Agentes responsables de la investigación exponen que en el crimen del ex suboficial de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Juan Antonio Salgado Burgoin, ejecutado a tiros el mediodía del 21 de febrero en el Fraccionamiento Misiones, son tres las hipótesis establecidas hasta hoy: 1.- Ajuste de cuentas. 2.- Crimen político. 3- Venganza. De las tres ninguna ha sido descartada, hasta el cierre de la edición. Dichas hipótesis fueron formuladas a través de la recolección de datos e información en campo y testimonios y donde en virtud de no haber detenidos, prácticamente había sido imposible ir perfilando alguna sobre lo sucedido. En el primer caso –de acuerdo con investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)— pudo haber sobrevenido el ataque porque la víctima amenazó públicamente con revelar el nombre de comandantes que presuntamente cobraban dinero de las cabezas más visibles del narcomenudeo en La Paz, particularmente de “El Pepillo”, “El Pelón” y “El Rayo”. 
En este hecho “los jefes policiacos pudieron haberse coludido con el crimen organizado y evitar que el ex policía diera a conocer los nombres y cantidades del soborno de manera pública, con el concebido resultado de que se abriera una investigación federal”. O la otra: el crimen organizado ejecutó a Burgoin, porque desde el 2010 –y en base en expedientes— había tenido cuando menos un ataque armado en su anterior domicilio de la calle Cardel en la colonia El Progreso de La Paz, cuando era comandante de la desaparecida Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), hoy renombrada como Centro de Operaciones Estratégicas (COE). La averiguación previa 891/2010 establece que en el atentado los presuntos responsables de la agresión fueron identificados como Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” y un sujeto identificado con el apodo de “El Ramsés”. Según el expediente, el entonces comandante de la Uman, había recibido 70 mil pesos en efectivo, un lote de joyas y un rifle de asalto AK-47, a cambio de proteger a los narcomenudistas y quienes en aquel entonces operaban para el jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”. Después del ataque armado, el ex suboficial dejó la vivienda de El Progreso y se fue a vivir a la colonia Diana Laura y donde radicó hasta su muerte. En el segundo caso el homicidio pudo venir de la siguiente manera: 1.- Del fuego amigo o enemigo –principalmente– de la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, es decir, de algún político del PRI, del PAN, del PRD o del PT, sobre todo de los adversarios a la gubernatura del 2015, porque era de sobra conocido que el ex agente, grabó y publicó en la red social de Facebook un video donde acusó de que en caso de que algo le sucediera a él o su familia la responsable era la presidenta municipal de La Paz. En el video –y de acuerdo a la grabación— el ex policía también señaló a Noé López Ramírez e Iván Sánchez Escobar, comisario y director operativo de la policía municipal de La Paz, así como al coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado, José Manuel Santoyo García y “de quienes –expuso– ya estoy harto de que me estén enviado mensajitos de amenazas y de que me anden intimidando”. En la videograbación, el ex suboficial dijo “sentir temor de caer en manos de un delincuente mandado por alguno de ellos y no volver con los míos y si algo me pasa son a las personas que nombré y los hago responsables de todo”. Un agente de investigación asignado al caso respondió algunas preguntas sobre todo en las acusaciones en contra de la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán. — ¿Quién pudo haber sido el más interesado en matar a alguien que públicamente responsabilizó a cuatro personas, entre ellos a la presidenta municipal de La Paz?, cuestionó ZETA. “Desde luego que dudo que la alcaldesa Esthela Ponce haya sido la más interesada, sobre todo si tomamos en cuenta que es una precandidata natural a la gubernatura y estamos en la antesala de la sucesión gubernamental. Sería descabellado pensar que la orden salió de su parte porque sería tanto como terminar su carrera política por un asunto meramente laboral. Por lo que he aprendido y vivido en la investigación de crímenes, veo que alguien trató de desabarrancarla en su lucha por la sucesión gubernamental o ¿a poco creen que ella haya mandado matar al ex policía?, estando a punto de arrancar las precampañas políticas”. 
—Entonces ¿es sospechosa o está descartada? “No estoy diciendo que esté descartada, lo que comento es que tengo mis dudas de que pueda estar detrás del crimen, porque mi experiencia me dice que algún político interesado quiso hacerle el favor a la alcaldesa”. — ¿De qué manera? “Bueno, pues sencillamente porque había una acusación en su contra y de otras tres personas y es casi seguro que alguien aprovechó la circunstancia y mató al ex suboficial, así era muy fácil incriminarla, mancharla y acabar con su carrera política, porque “había una acusación pública” y obviamente todos los señalados están bajo la mira y el verdadero homicida obviamente queda libre de todas sospechas”. — ¿Y quién pudo haber sido?, según su experiencia. “Bueno, la verdad es que sería temerario, señalar a alguien sin pruebas, lo que sí te digo es que puede ser fuego amigo o enemigo, cualquier interesado en participar en la carrera gubernamental del color que sea, llámese PRI, PAN, PRD o PT. Habría que voltear a ver a los precandidatos y a toda la gente que los rodea, porque alguien hizo el favor. Lo del ex policía puede ser un crimen político, como sucedió en su momento con el caso de José Francisco Ruiz Massieu en 1994, aunque obviamente guardado su debida distancia. No debemos perder de vista que viene la sucesión gubernamental y se están jugando muchos intereses y los demonios pueden andar sueltos y no podemos determinar aún hasta en tanto no haya algún detenido”. Sin embargo, de acuerdo al agente de investigación, la alcaldesa del PRI, “desde luego no queda descartada”, porque al haber una acusación tan seria, directa y difundida en una videograbación por la propia víctima, en su momento va a tener que ser llamada a declarar junto con el comisario y director operativo de la policía municipal y el coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado, José Manuel Santoyo García. En el tercer caso el ex agente también pudo haber sido asesinado por una venganza, sobre todo pudo haber provenido de alguien que en su momento fue víctima de una detención o abuso de autoridad. El ex suboficial –según algunas quejas radicadas en la policía municipal de La Paz— comúnmente instalaba filtros de revisión y extorsionaba a personas sobre todo de las comunidades rurales como San Antonio, El Triunfo, El Centenario, Chametla y hasta Conquista Agraria.
La última vez que el ex agente fue amenazado –según el expediente— fue cuando venía de la población de El Centenario hacia la ciudad de La Paz, quien en el trayecto fue interceptado por un vehículo y de carro a carro sus tripulantes le advirtieron que le “bajara de huevos”. Dos denuncias penales presentadas en la PGJE afirman que el ex suboficial responsabilizó de esas amenazas al comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Noé López Ramírez y el coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado, José Manuel Santoyo García. El crimen Un par de horas después de que el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, ofreciera una conferencia de prensa en la sala de gobernadores, y donde tocó el tema de seguridad, el ex suboficial de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Juan Antonio Salgado Burgoin, fue ejecutado a tiros en las calles de Misión de Mulegé y Misión La Purísima en el Fraccionamiento Misioneros de La Paz. El ex agente y su esposa Yuridiana Bibiana Geraldo –y según el testimonio de su propia pareja— había salido de su casa, localizada en la colonia Diana Laura, alrededor de las 11:45 de la mañana del pasado 21 de febrero. A bordo de su vehículo, una vagoneta de color guinda, tres puertas, línea Voyager y marca Mercury, primeramente recogieron a su hijo de 4 años en el jardín de niños, después pasaron a la casa de su suegra, y recogieron y subieron a la camioneta una bicicleta, y luego fueron por su hija de 11 años de edad, la cual salió cerca de las 12:30 de la tarde de la escuela primaria “24 de Febrero”. El ex policía manejó alrededor de 8 cuadras sobre la calle Justicia –en dirección a las colonias San Carlos y Santa Fe– y posteriormente dobló hacia la derecha sobre la calle de Misión de La Purísima, avanzando 4 cuadras más y estacionándose en la esquina justo con la calle de Misión Mulegé. El ex suboficial había llevado a la esposa –según el testimonio de la pareja– a la casa de una amiga donde entregarían la bicicleta que habían subido en la casa de su suegra, porque la habían vendido. Sin embargo, repentinamente, un vehículo tipo pick up de color blanco, línea Tacoma y marca Toyota, frenó y se colocó justo del lado del conductor y donde descendieron dos sujetos. El primero –según la esposa de la víctima— “un tipo muy bien vestido, camisa Polo, tez blanca y complexión delgada” y otro de quien no recordó sus rasgos físicos y características y quienes pistola en mano comenzaron a disparar en contra del ex agente policiaco. Los sicarios –según la sobreviviente— se bajaron sin prisa y “cuando se dio cuenta, empezaron a disparar en contra de su esposo”, cuyo cuerpo quedó recostado del lado derecho y todavía con signos vitales. Al momento del ataque, la esposa llevaba a su hijo de 4 años en las piernas y su hija de 11, iba en la parte de atrás y la cual fue sacada del vehículo por su madre cuando su brazo izquierdo empezó a sangrar. Los vecinos de la colonia salieron de sus casas y solo observaron que la camioneta pick up salió rápidamente, doblando hacia la izquierda y en la siguiente cuadra hacia la derecha, y la cual posteriormente –y según algunos testigos— el vehículo pick up fue visto sobre la calle que va hacia el Rancho San Rafael y el cual se internó sobre la terracería hasta perderse de vista. Los disparos fueron reportados por los vecinos y después de una minutos empezaron a llegar patrulla de la policía municipal de La Paz. En llanto, la esposa del ex suboficial, recibió a los primeros agentes con gritos y acusaciones: “¡Fueron ustedes!”, “¡Pinches perros!”, “¡Malditos!”, “¡Ustedes lo mataron!”. Completamente sorprendidos y con el rostro desencajado, los agentes solicitaron la presencia de refuerzos y ambulancias porque había heridos con arma de fuego, y comenzó a circular como reguero de pólvora el dato sobre el crimen del también conocido como “Comandante Burgoin”. Los paramédicos primero levantaron al ex oficial y después a la niña que caminaba por su propio pie con la mano doblada y quienes fueron trasladados al hospital general “Juan María de Salvatierra”. Ya en el hospital, y después de la una de la tarde, el médico de guardia notificó de la muerte de Juan Antonio Salgado Burgoin, y cuyo cuerpo fue entregado al Servicio Medico Forense de la PGJE. En el caso de la hija del ex agente, fueron extraídos dos proyectiles de la parte exterior del brazo izquierdo y la cual fue internada hasta su recuperación. 
Según la necropsia, el ex oficial recibió 11 tiros por proyectil de arma de fuego en la parte media del cuerpo –entre la cintura y el hombro del lado izquierdo–, y los cuales tuvieron el siguiente comportamiento: 1.- 8 entraron y salieron por la parte del tórax. 2.- 4 entraron en la parte interna del brazo derecho. 3.- 1 entró en la región pectoral del lado izquierdo. En la escena del crimen, los peritos de la PGJE, levantaron 10 cartuchos percutidos calibre 9 mm, y uno todavía sin percutir y el cual quedó tirado sobre la banqueta, todos en un radio de 12 metros a partir de la camioneta del ex agente. Las investigaciones Durante las pesquisas, la PGJE logró ubicar la camioneta utilizada por los sicarios, a raíz del hallazgo por parte de las fuerzas armadas y cuya unidad fue encontrada como abandonada cerca de las 12 de la noche de ese día. Sin embargo, el vehículo pick up no fue retirado de inmediato de las calles de Zapata entre Baja California Sur y Baja California Norte en el poblado de Chametla, porque bajo un discreto operativo, esperaron casi un día a ver si alguien regresaba a recogerla, lo que no sucedió. La camioneta blanca línea Tacoma, marca Toyota, modelo 2011, placas de circulación CE-83-381 y número de serie 3TMLUAEN8BM072061, había sido reportada como robada desde el 8 de abril del 2013 por su propietario Manuel López Cabrera, lo cual quedó asentado en la averiguación previa LPZ/227/AM1/2013. Durante la inspección se encontraron 3 tipos diferentes de huellas de calzado alrededor de la unidad sobre el suelo de tierra y 12 huellas dactilares parciales legibles en el interior y exterior de la unidad y en zonas de interés criminológico, por lo que se levantaron y se procedió al revelado. Dentro de la camioneta fueron encontrados 2 casquillos percutidos calibre 9 mm y marca Águila, uno sobre el piso debajo del asiento de la parte trasera y otro más sobre la caja del pick up. El dictamen de la dirección de Servicios Periciales concluyó que los responsables de haber disparado fueron 2 personas y quienes utilizaron pistolas Luger y Parabellum, los cuales efectuaron en total 12 disparos. Desde un principio, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) encabezada por Isaís Arias Famanía, tomó el caso, de cual –al cierre de esta edición— no tenía resultados sobre los presuntos responsables. El subprocurador perdió 72 horas, valiosas y claves para detener a los asesinos del ex policía municipal de La Paz y quienes desaparecieron del municipio. Lo que sí es que la SIE, y dando “palos de ciego”, como reveló un familiar de la víctima a ZETA, perdió el tiempo en perseguir a un joven originario de México, Distrito Federal de nombre Fernando Ariel Armenta Ramírez, y quien fue detenido en un operativo en Los Cabos, y posteriormente, liberado porque no “tuvo conexión con el crimen”. La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales pretendió incriminarlo por el simple hecho de que la camioneta abandonada estaba afuera de un departamento que rentaba en Chametla, y el cual estaba vacío porque salió a Los Cabos, hasta donde fue perseguido y finalmente liberado tras ser capturado. No obstante, la PGJE ingresó al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (Afis) los indicios dactilares encontrados en casquillos percutidos y en el interior y exterior de la camioneta, y estaba a la espera de resultados para identificar a los presuntos responsables del crimen. Los sicarios –según un agente de investigación asignado al caso— “eran profesionales” porque de los 12 tiros disparados 11 alcanzaron su objetivo, y dos de ellos, hirieron de rebote a la hija del ex policía. La esposa y el otro hijo de Burgoin no sufrieron daños, a pesar de que iban prácticamente a un costado. En el análisis del ataque, uno de los agentes de investigación en el caso, dijo a ZETA que “la táctica de los pistoleros fue precisa, mortífera y con bastante saña”, y evidentemente –explicó— “había orden de garantizar su muerte, de ahí que haya recibido 11 tiros en el cuerpo, y los sicarios incluso previendo que alguna bala pudiera impactar en el niño o la esposa del ex policía por estar a un costado, dispararon solo en el tronco medio del cuerpo”. La lucha La fama del suboficial de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Juan Antonio Salgado Burgoin, comenzó a correr y crecer de manera vertiginosa sobre todo en las redes sociales, particularmente en Facebook. Autonombrado como líder moral de la “Unión de Policías Municipales”, inició una fuerte lucha en junio del 2013 –en un principio— encauzada al mejoramiento de equipamiento, calzado y uniformes.
En base a una serie de videos grabados por él, los policías “carecían de todo y era injusto que no tuvieran un uniforme digno, botas y equipo como esposas, gas lacrimógeno y hasta armamento”. Sin embargo, las exigencias fueron creciendo, conforme agarró simpatías el movimiento dentro de la corporación hasta llegar a solicitar aumento salarial, porque “no es justo que los policías ganen 3 mil 500 pesos, cuando en casi todos lados, ganan 6 mil pesos quincenales”. Las demandas y comentarios que inicialmente surgieron en las redes sociales se llevaron hasta la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, y posteriormente al seno del cabildo, y donde después de un estira y afloja fue presentado formalmente un pliego petitorio de 17 puntos donde se destaca lo siguiente: 1.- La entrega de dos uniformes por año, botas y equipamiento. 2.- La implementación de la llamada carrera policial. 3.- La entrega de apoyos de traslado y alimentación a policías enviados a comunidades rurales. 4.- La reinstalación del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas conocido como ERUM, y el cual fue cancelado en el gobierno de Rosa Delia Cota Montaño. 5.- La homologación salarial a partir del 1 de julio del 2013. 6.- El pago de un bono de riesgo. En el seno del cabildo, se estableció una mesa de negociación entre integrantes de la “Unión de Policías Municipales” y autoridades encabezadas por el comisario de la policía municipal, Noé López Ramírez y el secretario general del gobierno municipal, Guillermo Beltrán Rochín. Aunque algunas demandas se cumplieron, como la homologación de salarios y donde –según el comisario Noé López— pagarán este año más de 40 millones de pesos tan solo en el ajuste salarial, otras –reconoció— “fueron imposible” y todavía analizaban cómo poder concretarlas, es el caso del llamado “bono de riesgo”, en virtud de que el dinero del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) viene etiquetado únicamente para capacitación, equipamiento y prevención del delito. Obviamente, la negativa generó un encontronazo entre el ex suboficial Juan Antonio Salgado Burgoin y el comisario de la Policía Municipal de La Paz y cuyas críticas –del oficial– posteriormente pasaron en contra de la Presidenta Municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán y luego contra el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Omar Zavala Agúndez. El reclamo del ex suboficial subió duramente de tono y “tuvo un comportamiento sistemático y radical” –según definió el propio comisario de la policía municipal, Noé López Ramírez— y “fuimos tolerantes y respetuosos al grado de resolver 16 de los 17 puntos, sobre todo porque ciertamente la policía era un desastre desde que fuimos nombrados en el cargo y nos dimos cuenta de todas las carencias y necesidades que había en la corporación”. No obstante, las duras críticas del ex agente empezaron a esparcirse en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del congreso local y líder del PRI, Juan Alberto Valdivia Alvarado, y de quien se quejó de “no intervenir, a sabiendas de que se están violentando todos los derechos humanos de los agentes de la policía”. El punto más crítico fue el 28 de enero, cuando el ex agente llegó acompañado del líder municipal del PAN, José Luis Urías Corrales, y prácticamente encaró a diputados y al senador del PRI, Ricardo Barroso Agramont. El propio presidente de la Comisión de Seguridad Pública del congreso local, Omar Zavala Agúndez –y en una conversación grabada por el propio policía— reclamó a Burgoin de “andar jalando con los del PAN”, pero él se desligó y explicó que “él llegó solo y nos acompañó porque nadie nos quiere hacer caso”. Como era de esperarse, Juan Antonio Salgado Burgoin fue despedido el 8 de febrero pasado y dejó de prestar sus servicios como suboficial de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, lo cual fue notificado por la Dirección Jurídica y Operativa.
El propio comisario de la policía municipal de La Paz, Noé López Ramírez, aceptó que “el ex agente fue despedido porque ya había rebasado los límites de indisciplina, a sabiendas que en la corporación tenemos una disciplina semimilitarizada y debe haber un orden y respeto a los mandos”. No obstante, el ex suboficial volvió a la cargada dos días después y pretendió colocar un plantón permanente “por su despido injustificado y en demanda del pago del bono de riesgo y de un mayor incremento salarial” –según dijo–, pero fue desalojado por sus propios compañeros policías y quien posteriormente presentó una queja en contraloría y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante, 13 días después del despido fue ejecutado. El cuerpo del ex policía fue enterrado el 22 de febrero, en medio de gritos y llantos de los familiares y amigos y quienes dijeron que no descansarían, hasta lograr justicia. El ex policía primero fue velado en la funeraria “San José”, localizada sobre la calle Bravo y después salió una caravana vehicular que se detuvo por unos minutos en la casa de la alcaldesa en Félix Ortega y Allende y posteriormente siguió hasta llegar al panteón de “Jardín de los Recuerdos”. Hoy por hoy, la familia de la víctima, amigos y compañeros de la Unión de Policías Municipales, citaron a una marcha el sábado 1 de marzo, a partir de las 10 de la mañana en el cruce del boulevard Luis Donaldo Colosio y Paseo de Los Deportistas en la colonia Donceles, justo frente al Ayuntamiento de La Paz, y cuya marcha pacífica ira en dirección a la Procuraduría General de Justicia del Estado y donde exigirán justicia pronta y expedita. La postura de los incriminados Nombre Cargo Lo que dijo: Esthela Ponce Beltrán Alcaldesa de La Paz “Yo sigo lamentando mucho este acontecimiento, puedo el llegar a entender al ser separado de su cargo que pudiera tener él y su familia alguna molestia, sin embargo, nosotros hemos actuado conforme a la ley y nos interesa por eso y muchas razones más que se esclarezca esta situación. Soy la principal interesada en que se detenga a los responsables y se les juzgue por este hecho tan lamentable” Noé López Ramírez Comisionado de la policía municipal de La Paz “Fue un golpe muy duro que cimbró a toda la corporación y a la ciudadanía y creo que todavía no puedo sobreponerme de la sorpresa. Estamos abiertos a cualquier investigación y a pesar de las diferencias, creo que la lucha de él fue justa y tuvo logros importantes” Iván Sánchez Escobar Director operativo de la policía municipal de La Paz Guardó silencio José Manuel Santoyo García Coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado Guardó silencio Las diferencias con los señalados en videograbación Nombre Cargo Motivo Esthela Ponce Beltrán Alcaldesa de La Paz Despido laboral Noé López Ramírez Comisionado de la policía municipal de La Paz Despido laboral Iván Sánchez Escobar Director operativo de la policía municipal de La Paz Diferencias laborales José Manuel Santoyo García Coordinador de Enlace Gubernamental del gobierno del estado Porque la víctima lo exhibió en página de Facebook cuando fue descubierto sosteniendo relaciones extramaritales con una empleada del gobierno. El policía –en ese tiempo en funciones— subió foto del funcionario subiéndose los pantalones, así como de su identificación oficial y de su vehículo e intentó fotografía a la acompañante, lo que generó una fuerte discusión entre ambos hasta llegar a las amenazas de muerte.
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