Entre 2021 y 2023 las denuncias en investigación por el delito de tortura crecieron 172 por ciento, según lo dio a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado mediante una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Los datos proporcionados señalan que, en el 2021 se aperturaron 11 carpetas; en 2022 fueron 15; y durante el 2023 el total fue de 30 carpetas de investigación por tortura implementada por servidores públicos del área de seguridad, sin especificar la corporación.
“Vivimos en una entidad en donde todavía se utiliza el tehuacanazo para sacar información, donde el ciudadano no tiene el hábito de denunciar cuando se violentan sus derechos o cuando son víctimas de tortura, y esto es, porque somos un estado machista: creemos que por denunciar estos atropellos somos menos hombres por no aguantar una calentadita, ¿pero qué pasa cuando se les pasa la mano? Ahí es cuando vienen los reclamos, las denuncias y demás, pero no pusimos un alto para frenar unas cachetadas, antes de que fuera tortura y muerte de alguien más”, dijo una fuente del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.
A la fecha se siguen implementando programas de prevención y erradicación de la tortura en la entidad, pero realmente no hay una acción penal en contra de los servidores públicos que ejercen la violencia en su actuar policial y no se ha judicializado un sólo caso en contra de algún elemento o corporación.
Así lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia en el Estado: de 2016 a la fecha, “no existe una sola sentencia por el delito de tortura”, es decir, no hay registros de sentencias ni de condenas absolutorias, de acuerdo a datos recabados de todos los juzgados de Primera Instancia en los cinco Partidos Judiciales del Estado.
Durante los años de la administración de Víctor Castro Cosío en el Gobierno Estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 15 recomendaciones a instituciones públicas de gobierno, de las cuales 10 han sido en contra de instituciones de seguridad pública; es decir, el 66 por ciento están relacionadas al uso de la fuerza pública en contra de ciudadanos.
En mayo del 2023, una mujer identificada como Mariana solicitó ayuda tanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a la CEDH, por el acoso y tortura psicológica por parte de Agentes de Investigación Criminal, que en su momento fue ignorada.
“El 17 de mayo yo empiezo a tener acoso por parte de tres Policías Ministeriales; vinieron aquí a mi casa a acosarme a tomar datos de mi casa, de mis vehículos. Mi esposo les pregunta que qué necesitan, qué por qué lo están haciendo; las personas, según servidores públicos, lo que hacen es tomar datos y al día siguiente mis vehículos amanecen siniestrados, totalmente destruidos. Lo tengo en video cuando los destruyen, y cuando dicen todos, todos, haciendo referencia a que destruyeran los vidrios de todos los autos”, expresó la denunciante.
Sin embargo, por grabaciones y fotografías de los elementos de seguridad, la autoridad en derechos humanos pudo emitir la recomendación 04/2023 en contra de la Procuraduría por violar el “derecho humano a la fundamentación y motivación” y el “derecho humano a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública”.
Las grabaciones forman parte del expediente de la recomendación; a la par, también se investiga a Manuel “N”, su vecino, que presuntamente la amenazó de violarla junto con sus trabajadores si no abandonaba el predio donde habita.
De momento no se ha resuelto sentencia o judicializado el caso de tortura en contra de Mariana; a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos falló a su favor, la PGJE no ha resuelto ni el caso de tortura y abuso de poder en su contra y mucho menos las amenazas del particular.
En lo que respecta a denuncias por tortura, del 2016 al 2020 se registraron 69 carpetas de investigación; ahora, del 2021 a lo que va del 2024, años en los que Víctor Castro ha estado al frente del Gobierno Estatal, la cifra ha ido en aumento hasta llegar a 146 casos de tortura, siendo 50 casos en el 2021; 30 en el 2022; 45 carpetas en el 2023; y 21 casos en lo que va del 2024.
BCS: UN ESTADO VIOLENTO
En Baja California Sur no sólo se ejerce la violencia a través de la delincuencia organizada mediante intimidación, amenazas o desaparición forzada; ahora la violencia policial también va en aumento.
Como no existe sanción alguna -sólo recomendaciones-, el actuar de los uniformados no está regulado y nadie hace nada para hacer justicia, así lo reconoció Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
“Somos uno de los estados estadísticamente hablando más violentos del país; eso es muy grave muy grave y nadie está haciendo nada por detenerlo, parece que a nadie le importa en lo que va de esta administración no ha habido”, expresó Rubio Ruiz.
En el 2022, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la “Recomendación número 03/2022” en contra de Rut de la Fuente Velázquez, directora general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz; y Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado.
La recomendación fue por: Violación al derecho humano a no ser sujeto de detención arbitraria, al derecho a la integridad y seguridad personal, al derecho no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública, al derecho a la protección contra toda forma de violencia, al derecho a la debida diligencia, al derecho a la fundamentación y motivación, al derecho a una adecuada procuración de justicia, y al derecho a inviolabilidad del domicilio.
Según la relatoría de hechos, el ciudadano identificado como “V”, denunció el abuso policial en repetidas ocasiones. El 12 de agosto de 2019 policías llegaron al domicilio sin identificarse, lo agarraron y lo esposaron, y sin explicación alguna un elemento le propinó un golpe con el puño en su costilla derecha y le colocó una chicharra de toques eléctricos, para posteriormente subirlo a la patrulla y gritarle “¡No te hagas pendejo!”.
Los elementos entraron a su casa y además le robaron un teléfono celular de color naranja, una cámara fotográfica y su cartera de color negra, la cual contenía dentro su credencial para votar, una tarjeta de Banco Azteca de Guardadito y su licencia de conducir. Por ello quedó plasmada la denuncia en la carpeta de investigación LPZ/5453/2019/NUC.
El 22 de febrero del 2020 se encontraba descansando sobre la banqueta detrás del antiguo hospital militar, ubicado en calle Revolución de 1910 y Manuel Torre Iglesias, de la colonia El Esterito, cuando dos elementos de seguridad se le acercan y le solicitan una revisión; al culminar le dijeron “Ya no lo quería ahí, que se fuera para su casa y que no dijera nada, que le iba a dar tablazos con un barrote 4×4 si no les hacía caso, así como también le quebrarían las piernas. Acto seguido, le pegó una patada en la rodilla izquierda”.
Al día siguiente los mismos dos policías acudieron a su domicilio, ahora acompañados de una mujer policía; lo trataron de sacar de su domicilio, sin embargo, él logró cerrar la puerta, procediendo los policías a lanzar piedras dañando la puerta de acceso principal, el mosquitero y rompiendo unas ventanas, por lo que interpuso poniendo una nueva denuncia, LPZ/1197/2020/NUC.
Para el 5 de agosto del 2020, cuatro policías municipales ingresaron a su domicilio, lo tomaron y lo tiraron al suelo, cuestionando “¿Dónde está la marihuana?”. Respondió “Que si cuál marihuana, ya que no fuma”, procediendo uno de los elementos a tomar en sus manos un barrote de madera de 4×4, golpeándolo en la espalda, las piernas y en los glúteos, para posteriormente esposarlo y subirlo a la patrulla de la Policía Municipal SPM-114, trasladándolo a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.
De nueva cuenta se abrió una investigación (LPZ/4210/2020/NUC) por abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, y en este caso también por tortura, ya que trataron de extraer información sobre una supuesta droga. De las investigaciones no hay adelanto, únicamente las recomendaciones de la CEDH que no tienen una acción legal que perjudique a los elementos, sólo un llamado de atención.
Para el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, existen otros métodos de tortura y no exactamente la violencia física, hablando de la violencia que se ejerce contra de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, quienes padecen de la omisión de las autoridades y hacen que su dolor sea aún mayor, generando tortura psicológica.
“Entonces tenemos ante ese problema de la desaparición forzada y no tenemos un mecanismo de búsqueda, de localización; no hay protocolos, se improvisa y las búsquedas o la localización de las personas se lleva a cabo por los familiares en trabajos que son hasta a veces indignantes, lo que tienen que hacer para poder localizar a sus seres queridos- Pareciera como que la desaparición de las personas se convirtió como una estrategia de simulación, para convertir lo que eran los crímenes violentos de exhibición brutal, en desapariciones silenciosas; y el control de los las fuerzas de poder al margen de la autoridad legal, se siguen dando, pero ahora podríamos pensar que en lugar de arrojar los cadáveres a la vía pública, los desaparecen”, finalizó Arturo Rubio.
DENUNCIAN ABUSOS CONTRA POLICÍAS
Cada vez, los representantes de las instituciones de gobierno ven menos por sus elementos, particularmente en el área de seguridad, donde los agentes reciben menos capacitación y la evaluación de control y confianza va en detrimento, cuando debe ser una constante para garantizar un buen funcionamiento de la corporación.
De 2022 a 2023 se redujo la cifra de elementos de seguridad pública que aprobaron los exámenes de control y confianza en un 41 por ciento. Mientras que en el 2022 se contaba con mil 106 policías que pasaron las evaluaciones, en el 2023 sólo 650 tuvieron una calificación aprobatoria; y para abril del 2024 únicamente 52 policías habían pasado el Control.
La Policía Estatal Preventiva denuncia maltrato, abuso de poder y olvido por parte del Gobierno del Estado; afirman fuentes consultadas por ZETA que las condiciones laborales, no son las adecuadas y temen a las represalias. Ellos mencionan que desde el 10 de enero de este año se evidenció, cuando cuatro elementos de la corporación sufrieron un accidente durante la mañana, en el que la unidad SSPE-00015 sufrió una volcadura, dejando gravemente lesionados a los elementos.
“Dos aún se encuentran incapacitados, desde entonces no ha habido mejoras en las condiciones laborales de los elementos. Se dijo que fue un accidente por cansancio, y que los elementos se quedaron ‘dormidos’, ya que trabajan horarios nocturnos de 13 horas, de 17:30 horas a 06:30 horas del día siguiente; sumado a esto, sin suministros de alimentos por parte de la corporación. Ya que estos últimos sólo son entregados a personal en servicios fijos y policías administrativos que tienen un horario de 08:00 a 15:00 horas”, denunciaron los agentes.
El informe filtrado por los policías estatales refiere que la unidad SSPE-00015 “tenía fuga de gases del motor, los cuales llenaban de humo la cabina de manera imperceptible; incluso una elemento ya se había intoxicado en dos ocasiones y en una de ellas terminó internada en urgencias. Que dichos problemas mecánicos ya habían sido reportados, pero las políticas por parte del personal encargado de dicha área son ‘dale hasta que truene’, en condiciones similares se encuentran las unidades SSPE-00028 Y SSPE-00031”.
Desconocen cuál haya sido la causa del accidente, si el cansancio de los cuatro elementos por las excesivas jornadas laborales o por falta de mantenimiento preventivo para el óptimo funcionamiento de las unidades, y es que se trataba de una unidad que se encontraba operando desde 2017, con un odómetro de kilometraje de 212,566 km al momento de su recepción al inicio de la guardia, la cual también se reportó con juego en el volante.
Denunciaron que las unidades nuevas que ha entregado el Gobierno Estatal no han salido a campo porque aún no cuentan con seguro; sin embargo, cuestionan, cómo es que sí permitieron que la patrulla SSPE-00015, en la que sufrieron el accidente los cuatro elementos y que no contaba con seguro, saliera a recorridos.
La falta del seguro automotriz motivó a que los agentes no pudieran recibir una atención médica que proporcionada por la aseguradora; fue entonces que tres elementos recibieron atención médica por parte del Issste.
“Sólo tomó radiografías para descartar fracturas y en horas dados de alta con incapacidad por tres días; uno de estos elementos aún se encuentra con licencia médica en espera que su lesión en rodilla mejore o si no tendrá que ser operada; asimismo, se encuentra seguimiento por el maxilofacial (Consulta con dicho especialista tuvo que ser conseguida tras un Amparo Federal tramitado en el Poder Judicial de la Federación por negarle su derecho a la salud) ya que presenta dientes flojos por el golpe en el accidente”, aseguraron.
El elemento cuya vida estuvo en riesgo fue estabilizado en el hospital Juan María de Salvatierra y trasladado al Issste. El especialista neurocirujano le informó que tenía que ser valorado por un neurólogo particular, ya que la institución no da ese servicio en La Paz, por lo que debe estar “cubriendo de su propia bolsa los gastos de consulta y estudios realizados”.
