable Con fecha 26 de septiembre de 2014, Serafín Zambada Ortiz, hijo del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable ante la Corte del Sur de California de: 
* Importar de México a Estados Unidos, cinco kilogramos y más de cocaína, y mil kilos o más de marihuana. * Conspirar con gente de Culiacán, Sinaloa, para adquirir más de 100 kilos de cocaína y mil kilos de marihuana. * Arreglar con otros para que esa droga fuera transportada de México a Estados Unidos para su venta al sur del Distrito de California y otros lugares. De igual manera, aceptó entregar 250 mil dólares que proceden directa o indirectamente de los delitos que se le acusa. Deberá entregarlos en los siguientes 90 días. El juez concedió a Serafín Zambada la posibilidad de continuar el proceso en libertad previo el pago de una fianza, pero al cierre de edición, el expediente no presentaba trámites o movimientos. La audiencia para dictarle sentencia será el 22 de mayo de 2015, ante el juez Dana M. Sabraw. Pasea en Tijuana Unidad Blindada para Mando Único en Morelos 
Durante la semana, un vehículo especial blindado transitó por las calles de Tijuana con la leyenda “Mando Único”, pero las demás insignias cubiertas con cinta adhesiva azul. Aun así, en la imagen se trasluce el escudo del Estado de Morelos. En aquella entidad, la figura de Mando Único se ha formalizado en los últimos meses bajo las órdenes de Alberto Capella Ibarra, ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Agentes del Estado encargados de realizar tareas tácticas, consideran que el vehículo policiaco que se encuentra en la ciudad, es una unidad blindada para operaciones exclusivas, un camión de asalto e intervención especial. Ligero en su tipo, pero con un blindaje máximo nivel 9, capaz de soportar un ataque de alto impacto y explosivos. De hecho la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana posee una unidad similar. Se ha utilizado para intervenir en propiedades donde se tiene identificada gente armada con rifles de alto poder, con ella y se han rescatado heridos en medio de balaceras. También se utiliza esporádicamente para trasportar detenidos de alto nivel criminal. En esta unidad, llamada Lenco Swat Truck, se movilizó a Raydel López Uriarte “El Muletas”, José Manuel García Simental “El Chiquilín” -hermano de Teodoro García Simental “El Teo”- y a José Filiberto Parra Ramos “La Perra”. Según información en internet, este vehículo tiene un costo entre 127 mil y 250 mil dólares. En una búsqueda en el portal de Sección Amarilla, se encontraron al menos 98 empresas dedicadas al blindaje ubicadas en el Distrito Federal, a menos de hora y media de Cuernavaca, Morelos. En cambio, para trasladar de Tijuana a Morelos la unida blindada, tendrá que recorrer por tierra los 2 mil 785 kilómetros que separan las ciudades, es decir, 30 horas de viaje, sin altos y a una velocidad constante. ZETA se comunicó con personal de Alberto Capella, ahora radicado en el Estado de Morelos. Después de explicarles que el tanque fue fotografiado por la Avenida 20 de Noviembre y Vía Rápida, indicaron que se trata de una compra para trabajos de seguridad en la entidad del sur de México. Solo atinaron decir que una empresa de Tijuana proveerá la unidad blindada. Al solicitar una entrevista con el ex secretario de Seguridad en Tijuana para ampliar la información, la respuesta fue que éste indicó que no es un tema que le compete. Que en todo caso, es el gobierno quien debe informar. Se solicitó formalmente la versión oficial por medio de la Secretaría de Informática y Comunicación del Gobierno del Morelos, sin obtener, hasta el cierre de edición, una respuesta. Isaí Lara Bermúdez
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