La última vez que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una indagatoria en contra de criminales del municipio de La Paz, Baja California Sur, fue el 22 de junio de 2012, cuando bajo el número de averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/237/2012, recabó información, identificó células delictivas e inició la persecución del entonces jefe de plaza del narcomenudeo, Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco”. Los agentes de la Unidad Especializada en Delincuencia de la SEIDO, obtuvieron información del paradero del jefe criminal y fueron por él, después de que la agente del Ministerio Público de la Federación, Liliana González Lira, libró una orden de aprehensión en su contra. Catearon siete viviendas, operativo en el cual se detuvo únicamente al sobrino del narcomenudista, identificado como Roberto Salazar Monzón, de entonces 22 años, y su pareja sentimental, Blanca Esthela Avilés Agúndez, de 19, cuando se encontraban empaquetando droga en la calle Coromuel número 330, entre Rivapalacios e Insurgentes, Fraccionamiento Juárez de La Paz. En manos de los agentes de la Unidad Especializada en Delincuencia, el familiar de “El Oaxaco” fue generoso con sus captores y, sin necesidad de presionarlo, habló sobre la estructura criminal, quiénes participaban, por qué lo hacían. Hasta dio santo y seña de sus protectores en la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Coordinación de Giras del Gobernador del Estado de Baja California Sur. 
Sin embargo, 55 días después, es decir, el 15 de agosto de 2012, cuando la SEIDO preparaba nuevos operativos que llevaran a su captura, “El Oaxaco” fue levantado, torturado, asesinado y calcinado cuando se encontraba en el rancho “Cuatro Corrales”, en la comunidad de San Luis Gonzaga, en Comondú. Los criminales sabían que el ex capo era buscado por la SEIDO y representaba un peligro en caso de ser ubicado y detenido, por eso lo mataron. A partir de entonces, la Unidad Especializada de Delincuencia de la SEIDO tiene entre sus expedientes los nombres de agentes, mandos y funcionarios públicos que desde el gobierno de la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, y del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, protegen y encubren a criminales, a cambio de fuertes cantidades de dinero. Por eso no es obra de la casualidad -según un agente de investigación de la SEIDO- que “la policía Municipal de La Paz y la Policía Estatal Preventiva, no persiga ni capture a narcomenudistas”. El agente de investigación -quien es parte de la Unidad Especializada en Delincuencia- participa desde el 12 de octubre de 2014 en la elaboración de un mapeo en el Estado de Baja California Sur, donde de entrada, en el catálogo de incidencia delictiva de ambos cuerpos de seguridad pública descubrieron lo siguiente: * De 2013 a la fecha, la Policía Municipal de La Paz no tiene registrada una sola detención, ni puestas a disposición de narcomenudistas en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) y de la Procuraduría General de la República (PGR). * Policía Estatal Preventiva (PEP) no captura vendedores de droga desde el 19 de agosto de 2014. Peor aún, ambas corporaciones de seguridad, evidentemente protegen, informan y están coludidas con criminales, pues de acuerdo al agente de la SEIDO, “durante este lapso de tiempo recibieron 175 denuncias anónimas sobre vendedores de droga que quedaron registradas en el Sistema Nacional de Denuncia Anónima, a través del teléfono 089, y por complicidad no atendieron las denuncias ciudadanas”. — ¿Cómo saben que no fueron atendidas?, preguntó ZETA. “Porque cuando cotejamos la información, revisamos cuántas denuncias entraron vía denuncia anónima, y cuántas personas detuvieron en ese mismo periodo. Y vaya sorpresa al descubrir que no detuvieron ni pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público absolutamente a nadie. Según el registro, en las denuncias anónimas “la gente ofreció información de los vehículos, rasgos físicos de los vendedores de droga, vestimenta y hasta la ubicación en el momento en que hacían la transacción”. — ¿Y qué paso? “Nadie acudió al llamado, lo que nos arroja que los policías y mandos están protegiendo a narcomenudistas, cobrando un sueldo por hacer como que trabajan en las corporaciones, y otro que viene del crimen organizado por encubrir sus actividades ilícitas”, describió el agente. En la revisión y análisis de la información sobre incidencia delictiva, la única que ofreció información sobre capturas y puestas a disposición de narcomenudistas fue la PGJE, a través del COE, tras detener a casi 150 vendedores de droga e incautar 20 mil dosis de “’cristal’, marihuana y cocaína”. El agente de investigación dijo que desde el 21 de agosto de 2012, por mandato, la PGJE es responsable de investigar el delito del narcomenudeo y abrió 390 averiguaciones previas en contra de narcomenudistas, de los cuales 133 fueron consignados y enfrentan procesos penales en Juzgados locales de Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Paz, Guerrero Negro, Vizcaíno y la llamada Zona Pacífico Norte. Plan fallido 
“Aunque tengan la voluntad, ningún plan o programa de seguridad va a funcionar mientras los criminales estén coludidos con la Policía”, advirtió el agente de investigación de la SEIDO consultado por ZETA. Por su parte, el comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal de La Paz, Manuel Arce Delgadillo, se quedó frío al recibir el reporte mensual de detenciones. Reconoció que no aparece una sola captura de asuntos relacionados a la puesta a disposición de vendedores de droga al menudeo. — Se habla de denuncias anónimas y ni un solo detenido, ¿cómo van con el programa de depuración? ¿Qué sucede, por qué no están deteniendo y persiguiendo a los narcomenudistas?, planteó este Semanario. “Eso mismo le pregunté a mi gente. Es un tema delicado, tenemos resultados, no te puedo dar el número exacto, pero se han generado varias bajas de policías, incluso un agente de la Policía que fue encontrado consumiendo droga. En los exámenes de Control y Confianza no nos botó; nos botó hasta en las pruebas de antidoping, y ya no se le renovó arma, inclusive dejó de pertenecer a la corporación a raíz de ese hecho. Definitivamente es un tema delicado, a veces no puedes tener una desbandada, hay que irlos segregando. “Ahorita te lo digo como abogado, porque a fin de cuentas no soy policía, para mí todo debe seguir un procedimiento. Tenemos instalado ya el Consejo de Honor y Justicia, y hace escaso un mes, el Cabildo nos aprobó el reglamento, y esa va a ser la instancia para someter en el seno del consejo no nada más las bajas, sino estímulos también; porque tenemos muchos policías que en el pasado huracán ‘Odile’ sacaron la casta, no todo es tema de inseguridad y lo vinculado a hechos violentos. Esta vez pudimos evaluar el nivel de repuesta. “Yo, y debo decirlo, me situaba en esa parte de la sociedad de que vemos al policía de lejos y le sacamos la vuelta, pero cuando vez el nivel de compromiso te da otra imagen, y no podemos sustraernos a la depuración de policías malos, cuando también hay buenos elementos”, respondió Arce. El 24 de junio de 2014, la presidenta municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, presentó con bombo y platillo la “Estrategia Integral de Seguridad Pública y Prevención Social para la Violencia y Delincuencia en el periodo 2014-2015”. El plan contemplaba, entre otras cosas, los siguientes puntos: 1.- Coordinación interinstitucional transversalizada como política pública incluyente. 2.- Fortalecimiento de la política de seguridad pública municipal. 3.- Desarrollo policial y profesionalización. 4.- Policía comprometida por la proximidad social. 5.- Participación ciudadana para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 6.- Operativos de servicio y mejora a la comunidad. 7.- La normatividad como base de actuación de los integrantes de la Policía Municipal. 8.- Innovación y modernización administrativa. Después de 37 días del lanzamiento, la promocionada estrategia de seguridad fracasó cuando comenzaron las balaceras y ejecuciones en La Paz, donde la violencia no solo se registró en la ciudad capital, sino se desbordó hacia pequeñas comunidades turísticas como Los Barriles y Todos Santos. Completamente anulado el fallido plan, el comisario de la Policía Municipal de La Paz aceptó que tuvieron que implementar “una nueva estrategia, pero focalizada al nuevo esquema de violencia que se está viviendo, donde montaron operativos o volantas en calles y avenidas para detectar e infraccionar, inclusive retirar de circulación vehículos sin placas y tarjetas de circulación y polarizados; incluso participamos en los operativos interinstitucionales”. La complicidad Respecto al mapeo delictivo, el agente de la SEIDO dijo que haber recibido quejas de agentes de la PEP sobre la instrucción de la subsecretaria estatal de Seguridad Pública, Martha Cecilia Garzón López, y del comisario Francisco Javier Camacho Manríquez, de “no actuar ni a favor ni en contra de los vendedores de droga, y de la recomendación de que si pueden, ni se aparezcan o lleguen tarde a los crímenes”, desde que se descubrió “la participación de agentes, sobre todo en el asesinato de Esteban Espinoza Velázquez ‘El Pantera’, registrado el 31 de julio pasado”, citó el entrevistado. “Las sospechas de sus nexos con criminales, se acrecentaron cuando por órdenes de la subsecretaria y del comisionado anterior, Ragner Torres Morenos, se dio la orden de desaparecer el Grupo Especial Operativo (GEO), responsable del combate al narcomenudeo. “Tenemos información de que lo primero que hizo ese señor Ragner Torres Moreno en su calidad de comisario de la Policía Estatal Preventiva, fue nombrar a un primo del coordinador de Giras del gobernador, de nombre Irineo Martínez, llamado Fernando Ramírez Martínez ‘El Sabueso’, como subcomisionado; y bajaron la orden de no detener vehículos de narcomenudistas, lo que de entrada provocó un choque con el GEO, que desde su inicio hasta su desaparición, si mal no recuerdo el 18 de agosto pasado, detuvo a 215 delincuentes, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, de los cuales el 95 por ciento fue capturado por narcomenudeo y posesión de armas de fuego”, explicó la fuente. Además, refirió que “las capturas de narcomenudistas, contradiciendo su orden, comenzaron a incomodar al comisionado y subcomisario de la Policía Estatal Preventiva, tanto que las últimas dos detenciones de vendedores de droga fueron el detonante para desaparecer ese grupo policiaco”. De acuerdo con su información, la primera se dio el 30 de julio, cuando fueron detenidos los narcomenudistas Jesús Ángel Cota Lucero y Cristian Bianchi Díaz, quienes tenían en su poder una bolsa de cocaína, “cristal” y marihuana, y andaban en una camioneta Honda CRV de color blanco, placas de circulación ZCM3N53. La segunda fue el 18 de agosto pasado, cuando se detuvo a tres narcomenudistas con 22 envoltorios de “cristal”, una bolsa de marihuana, una bolsa de cocaína y 2 mil 600 pesos. Sus nombres son José Arvizu Valenzuela, Jesús Alberto Méndez Castro y Silvia Jaqueline Gómez Amezcua. Una vez desintegrado el Grupo Operativo Especial, los agentes fueron enviados a cuidar funcionarios, sus casas y a puntos fijos en instituciones gubernamentales. Peor aún: en base a lo expuesto por el agente de investigación de la SEIDO, los nexos entre criminales y policías -sobre todo de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública- son tan obvios que un grupo de policías señalados de estar vinculados con delincuentes no fueron cesados, sino únicamente sacados de operaciones y encomendados a tareas administrativas dentro de la PEP. Inclusive el investigador señaló que uno de ellos, de nombre Martín Aceves Marqués “El Keko”, resguardó, en el patio de la SEPS, una camioneta Nissan Armada 2006 de color blanco, placas de circulación BHB-5462 propiedad de un narcomenudista. Para concluir, de acuerdo con el agente de la SEIDO, “todo mundo en la Policía la reconoce y tienen información que era de un narcomenudista de la zona norte de La Paz, y el policía de repente llegó a bordo de ella, la guardó en la Subsecretaría y ahí sigue. Hasta donde hemos podido investigar, está registrada a nombre de Herlinda Liliana Rodríguez Mendoza, con domicilios en los fraccionamientos Villa del Real y El Florido, en la ciudad de Tijuana, Baja California, quien tiene dadas de alta otras tres camionetas del estilo y figura, como pareja de Raúl Enrique Castro”. Caen cinco sicarios en Todos Santos Casualmente, y después de la llegada de la Unidad Especializada en Delincuencia de la SEIDO, la Secretaría de Marina logró la captura de cinco sicarios del Cártel de Sinaloa, en un operativo realizado la madrugada del 22 de octubre en el poblado de Todos Santos. Los detenidos responden a los nombres de Aarón Eleuterio Gutiérrez Sosa, Daniel Ovalles Vázquez, Jesús Alberto Quiroz Villarreal, Norberto Sánchez Meléndez y Fausto Rodolfo Zavala Robles, este último, detenido con anterioridad -26 de agosto de 2014-, cuando husmeaba las viviendas del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y del ex subdirector de la Policía Ministerial del Estado, Martín Álvarez Savín, en la colonia La Esperanza I. En aquella ocasión, el sujeto fue capturado con otros cuatro acompañantes: Eusebio Oroña Quiñonez, Teodoro Oroña Quiñonez, Martín Octavio Burgueño Reyes y Rubén Adrián Ávila Quiñonez, en posesión de tres pistolas Pietro Beretta 9 milímetros, abastecidas con cuatro cargadores. Sin embargo, no se sabe cuándo y por qué causa fue liberado, después de que la PGJE entregó al detenido en la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR). Esta vez, Fausto Rodolfo Zavala Robles fue detenido en posesión de una granada de fragmentación, cuatro armas cortas, cargadores y aparatos de radiocomunicaciones. Quedó a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE). En sus primeras declaraciones, uno de los pistoleros dijo haber sido contratado por Cruz Alonso Lozoya “El Grande” y Vidal Martínez Barraza “El Víctor” o “El Vidal”, y trabajar para Alejandro Sánchez Trejo “El Fran” o “El Frane” y Ranulfo Portillo López, células criminales de Dámaso López Núñez “El Licenciado”. Según el sicario, fueron enviados al poblado a “cumplir un encargo”, aunque no especificó de qué se trataba. La captura de estos cinco sicarios, se suma a otra realizada el 16 de octubre por el Ejército Mexicano, también en Todos Santos, donde fueron detenidos en posesión de un rifle de asalto AK-47 y un R-15, los siguientes sujetos: Roberto Leyva Verdugo, de 18 años de edad; Alejandro Espinoza Cabrera de 23; Javier Ortiz Saavedra, de 21; Mauro Alán Valles Aguilar, de 22; y Fernando Arturo Ramírez, de 27.
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