86 millones para Grupo CEPADEM por renta de 40 camiones y patrullas

Foto: Eduardo Villa
 
Edición Impresa Lunes, 19 Febrero, 2018 12:00 PM

Además de los 42 millones de pesos que recibió por el arrendamiento de patrullas, es la única empresa que compite por la renta de camiones de basura para el Ayuntamiento de Mexicali y ya tienen la renta de patrullas. Contratos similares obtenidos por sus filiales Lumo Financiera del Centro e Integradora de Apoyo Municipal en diversos municipios, han sido investigados por el SAT y originado denuncias

Con el dinero que va invertir el Ayuntamiento encabezado por al alcalde Gustavo Sánchez en rentar durante 2018 y por lógica en 2019, un total de 40 camiones de basura, podría comprarlos, afirmaron proveedores de Mexicali.

La propuesta anual de arrendamientos es por poco más de 32 millones y, el 15 de febrero, el Ayuntamiento firmó el contrato con la empresa Integradora de Apoyo Municipal, SA de CV, perteneciente al consorcio Grupo CEPADEM, que también lo integra Lumo Financiera del Centro, SA de .V de ENR SOFOM, actual responsable del servicio de arrendamiento de 66 patrullas de la Policía Municipal, por el que el Ayuntamiento cachanilla  habrá pagado alrededor de 43 millones de pesos al terminar el año.

CEPADEM es también uno de los seis  patrocinadores de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa una mayoría de ediles panistas que en coincidencia son sus principales clientes.

Conforme  al historial de licitaciones ligadas a esta empresa consultado por ZETA, resulta común que cuando concursan por algún contrato no tengan competencia, o bien, que las propuestas de los otros proveedores sean excluidas por cuestiones de forma. De hecho en Mexicali, en la licitación por el arrendamiento de patrullas en Mexicali, solo compitió una empresa llamada Vibanco Leasing, SAPI de CV, la cual fue desechada porque no entregó documentación.

Aunque Lumo Financiera se encuentra registrada a nombre del priista mexiquense Luis Humberto Montaño García, sus socios son los accionistas del consorcio, uno de los principales patrocinadores de la ANAC, presidida por Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado de México.

La Regidora Alejandra Ang de Morena.

Grupo CEPADEM tiene sus oficinas centrales justo en esa entidad y cuenta con un largo historial de préstamos y arrendamientos a ayuntamientos principalmente panistas, aunque también ha sido muy beneficiada por el Gobierno Federal y algunos municipios de extracción priista. Muchos de estos préstamos han sido investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), auditorías estatales e incluso han originado denuncias administrativas contra ediles.

El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, afirmó que el tema aún se encuentra en análisis, pese a que ya se había emitido el proceso de licitación y solo hay una propuesta. Y para justificar la inversión, señaló que existe un severo rezago en el parque vehicular de Servicios Públicos Municipales, donde más del 60 por ciento de las unidades tienen más de 10 años de uso, lo que provoca que prácticamente diario tengan que ingresar al taller.

Al respecto, la regidora Alejandra Ang, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comentó que ya había presupuestado un recurso para la renta de 40 camiones de basura, pero el trato era someterlo a un profundo análisis al interior del Cabildo, lo cual no ocurrió pese a la solicitud de algunos ediles de oposición que no están convencidos con esta opción.

 

LOS VEHÍCULOS A ARRENDAR

Son 40 unidades las que pretende rentar el Ayuntamiento de Mexicali, las cuales serían modelo 2018 y con capacidad volumétrica de 16 metros cúbicos, de transmisión estándar de seis velocidades y caja para albergar ocho toneladas de basura. Además, tendrán GPS y seguro de cobertura amplia. También cubrirá los mantenimientos mensuales correspondientes.

Según una consulta independiente realizada por ZETA a una empresa que presta servicios de arrendamiento y venta de camiones de basura, comprar cada unidad como las especificadas en la licitación pública nacional AYTOMXL-OM-ADQ-05-18, tendría un valor que rondaría los 1.8 millones de pesos por camión.

Con el contrato que tendría duración de diez meses y representaría una inversión de 32 millones 781 mil 600 pesos, se habrían podido comprar 18 vehículos similares. Sin embargo, de renovarse para el último año de la administración de Gustavo Sánchez, entre 2018 y 2019 se estarían pagando  cerca de 70 millones de pesos por un periodo de 22 meses de servicio, con lo que podrían comprarse prácticamente la misma cantidad de vehículos.

A esto tendría que agregarse el costo de 3 mil dólares anuales para el servicio, según la cotización realizada en la empresa que optó por mantener el anonimato.

Esto quiere decir que si bien de manera inmediata representaría un ahorro, en dos o tres años implicaría un gasto superior.

Aunque existen algunas ventajas, la regidora Alejandra Ang expuso  que los diputados le dieron el voto de confianza al alcalde aprobando el recurso necesario, pero Gustavo Sánchez no cumplió con el compromiso que hizo con los integrantes del Cabildo, de analizar a fondo el tema del arrendamiento de camiones recolectores de basura.

“Ni siquiera nos avisaron el proceso de licitación, y obvio ni se escucharon ni se analizaron los argumentos de quienes han expuesto, que de largo plazo resultará más costosa la renta  que la compra”, advirtió.

A ello se suman otros problemas que deberían solventarse primero, como la falta de un relleno sanitario en la zona rural de Mexicali, pues el que tenían era propiedad de los ejidatarios y, tras las últimas modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera, no se puede invertir en un inmueble que no es propiedad del Ayuntamiento.

Ante esto, el Ayuntamiento tuvo que dejar de usar dicho inmueble y el proceso de traslado de basura en el valle se redireccionó al relleno sanitario de la ciudad, lo que representa enormes trayectos muertos, más gasto en combustible, desgaste de los autos y horas hombre.

Por su parte, la regidora Edwiges Pío Rodríguez recordó que cuando inició la administración se contaba con un padrón de 70 vehículos en Servicios Públicos, pero menos de 30 estaban en condiciones de operar, por lo que redistribuyeron recursos para poner en operación un porcentaje, el cual llegó a los 48, pero aun así, existe un importante rezago en el tema.

La decisión del arrendamiento surgió de la urgencia de cubrir las necesidades básicas de manera inmediata, lo que no podría hacerse con el equipo que se tiene actualmente.

 

EL CONSORCIO FAVORECIDO 

Grupo CEPADEM  se fundó formalmente en mayo de 2017, conformado por las empresas Lumo Financiera del Centro e Integradora de Apoyo Municipal. De la primera se sabe tiene registro desde 2011, teniendo como propietario, entre otros  a Luis Humberto Montaño García, un joven empresario que ocupó un cargo en la administración de Arturo Montiel y fue vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto cuando candidato a la gubernatura del Estado de México. Además de ello, fue suplente del diputado federal por Huixquilucan, Reyes Antonio Silva Beltrán, durante la LVIII Legislatura.

La segunda empresa no fue hallada en el Registro Público de Comercio, pero ha celebrado múltiples contratos a lo largo del país utilizando a los mismos representantes legales.

Con frecuencia, Lumo Financiera e Integradora de Apoyo Municipal comparten direcciones, la primera en Avenida de los Jinetes número 56, Colonia Las Arboledas en Tlalnepantla, Estado de México; la segunda es Calle Cerro de las Campanas, local 3, Colonia San Andrés de Atenco en el mismo municipio y entidad; solo diez  minutos de transito hay entre dichos inmuebles.

Ambas direcciones son propiedad de David Lisbona Cohen, uno de los socios de CEPADEM y de Lumo Financiera, al igual que Juan Manuel Sánchez Reyes, Martín Daniel Arriaga Arias y José Vicente Villanueva Miranda, este último, uno de los representantes legales de Grupo CEPADEM.

Otro de los socios es Jenaro Romero Moreno, quien fungió como presidente del Comité de Adquisiciones durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto en el Estado d México.

De igual manera, con regularidad estas empresas alternan representantes legales como José Santos Yvellez y Efraín Álvarez Álvarez, quienes firmaron el contrato del arrendamiento de patrullas y presentaron la propuesta de los camiones en Mexicali. Comparten un logotipo similar, anuncian los mismos productos y actualmente las tres páginas de internet se encuentran fuera de servicio por mantenimiento.

 


CEPADEM y los municipios endeudados

 Prácticamente todo Ayuntamiento que hace negocios con Grupo CEPADEM termina sobre endeudado, bajo proceso judicial o administrativo, y pese a ello continúa otorgando préstamos o arrendando vehículos, camiones y hasta luminarias.

Debido a este tipo de endeudamiento, particularmente en los municipios, en 2015 el Gobierno federal puso candados en la Ley de Disciplina Financiera, al condicionar la adquisición por períodos que superen la duración de los ayuntamientos que las tramitan, a menos que estos sean autorizados por las dos terceras parte de sus congresos estatales.

Desde 2011 existen registros de préstamos atípicos o desleales por parte del consorcio, que cabe señalar, es uno de los principales patrocinadores de la Asociación Nacional de Alcaldes  (panista), de la que forman parte todos los presidentes municipales, incluyendo a Gustavo Sánchez, de Mexicali, y  a Juan Manuel Gastelúm, de Tijuana.

Entre las  primeras irregularidades hechas públicas, resultó la inhabilitación por diez años del ex edil panista Víctor Hugo Moreno. En los años 2010 y 2011, él solicitó a las tres empresas préstamos que en total alcanzaron los 19 millones de pesos, a un plazo de 15 meses, lo que fue considerado irregular, ya que el Congreso de aquel Estado no lo autorizó.

De igual manera, en 2013 el ex alcalde panista de Atizapán, Estado de México, Pedro Rodríguez Villegas, solicitó préstamos a Integradora de Apoyo Municipal y a Lumo Financiera del Centro por 36.3 y 60 millones de pesos, respectivamente. En ambos casos se comprometió recurso federal para pagarlos, pero no se saldaron las mensualidades correspondientes y la deuda persiste.

Pese a ello, en 2016, bajo la administración de la alcaldesa panista Ana María Balderas Trejo, se llevó a cabo un contrato de arrendamiento puro con la misma empresa, según el contrato plurianual 000015-ARR01-003 por 15 millones 019 mil 756.22 pesos, para la renta de una flotilla vehicular, la cual no pasó por un proceso de licitación pese al gasto que representa.

Naucalpan, Estado de México, también presentaba un adeudo de 50 millones de pesos en 2015, el cual sigue pagando a Lumo Financiera del Centro y, un año después, otro panista, Édgar Armando Olvera Higuera, adjudicó de manera directa el arrendamiento de vehículos y luminarias a la misma empresa por 126 millones 082 mil 959.83 y 133 millones 428 mil 953.60, respectivamente, por los tres años de gobierno.

Mientras que el ex presidente municipal Carlos Felton -también panista- fue duramente criticado durante su administración en Mazatlán, Sinaloa, la cual inició en 2014, por el arrendamiento de 77 unidades de recolección de basura a través del contrato plurianual LA-825023984-N5-2014, por el cual pagó más de 120 millones de pesos; la empresa encargada fue Lumo Financiera del Centro.

De hecho, el Diario Noroeste realizó un reportaje donde denunció el sobreprecio que pagó el Ayuntamiento de Mazatlán por este concepto, lo que generó una investigación que permanece vigente, por instrucciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; Felton fue inhabilitado por cinco años por diversas irregularidades.

También el gobernador blanquiazul de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, firmó un contrato con Lumo Financiera del Centro, para el arrendamiento de vehículos blindados por un periodo de siete meses, por el que pagaría, según la adjudicación directa OM/DGA/DCP/AD/ARR/01/17, un total de 6 millones 778 mil 625.86 pesos.

De manera paralela emitió otra licitación para el arrendamiento de 136 motocicletas, 63 vehículos utilitarios y 28 de funcionarios por un periodo de 36 meses, lo que representaría un pago final de 67 millones 622 mil 911.06 pesos.

Aunque menores, pero existen priistas que han realizado negocios con dichas empresas, como lo fue la alcaldesa de Hoctún, Yucatán, Flor Mireya Acosta Novelo, quien solicitó un préstamo por un millón 200 mil pesos; al final, debido a la falta de pago, terminaron embargando las cuentas bancarias del municipio.

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