Las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) han dejado de ser una opción legal para acabar con el acoso y extorsión en el sector empresarial de Ensenada, pero al mismo tiempo, los delitos se siguen extendiendo a la competencia federal.
Un vendedor de pescado y mariscos en una comunidad del municipio de San Quintín fue obligado a retirar una denuncia penal, de lo contrario, él o su familia sufrirían las consecuencias.
Ensenada enfrenta una de las peores crisis en materia de inseguridad, evidenciada tras darse a conocer que la cadena productiva del sector marítimo debe pagar una cuota por extraer, comprar, vender, exportar o procesar productos del mar. Incluso hay quienes atribuyen el asesinato de Minerva Pérez, titular de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), ocurrido el 8 de julio cuando salía de su empresa en la delegación El Sauzal.
El caso del vendedor no es distinto al que han denunciado públicamente algunos comerciantes y empresarios del ramo: “Hace semanas sujetos que aparentaban ser policías me paraban a trabajadores que iban en los camiones, los cuestionaban, pero también robaban marisco”, contó el denunciante.
De este asunto, del cual la FGE tiene conocimiento, hay videos, “donde me cayeron unidades, y me querían extorsionar”, explicó.
Harto de que le estuvieran pidiendo dinero, “me animé a denunciar” ante la FGE los detalles con que fue detenido, robado y acosado por sujetos dentro de su establecimiento.
Aseguró que recibió llamadas de un abogado muy allegado a la fiscalía, el cual, de manera amable, le ordenó retirar las denuncias. Hoy se trata de una carpeta cerrada.
LLAMAN “COBARDES” A EMPRESARIOS POR NO DENUNCIAR
En una reunión de seguridad, las autoridades que conforman la Mesa calificaron de “cobardes” a los empresarios por no interponer denuncias ante las extorsiones.
“Esa autoridad que nos dijo cobardes y que Minerva Pérez le demostró lo contrario, debería renunciar ahorita”, exigió Alfonso Rosiñol Devecchi, ex presidente de Canainpesca.
Los empresarios porteños salieron a la Plaza Cívica el miércoles 17 de julio para realizar una vigilia en memoria de Minerva Pérez, donde tomaron el micrófono para protestar por la inseguridad.
Pidieron un cambio en la estrategia fallida de “Abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, al ser obvio que no funciona. “Si bien, este no es un problema -extorsión al sector pesquero- que inició recientemente, ni con este gobierno, las promesas que se hicieron sí son de este gobierno en los tres niveles”, fue el reclamo general.
Héctor Contreras Luengas, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), dijo que los resultados de la seguridad pública se pueden ver en las calles, donde los ciudadanos ya no están orgullosos de decir que son nativos de Ensenada, incluso de Baja California.
“Hace algunos años fuimos número uno per cápita de ingreso en el país, después se nos llamó la cuna de la democracia y tantos otros adjetivos que nos otorgamos nosotros mismos, y qué ha sucedido: hemos venido decreciendo en todos los aspectos, pero algo muy importante es la participación ciudadana”, refirió Contreras, para quien las autoridades están rebasadas, tras afirmar que existe 95% de impunidad, pues de cada 100 delitos denunciados, sólo cinco llegan a una sentencia, sin contar los delitos no denunciados.
Sólo la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado tuvo un incremento en su presupuesto del 30% en su gasto, lo que representa medio millón de dólares diarios, es decir, 8.5 millones de pesos por días.
Ante estas cifras, cuestionó el porcentaje en materia de seguridad en Baja California, “ni siquiera 1%, esto me lleva a pensar que el problema de seguridad no es dinero, sino de estrategia, inteligencia y de voluntad política”, argumentó el empresario.
La arquitecta Diana Montfort también habló de un cambio drástico en la ciudad, donde no se siente la misma confianza de antes, cuando se podía dejar el bolso en el automóvil sin temor.
“Creo que las familias queremos a esa Ensenada y esa realidad que vivíamos antes, tengo la esperanza de recuperarla y ésta -realidad- sea pasajera”, compartió.
Con el mismo tono de discurso, siguieron otros empresarios del ramo pesquero que reclamaron el no tener el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en temas de inseguridad. Al evento no asistió funcionario o representante de gobierno alguno.
MILES DE DENUNCIAS ILEGALES
En un encuentro entre empresarios del Consejo Coordinador con la fiscal María Elena Andrade en abril, llamó a que usarán la modalidad de denuncia en electrónica para iniciar una investigación.
En un año, la FGE ha remitido a las Unidades de Investigación -por parte del Centro de Denuncia Tecnológica- 18 mil 572 carpetas entre el 10 de abril de 2023 y el 8 de abril de 2024.
De visita reciente en Ensenada, la funcionaria informó que en total, los expedientes con Número Único de Caso (NUC), la ciudad que mayor número ha iniciado es Tijuana, con 11 mil 573; Mexicali, 3 mil 527; Ensenada, mil 643; Playas de Rosarito mil 41 y Tecate 788.
Tras siete meses de operación, llevaban un promedio de 53 mil atenciones ciudadanas a nivel estatal, aproximadamente.
“Es una denuncia con una aplicación, en cuanto a esta denuncia, mediante Código QR el usuario de cualquier municipio puede obtener un Número de Único de Caso mediante teléfono celular”, afirmó Andrade.
El proceso puede aplicarse no sólo a denuncia, sino extravío de documentos como pasaporte, licencia o una placa, por si alguien la encuentra y no hacer mal uso del documento.
Reiteró cómo en vez de dos o tres horas hasta llegar a una oficina de la Agencia del Ministerio Público, es posible hacerlo desde el dispositivo con cinco minutos.
“Tiene toda la validez la denuncia, ésta se sube al sistema como un NUC registrado, como si lo hiciera en la agencia”, señaló, puntualizando sobre los tres esquemas de denuncia en BC: denuncia tecnológica a distancia, denuncia tecnológica en módulos de la Agencia del Ministerio Público y la tradicional, en persona.
