“El Chapo” Guzmán teme pena de muerte en EU

Un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal admitir una demanda de garantías del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en contra de la probable orden de extradición a los Estados Unidos. Originalmente, el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo especializado en el Distrito Federal desechó el 16 de diciembre de 2014 la solicitud del ex líder del Cártel de Sinaloa por considerar que el quejoso reclamaba actos futuros e inciertos. La resolución fue impugnada por el capo mediante el recurso de queja. Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declararon fundada la queja, al estimar que el juez de amparo debió admitir la demanda de derechos fundamentales y en el momento procesal oportuno resolver lo que corresponda, señala el fallo cuya copia obra en poder del semanario ZETA. Los reclamos del “Chapo” Guzmán En el desechado juicio de amparo 1233/2014, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera señala como autoridades responsables al secretario de Gobernación, procuradora general de la República, secretario de Relaciones Exteriores y al Embajador de México ante los Estados Unidos de América. También pide la protección de la justicia federal contra el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de hacer la solicitud de la orden de extradición y de la Jueza Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal que conoce del proceso de su evasión de la penitenciaría en 2001, entre otras autoridades. En cuanto a las autoridades extranjeras señala al procurador general, al secretario general de Seguridad Nacional, al director de la Drug Enforcement Agency (DEA) en Chicago Illinois y al gobernador del estado de Texas. “El Chapo” Guzmán reclama de las autoridades nacionales –como actos futuros e inminentes- “la inconstitucional, autoritaria y antipatriota orden o disposición que den las autoridades ministeriales y judiciales para que finquen un proceso en mi contra con fines de extradición a los Estados Unidos de Norte América o a algún otro país extranjero”. El narcotraficante sinaloense cita declaraciones vertidas el 9 de diciembre  próximo pasado por la senadora demócrata norteamericana Dianne Feinstein, Presidenta del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta de ese país, en las que señala que “en los Estados Unidos mantienen cárceles secretas destinadas a inferir abominables torturas”. Guzmán Loera advierte que “por medio de infamante tortura, se me declare culpable de la comisión de delitos que ellos dicen cometidos y así se me apliquen penas inclementes o hasta la pena de muerte, la cual está expresamente prohibida por la Constitución General de la República”. De las autoridades extranjeras reclama “la comisión de actos futuros e inminentes relacionados con su obstinada intención de extraditarme hacia los Estados Unidos de Norteamérica para ser juzgado en esa nación y con la aplicación de feroz degradación, cruel e inhumano maltratamiento, y con atestes de testigos ‘colaboradores’, pagados, aleccionados y protegidos, para obligarme a que me declare culpable de la comisión de delitos graves que no he cometido, ello con la ejecución de la inconstitucional orden de extradición, relacionada con la pena capital”. Pruebas mediáticas del capo Luego de que el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México desechó la demanda de garantías de Joaquín Archivaldo, los abogados del narcotraficante echaron mano en el recurso de queja de todas aquellas declaraciones mediáticas realizadas por funcionarios, sobre todo norteamericanos, para demostrar que el interés de entregarlo al país extranjero es un acto futuro e inminente. Así, ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal, los defensores de Guzmán citan que el procurador general de los Estados Unidos de América, informó al congreso de su país, su interés personalísimo para extraditar a su cliente “para someterlo a prisión perpetua, equivalente a pena de muerte”. En sus agravios, los representantes de “El Chapo” estiman que en 2014 hubo conversaciones telefónicas del procurador estadounidense con el entonces procurador general de México, Jesús Murillo Karam, sobre el tema, asegurándole este último al primero “que esta extradición sería cuestión de tiempo”. Del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América citan su declaración del 26 de febrero de 2014 ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de ese país, donde habría dicho del narcotraficante mexicano: “quiero que enfrente a la justicia en los Estados Unidos y asegurarme que nunca más salga a la calle nuevamente”. Los representantes jurídicos de Joaquín Guzmán estiman que la sentencia anhelada por el funcionario extranjero, destacada en una audiencia pública y publicada en medios de comunicación, equivale a la pena capital. Sobre el gobernador de Texas, los abogados refirieron que en diversas ocasiones ha expresado públicamente, que está gestionando que Joaquín “El Chapo” Guzmán sea juzgado en ese estado “para aplicarle el rigor de la ley”. Detallan que Texas es una entidad norteamericana “que aplica la pena de muerte, principalmente a personas de ascendencia mexicana, como ha sucedido en los actuales tiempos”. Y como ejemplo, citan las ejecuciones de Ramiro Hernández Llanas, el 9 de abril de 2014 y de Miguel Ángel Paredes, el 28 de octubre, también del año pasado. En referencia al director de la DEA en Chicago, Illinois,  Jack Riley, destacan las declaraciones emitidas por el jefe policial al periódico Chicago Sun Times el 23 de febrero de 2014: “Haremos todo lo posible por traer al Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos para aplicarle con el rigor de la ley, el castigo que no le permita jamás volver a la calle”. También para probar que la extradición contra el mexicano es un acto futuro e inminente, en la queja se señala que el Embajador de México en Washington, D.C. “ha manifestado enfáticamente ante la prensa norteamericana, que Joaquín Guzmán, será extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica para que sea juzgado y se le aplique la ley, esto es cuestión de tiempo, y será muy pronto”. Meses de infierno en el Altiplano “Bajo protesta de decir verdad”, el narcotraficante manifestó en su escrito de demanda que el 22 de febrero de 2014 fue detenido en el puerto de Mazatlán por elementos de la Secretaría de Marina, sin que mediara orden de aprehensión, ni de la inconstitucional orden de localización y presentación. Desde el momento de su violenta detención, asegura, fue conducido al CEFERESO número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el cual se encuentra recluido y donde en los siguientes ocho meses posteriores a su detención, la autoridad carcelaria lo ha sometido a “la más infame, cruel e inhumana forma de encarcelamiento, en una celda especial de segregación y castigo donde ha sido sometido a un brutal daño psicológico y moral”. Agrega que él, su familia y sus abogados defensores “tenemos temor fundado de que con argucias y artilugios inconstitucionales e improcedentes, sea extraditado hacia los Estados Unidos de Norteamérica o algún otro país extranjero, en donde los Estados Unidos tienen cárceles secretas para ser ‘juzgado’ y condenado a la pena capital o prisión perpetua”. Por lo anterior, el quejoso solicitó “a ese H. cuerpo colegiado garante de legalidad constitucional”, le conceda la suspensión de plano de los actos reclamados y en su momento procesal la definitiva y el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que se reclaman a todas las autoridades de quienes se queja.   Procedente admitir la demanda En forma unánime, los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron “desacertada la determinación del Juez de Distrito, al desechar la demanda por trastocar los principios esenciales del juicio de amparo” y declararon fundados los agravios esgrimidos por “El Chapo” Guzmán. El tribunal de alzada ordenó al juzgador que, de no existir motivos diversos para desechar la demanda de amparo, la admita, asuma la jurisdicción que le corresponde y en el momento procesal oportuno resuelva lo conducente. El Juez Decimotercero de Distrito ya hizo recepción del fallo y acató la admisión del juicio de garantías. Incluso concedió la suspensión de plano al quejoso, para que por el momento –de existir- no se ejecute orden alguna de detención provisional con fines de extradición internacional en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Trascendió que por razones establecidas en la legislación mexicana el amparo peticionado por “El Chapo” no procede en contra de las autoridades extranjeras, por lo que podría causar sobreseimiento en ese sentido, pero indudablemente deberá estudiarse el juicio constitucional en contra de las autoridades mexicanas.