“Para el ciudadano individual, todo lo que no está prohibido está permitido; pero para los organismos públicos, y especialmente el gobierno, todo lo que no está permitido está prohibido”: John Laws, jurista inglés
En el ejercicio de la función pública, la garantía y el equilibrio para los gobernados se basan en la obligación de los gobernantes de respetar y robustecer el principio de legalidad, en los límites y restricciones establecidos para evitar los abusos de los grupos en el poder.
Esto significa que “cada uno de los actos de los órganos del Estado debe estar fundado y motivado por el derecho vigente”, que los servidores públicos únicamente pueden hacer aquello que expresamente les faculta la Ley, la cual prometen acatar y hacer respetar al tomar posesión.
Si una Ley no les gusta, no tienen permiso de violarla, porque están facultados para modificarla. Tal como Morena ha anunciado que lo hará en la próxima Legislatura, donde técnicamente, gozarán de mayoría absoluta -si las impugnaciones no proceden- con sus 161 diputados electos de manera directa, 87 de éstos plurinominales.
Son 248 legisladores del partido vinotinto, que sumados a y los 125 que alcanzó su coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, y que podrán vender caro su amor, tendrá 373. El 75 por ciento del Congreso, la mitad más 123 para modificar las leyes que les vengan en gana.
“Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, ha pregonado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y guía de los morenistas, pero sus discursos chocan ruidosamente con la realidad, mientras los miembros del partido y amigos del mandatario cometen delitos al violar la Constitución y regulaciones generales.
Como los morenistas en Ciudad de México, donde el fiscal Ulises Lara decidió, porque pudo y le dio la gana, ignorar la orden de un juez e impedir el 14 de agosto al Gobierno de Chihuahua, ejecutar una orden de aprehensión por el delito de corrupción en contra de su ex gobernador Javier Corral.
¿Qué tan bizarro resulta que la limitada eficiencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno de los Abrazos, no balazos iniciaran la carpeta SON/HSO/0001/882/2024, después que Joaquín Guzmán López se entregara al Gobierno de Estados Unidos, privara de la libertad y entregara también, a su padrino Ismael Zambada, quien por cierto aseguró en un comunicado, que el día que lo secuestraron, tenía cita con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue exculpado públicamente por López Obrador sin que mediara investigación?
Mientras delinquieron en México, la FGR no los detuvo, pero ahora, informó que en 17 días realizó más de 100 diligencias en ambos lados de la frontera mientras investiga la presunta comisión de “delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria” según comunicado emitido el 11 de agosto.
Otro de los episodios recientes y vergonzantes de este abuso de poder, fue cuando “la Sexta Sala Regional Metropolitana, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(TFJA), determinó, el 7 de agosto de 2024, que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no podría sancionar a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en el caso del supuesto plagio a la tesis de Licenciatura, presentada en 1987, casi idéntica a la que el alumno Edgar Ulises Báez, defendió un año antes que ella, en 1986”.
Báez, ciudadano afectado, denunció y presentó pruebas ante las autoridades que esta mujer recomendada como ministra por el Presidente, encargada de sentenciar entre lo correcto e incorrectos, lo legal e ilegal, quien debería ser ejemplo de rectitud “gozar de buena reputación y buena fama” copió su tesis. Después de un a concienzudo análisis, la UNAM determinó que el reclamo era válido porque existían pruebas suficientes y relevantes, pero el TFJA le ordena a la universidad autónoma no sancionarla, porque la que fuera una corrupta estudiante, ahora sólo es su ex alumna y no está bajo su jurisdicción.
Consultados por ZETA, abogados comentaron “la realidad es que los jueces tienen miedo”, una emoción que funcionarios con sueldos publicados de 108 a 119 mil pesos mensuales no tienen derecho a considerar en sus sentencias, como refiriera el finado activista Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”.
Los especialistas en Derecho también comentaron que en este caso aún existe la posibilidad de promover un amparo, pero lo debe hacer un interesado, sea algunos de los participantes del comité revisor o la propia UNAM, si es que no tienen miedo como los jueces o consideran que es una batalla perdida y prefieren darse por perdidos son luchar.
Pero el tema aquí es que la señora Esquivel obtuvo su título de licenciada en Derecho con acciones corruptas y la están protegiendo, cuando es evidente que si un acto similar hubiera sido cometido por Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, o cualquiera de los otros magistrados a los que el Presidente acusa constantemente de “falsos, mentirosos y comprados”, les hubiera faltado leña verde para quemarlos.
Ejemplos sobran, pero es evidente que no se puede esperar mucho de una institución política que permanecer en el poder, violenta sus estatutos en elecciones internas, realiza actos anticipados de campaña, mientras sus candidatos evaden entregar informes de ingresos y gastos, y su líder moral pasó seis años violentando la Ley en campaña permanente desde el púlpito presidencial.
Sólo queda reclamar como individuos y sociedad organizada, impugnar y denunciar si se está en posibilidad legal, y recordarles que mientras no modifiquen las leyes, están obligados a respetarlas.
