La deuda de BC aumentó 200% en once años, al pasar de 4 mil 493.3 MDP a 17 mil 360.2 MDP. Tecate, Ensenada y Tijuana al borde del sobreendeudamiento. Los estados con mayor deuda son la Ciudad de México (72 mil 911 millones de pesos), Nuevo León (66 mil 194 millones de pesos), Chihuahua (48 mil 489 millones de pesos) y Veracruz (47 mil 36 millones de pesos) y Estado de México (45 mil 979 millones de pesos)
Aprobada en 2015, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios pretende evitar que las entidades contraigan deudas de forma irresponsable, debido a que clasifica su nivel de endeudamiento.
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Lo anterior es relevante, ya que tiene efectos vinculantes para cada entidad federativa al determinar el techo de financiamiento neto al que podrán acceder durante el próximo Ejercicio Fiscal 2018, explicó el profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Alejandro Díaz Bautista.
El académico detalló que si la entidad tiene un endeudamiento sostenible, podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo al 15% de sus ingresos de libre disposición. Si se clasifica con un endeudamiento en observación, el límite de endeudamiento adicional máximo será de 5% sobre dichos ingresos. En tanto que, una entidad con un endeudamiento elevado no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas.
“El resultado del Sistema de Alertas también determina el uso que las entidades federativas darán a sus ingresos excedentes. Si el endeudamiento de la entidad se ubica en niveles bajo observación o elevados, enfrentaría mayores restricciones sobre los posibles destinos para sus excedentes”, agregó el especialista.
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Sin embargo, este último punto es el que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, modificó el pasado 31 de octubre. El cambio consiste en dotar a las entidades federativas de un grado mayor de maniobra respecto al uso de sus ingresos excedentes, señaló la presidenta de dicha comisión, Gina Andrea Cruz Blackledge.
“Resulta favorable para el buen manejo de las finanzas públicas locales, ya que brinda un esquema de incentivos más atractivo para cuidar el nivel de pasivos y reducir sus compromisos financieros, a cambio de mayores disposiciones económicas para atender las necesidades de la población”.
Explicó que, desde su entrada en vigor, la ley determina, indistintamente, que 50% de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición se dispongan para la amortización de la deuda, pasivos y otras obligaciones. “Con la reforma, este porcentaje puede pasar a 30% para las entidades que se clasifiquen en endeudamiento elevado y en observación”.
Por otra parte, el remanente de esos ingresos excedentes se seguirá destinando a inversión productiva y a la creación de un fondo que compense la caída de ingresos de libre disposición en el futuro, abundó la legisladora.
La reforma al artículo 14 de dicha ley también contempla que las entidades con endeudamiento sostenible puedan utilizar hasta 5% de esos excedentes para cubrir el gasto corriente, puntualizó Cruz Blackledge, quien aseguró que este porcentaje es un margen prudente para que los entes públicos puedan cubrir necesidades inmediatas de gasto y fortalecer la gestión de estos órdenes de gobierno.
“No significa una flexibilización de las reglas prudenciales de transparencia y responsabilidad hacendaria, por lo que no se avizora un riesgo de que los recursos se usen sin control o con fines electorales” en 2018.
Foto: Agustín Reyes.- Francisco Kiko Vega, gobernador de BC, 128 aniversario de Tijuana
Esta perspectiva no es compartida por la también diputada panista, Minerva Hernández, quien el miércoles pasado se pronunció contra las modificaciones, al considerar que su redacción pareciera permitir que se regularice y eventualmente se pueda rescatar deuda subnacional, misma que se incrementó 146.6% en los últimos 15 años.
Los estados con mayor deuda son la Ciudad de México (72 mil 911 millones de pesos); Nuevo León (66 mil 194 millones de pesos); Chihuahua (48 mil 489 millones de pesos); Veracruz (47 mil 36 millones de pesos) y Estado de México (45 mil 979 millones de pesos), agregó.
Tecate, Ensenada y Tijuana al borde del sobreendeudamiento
Al segundo trimestre de 2017, Tecate, Ensenada y Tijuana fueron calificados en amarillo (endeudamiento en observación) por el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que significa que estos municipios están cerca del sobreendeudamiento y de la quiebra financiera.
Los casos de Tecate y Ensenada son alarmantes, toda vez que registraron un endeudamiento elevado de 112.1% y 80.1%, respectivamente, para las obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.
Para el rubro que mide la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, el endeudamiento de Tijuana y Ensenada fue calificado en observación al representar 66.9% y 63.1%, respectivamente.
Mientras que en el rubro que tiene que ver con el servicio de la deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, Ensenada y Tecate obtuvieron calificación amarilla. Así, de los cinco municipios bajacalifornianos, Playas de Rosarito fue el único que registró calificación verde en los tres rubros que analiza el instrumento.
Con base en la información publicada por la SHCP, se observa que Tijuana tiene el monto más grande de endeudamiento contratado con dos mil 766 millones 399 mil 611 pesos; seguido de Mexicali, con mil 855 millones 498 mil 851 pesos; Ensenada, con 748 millones 056 mil 105 pesos; Tecate, con 282 millones de pesos; y Playas de Rosarito, con 243 millones 541 mil 880 pesos.
El alto nivel de endeudamiento no es exclusivo de los municipios, ya que el Estado tiene contratada deuda por 19 mil 491 millones 800 mil 281 pesos. De esta cifra, la mayor proporción se ubica en deuda a largo plazo, mediante 17 créditos firmados, con Banobras, Banorte, BBVA Bancomer, Banamex, Scotiabank, Santander e Interacciones.
Además del monto de deuda avalada, subsidiaria, solidaria o similar suscrito con Banobras, Multiva y Cofidan. Así como un contrato con una Asociación Público-Privada, de la que el reporte emitido el 31 de agosto de este año, no da cuenta del nombre de la empresa involucrada.
Gina Cruz
Sobre esta APP, el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, Bladimiro Hernández Díaz, informó que luego de una licitación, la Secretaría de Seguridad Pública contrató a la empresa Inver Infraestructura para el C4. Añadió que si bien, Hacienda registra ésta para el sistema de alertas, “las APP no se incorporan como deuda como el resto de compromisos pactados con una institución financiera de acuerdo con un contrato y una tasa de interés”.
Por otro lado, reconoció que la deuda estatal se ha incrementado 19.3% en la administración encabezada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pero, dijo, es inferior a la que se tuvo durante la gestión de Guadalupe Osuna Millán, de 152.04%.
Con datos proporcionados por la dependencia, se advierte que el endeudamiento total del Estado aumentó cerca de 200%, de octubre de 2006 a septiembre de 2017, al pasar de cuatro mil 493.3 millones de pesos a 17 mil 360.2 millones de pesos.
En el Sistema de Alertas, elaborado por Hacienda al segundo trimestre de 2017, Baja California fue calificada con verde (endeudamiento sostenible), lo que implica un avance respecto a los resultados arrojados sobre la cuenta pública de 2016, en los que se obtuvo calificación amarilla.
Situación que había colocado al Estado entre las diez primeras entidades federativas bajo la lupa de Hacienda, al presentar presiones en sus finanzas públicas que podrían llevarlas a niveles de insolvencia.
Pese al cambio de semaforización, el indicador dos, que se refiere al servicio de deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, continúa en amarillo, al subir de 12.7% a 12.9%.
La información publicada también permite conocer el monto de pagos devengados, es decir, el importe que está comprometido, aunque no se haya ejercido. En este ámbito, Tijuana tiene el mayor saldo con más de tres mil 216 millones de pesos; seguido de Ensenada, con mil 905 millones; Mexicali, con mil 620 millones; Tecate, con 689 millones; y Playas de Rosarito, con 288 millones. Sobre ello, Hernández Díaz comentó que eso sucede dependiendo del calendario de pagos y que la propia ley los contempla.
Ante los niveles de endeudamiento que vive la entidad, el diputado local por el Partido Encuentro Social, Luis Moreno Hernández, consideró que “el gobierno estatal no ha ajustado sus decisiones a la Ley de Disciplina Financiera federal, porque encima están los negocios y los acuerdos como las APP”.
A pesar de que la solución para acortar el déficit de la administración estatal y municipal está en disminuir el gasto, no se ha hecho porque “les da miedo tocar sueldos, viajes, privilegios y correr gente con la que tienen acuerdos políticos”. Así que prefieren incrementar los impuestos, como el del predial, y elevar la deuda, en detrimento de la calidad de vida de las personas, afirmó el legislador local.
Necesaria una ley estatal de disciplina financiera
Para el profesor de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Martín Cutberto Vera Martínez, es preocupante que Baja California vaya a un ritmo lento en la adecuación de la regulación de la deuda pública al no existir una ley de disciplina fiscal estatal.
Luis Moreno Hernández, Presidente estatal PES; Postura ante las elecciones
Consideró que la entidad tendría que ser ejemplo de ejercicio transparente y responsable del gasto público, sin embargo, ha habido falta de voluntad política. “Pareciera que los organismos públicos no quieren autorregularse en lo que hoy representa alcanzar niveles de gasto público equilibrados, que no comprometan las finanzas públicas municipales y estatales en el corto, mediano y largo plazos”.
A pregunta expresa del porqué el Congreso del Estado no está dictaminando ninguna ley de disciplina financiera, Moreno Hernández, quien es integrante de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, esclareció:
“Ha habido una especie de respeto a todas las comisiones a las que les toca tratar de empujar iniciativas como éstas. Hay acuerdos políticos al interior del Congreso en el que los diputados asumimos iniciativas respecto a las comisiones que presidimos, pero también hay un compás de tiempo en el que, si no vemos acción por parte de los presidentes de las comisiones, los legisladores tratamos de promover reformas o iniciativas de ley que pretenden ser contrapeso a las decisiones del gobierno”, sin embargo, no se ha presentado ninguna iniciativa.
Aunado al incremento sustancial del endeudamiento durante las últimas tres administraciones, los municipios y el Estado son opacas en el manejo de la deuda, indicó Vera Martínez, especialista en administración pública de la UABC.
“Algunos datos de la Auditoría Superior del Estado indican que parte de la deuda se ha contratado para refinanciar empréstitos anteriores, lo que está prohibido por la ley. […] También ha estado utilizando para financiar el gasto corriente, en particular nóminas”.
El investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales abundó que la Ley de Disciplina Financiera federal, a la que están sujetos estados y municipios, contempla ofertar el endeudamiento. Es decir, que se contrate financiamiento con aquellas instituciones que garanticen las mejores condiciones, sin embargo, “pese a que está previsto por la ley, no hay un dato que señale que se está haciendo”, lo que repercute en el costo de la deuda.
Por otro lado, Vera Martínez comentó que la opacidad también implica desconocer el criterio con el que se eligen proyectos y la manera en que estos se financian.
Los municipios tradicionalmente han rebasado su disponibilidad financiera. “Hace un año, Hacienda había reportado que casi 65 por ciento de los municipios ya había rebasado su capacidad de endeudamiento”. Pero el tema de fondo, comentó, es la debilidad financiera con la que estos operan, ya que el gasto que ejercen apenas llega al 5% del presupuesto del país.
Aval del dictamen de APP incrementaría deuda
El diputado local, Moreno Hernández, indicó que “en cuanto a la próxima aprobación del dictamen 95 -con la que se construiría la desalinizadora de Rosarito-, es importante advertir que el gobierno se defiende diciendo que no es deuda pública, -pero lo es, porque- los ingresos de las comisiones de agua dejarán de recibir los pagos y este dinero se iría a un fideicomiso. Si el gobierno deja de percibir ingresos -que antes tenía seguros- para dárselos a una empresa a través de compromisos financieros, desde luego estamos hablando de un nivel de deuda”.
Pero, el gobierno ya no tiene margen de maniobra para seguirse endeudando, y desde luego, si se avalara este dictamen, el endeudamiento alcanzaría los niveles de Coahuila y Chihuahua.
