El puente de paga, que conectará dos vialidades en Tijuana tendrá un ingreso garantizado para la empresa beneficiada de al menos 8 mil 309 millones de pesos. De acuerdo al proyecto presentado, el estado proyecta pagar en 4 años mil 208 millones de pesos, prácticamente el costo total de la obra. Los diputados de la fracción panista, tienen dudas y los de oposición sospechas de corrupción e irregularidades. Además, con costo al gobierno, se tendrán que expropiar más de 100 propiedades por donde pasará la autopista entre hogares, terrenos y comercios. Su aprobación se dará en los próximos días. El Secretario de Finanzas asegura que el gobierno no pagará nada, pero los documentos remitidos al Congreso, lo contradicen (este es un fragmento del reportaje que aparece en la edición en circulación de ZETA)
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid ha solicitado en el Congreso local –en el cual tiene mayoría su partido– que se le apruebe comprometer el pago de una contraprestación por 23 millones 745 mil pesos al mes (27.5 millones con IVA) algo así como 330 millones de pesos anuales, durante 27 años para la construcción de un puente en Tijuana que conectará al Cañón Zapata en la zona del aeropuerto y la avenida Internacional hacia Playas de Tijuana.
El mandatario ha pedido se le apruebe los montos máximos, la fuente de pago y los plazos para iniciar la obra bajo un esquema de Asociación Pública-Privada (APP) que tendrá un pago para dos empresas: Cointer, de origen español y Ramher, de la cual es accionista el ex senador y ex alcalde del PAN, Víctor Hermosillo.
Documento que establece los montos a pagar cada mes
En la Iniciativa de Decreto enviada al Congreso el 31 de octubre, firmada por el gobernador y su secretario de gobierno, Francisco Rueda, establece que la “fuente de pago” para garantizar la contraprestación al consorcio serán “con los ingresos propios del Poder Ejecutivo, participaciones y cualquier otro ingreso para cubrir su presupuesto”, durante los próximos 27 años.
El proyecto contempla una garantía de ingresos totales para la empresa (o bien, un “valor mensual de la contraprestación” para el Estado) de 7 mil 693 millones 576 mil 344 pesos, sin sumar el IVA.
El contrato con las empresas aún no se firma. Será hasta que se aprueben los requerimientos de información, pendientes por dos terceras partes de los diputados presentes en una sesión legislativa.
Según el proyecto presentado por la empresa, y avalado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado (SIDUE) que titula, Alfonso Padrés Pesqueira la obra será “autofinanciable” pues el puente de menos de cuatro kilómetros de largo que será diseñado, construido, operado y mantenido por las empresas tendrá un costo para los usuarios.
Acorde al “resumen ejecutivo” presentado a la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) por parte del subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Oscar Alberto Gracia Valencia, el costo para los usuarios será en promedio de 36.67 pesos por vehículo el primer año y terminará costando 75.65 pesos en 2038.
El auditor superior Carlos Padilla Villavicencio “en base a los datos presentados” otorgó al proyecto “viabilidad financiera” al igual que el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Bladimiro Hernández, el primero el 31 de octubre, y el segundo el 25 del mismo mes. Toda vez, escribieron textualmente cada uno en sus respectivos oficios “que la fuente de financiamiento que da soporte a este proyecto es tarifa y generará ingresos suficientes adicionales y que el contratante nos indica que en diversos estudios y análisis como es la Valoración de la Demanda del proyecto se observa que se generarán los ingresos suficientes durante el primer año para hacer frente a los compromisos de pago”.
El Cañón Zapata. Foto: Jorge Dueñes
Palabra tras palabra, tanto el auditor como el Secretario de Finanzas concluyeron lo mismo en sus respectivas opiniones.
En entrevista con ZETA, el secretario de finanzas aseguró que nada de lo que está en documentos es oficial aún, pese a las firmas de él y del gobernador. Dijo que los diputados pueden hacer modificaciones, aceptar o rechazar. Con lo que dejó la responsabilidad en manos del Poder Legislativo, sin referir la responsabilidad del estado, dado que existen contratos firmados, por lo que la cancelación de este proyecto resultaría también en una sanción económica millonaria.
Gobierno estatal notifica al Congreso que actualizará las cifras a pagar
NO LES DAN LOS NÚMEROS
El consorcio Cointer-Ramher y SIDUE estimaron en el proyecto ejecutivo (por cierto, del cual observó la Auditoría Superior al momento de darle viabilidad “no cuenta con fecha de elaboración ni con las firmas de los responsables de su realización”) que para que la obra sea pagada por los usuarios y no por el gobierno del Estado al día tendría que haber un aforo de 19 mil 500 usuarios que pagaran entre 20 y 53 pesos, dependiendo si es vehículo ligero o pesado.
La licitación que realizó el gobierno del Estado fue hecha en 2016 en base a la propuesta “no solicitada” que realizó con anterioridad Cointer. En ella se estableció que límite mínimo de aforo vehicular sería de 22 mil vehículos diarios.
El tráfico mínimo que estableció la SIDUE significa que cada hora un total de 916 vehículos deberán de estar pagando por usar la vialidad entre Otay y la Zona Centro, es decir, que al menos 15 vehículos por minuto se formen para cruzar las casetas de cobro.
De acuerdo a los documentos del proyecto “si el tráfico estimado no se diera (es decir los 22 mil usuarios) se ha considerado un aforo mínimo para tener que aplicar la garantía (por parte del Estado hasta por los 23.7 millones de pesos más IVA).
El aforo mínimo para no tener que aplicar la garantía se calculó por parte de la empresa y el Estado en 19 mil 500 vehículos (14 mil 480 ligeros y 5 mil 10 pesados). En teoría, el Estado tendría que pagar con una partida presupuestada en SIDUE los 23.7 millones de pesos al mes, o bien 330.5 millones de pesos al año calculado con el IVA actual, de no cumplirse con este aforo mínimo.
Sin embargo, multiplicando los 19 mil 500 vehículos por los 20 y 53 pesos según su caso, el ingreso al mes responde a 16 millones 653 mil 900 pesos y no a los 27.5 millones que estiman el gobierno del Estado por el pago de la contraprestación.
El tiempo que se hace, 10 minutos
El análisis de la empresa y en la opinión de la diputada panista, Iraís Vázquez es más que optimista, pues consideran que el crecimiento del parque vehicular en todo el Estado desde el año 2000 ha sido en promedio de cuatro por ciento anual: “durante casi dos décadas, a pesar de las crisis sufridas”, explica el proyecto ejecutivo.
Y este es el “proyecto”
De tal suerte, que el proyecto calcula que cada año sus ingresos irán aumentando cuatro por ciento de manera sostenida, tendencia que lograría captar hasta 45 mil vehículos al día después de 31 años, generando recursos extras para el gobierno del Estado.
Para tener una idea de lo que representa un aforo de esa magnitud, basta con decir que de Tijuana a San Ysidro diariamente cruzan 39 mil 360 vehículos, el cruce internacional más transitado del mundo.
SI ES TAN BUEN NEGOCIO QUE LO HAGA LA EMPRESA
Para el diputado del Partido Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez, el hecho que la sesión de la Comisión de Hacienda en la que se votaría el dictamen del segundo piso haya sido suspendida en dos ocasiones es porque no hay condiciones para ello, pese a la insistencia del PAN.
Refirió además: “no he visto por parte de la ciudadanía de Tijuana que estén exigiendo este proyecto cuando hay otros más importantes, parece un proyecto a modo”.
Adelantó que su voto será en contra y que, además, hará un llamado al gobernador para detener este tipo de proyectos, que “se concentre en temas más prioritarios y dada la desconfianza en este gobierno”.
Sobre los detalles del proyecto, destacó que los números del aforo vehicular están desfasando, lo que pone en tela de juicio que por medio del cobro de tarifas se pueda cubrir la contraprestación mensual que el gobierno tendrá que pagar.
“Al gobierno no le corresponde estar especulando con el tema de recursos de ninguna cuestión empresarial. Si la empresa está tan confiada en el proyecto y creen que es viable, con todas las bondades que comentan, que hagan el proyecto, pero no a costa de los recursos de los ciudadanos de Baja California donde nosotros seríamos los responsables si los números fallan”, comentó.
El legislador local, quien de igual forma se opuesto a otros proyectos poco transparentes del gobierno estatal como el C5i y la desaladora, mencionó que “de manera recurrente vemos en las cláusulas que afectan al gobierno, el cual parece sin fortaleza jurídica y financiera de un compromiso financiero donde no salga perjudicado en el proceso”
Finalizó al señalar “son proyectos que benefician al contratista y no a la ciudadanía y al gobierno”.
Por su parte, el también diputado Bernardo Padilla, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó su preocupación por las finanzas de Baja California.
“Lo hemos venido diciendo desde hace más de un año, la situación financiera de Baja California no es la viable. Ha habido un desajuste presupuestal en el tema de los maestros, de instituciones de gobierno que les cuesta pagar la nómina en la quincena, ISSSTECALI”, detalló.
Por este motivo, el diputado priista considera se trata de una decisión irresponsable someter y constreñir financieramente al estado a mediano y largo plazo.
Padilla también consideró preocupante las declaraciones que desde el gobierno estatal se han hecho respecto a este proyecto.
“La primera es muy atrevida del secretario de Padrés, que dice que no es una APP, claramente es una APP, hay un compromiso gubernamental a mediano plazo y va a inscribirse la deuda en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dijo.
Por otra parte, enfatizó las condiciones propias del pago, el cual queda bajo responsabilidad del techo financiera de la SIDUE.
“Eso habla de una emisión financiera mensual de poco más de 27 millones de pesos durante la construcción propia y ajeno a la circunstancia. No hemos visto el modelo económico respecto a la condición de que pueda ser pagado con los ingresos propios de esta vía de paga y que no se van a poder usar para otras cuestiones”, manifestó.
El director de la empresa habla que la garantía que el Estado va a poner para asegurar el pago, nunca se va a usar porque se va a alcanzar el aforo vehicular calculado, se le planteó al legislador
“Entonces que el director de la empresa diga que no va a necesitar el recurso diga bajo protesta de decir la verdad en el lenguaje propio del contrato y que ahí se aclare. Se trata de una obligación, de una erogación financiera, esto quiere decir que hay un compromiso de que si no se logra la meta de vehículos que circulan por este segundo piso, tiene que pagar el estado”.
Acerca de las necesidades más apremiantes del Estado en términos de inversión pública e indicó “hay ánimos y exigencias de que se le paguen a los maestros, que el Sistema Escolar tenga todo el equipamiento necesario, que existan más patrullas y mejor seguridad en el Estado, el catálogo de delitos. No sé en qué momento pasó el segundo piso a ser una prioridad”.
Al igual que el diputado Núñez, afirmó que votará en contra del proyecto y pronostica que el debate en torno a la aprobación del proyecto sea uno de mucha controversia y para nada de forma unánime.
