La procuradora de Baja California conversó con ZETA, informó que se resuelven 3 de cada 20 denuncias por robo y 2 de cada 10 homicidios. En el tema de coordinación, reconoció que en la PEP están preocupados por la liberación de presuntos delincuentes. Se negó a hablar de los líderes de cárteles corresponsables de narcomenudeo y homicidios en la ciudad, y confirmó que su compromiso en la fiscalía fue por tres años
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En entrevista con la procuradora de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, acompañada del subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González Martínez, comentó del combate al narcomenudeo, las investigaciones de homicidio, pero se resistió cuando se trató de hablar de los cárteles y sus jefes, principales promotores de estos delitos.
Ibarra también proporcionó números de depuración policiaca y de los porcentajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en resolución de casos, abordó el tema de la corrupción y la continuidad de los trabajos de depuración de las corporaciones, y de los tropiezos en la coordinación.
El primer tema fue la permanencia de la corrupción: “Pues obviamente los malos elementos siempre existen en las corporaciones, aquí tenemos todo lo que se maneja en lo que es Control y Confianza, que para nosotros es un excelente filtro para el ingreso y permanencia de los policías, y traíamos aproximadamente entre los servidores públicos para la permanencia, aproximadamente unos 30 que no han pasado el Examen de Control y Confianza y que están en proceso, tanto el proceso administrativo, que es el que se hace inicialmente por Visitaduría. Y posteriormente van al Consejo de Honor y Justicia”.
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Aquí los números del órgano de Control Interno de la Procuraduría en la actual administración: 10 policías ministeriales y un ministerio público no han aprobado los exámenes de Control y Confianza; y a 21 policías ministeriales y tres ministerios públicos les han iniciado procedimientos administrativos por abuso de autoridad, extorsión, cohecho, robos y otros delitos.
Respecto a las investigaciones en contra de agentes municipales, Perla Ibarra informó: “Tenemos en Tijuana aproximadamente como cuatro averiguaciones previas. Dos de ellas ya consignadas, y estaban otras dos pendientes, por abuso de autoridad, básicamente”.
En cuanto a las denuncias en contra de los policías estatales preventivos la fiscal bajacaliforniana manifestó: “Pues estatales ahí sí, sobre todo aquí en Tijuana tenemos varias”.
De igual manera, se le preguntó al subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, quien informó que eran alrededor de 200.
Impunidad
En referencia al crecimiento de la incidencia criminal en Baja California, con Tijuana convertida en un foco de emergencia, en delitos como robo, homicidio y la responsabilidad de la PGJE como generadora de impunidad, y no resolver las denuncias a favor de las víctimas, la procuradora explicó que se resuelven el 35 por ciento de las denuncias de robo y el 25% de los expedientes de homicidio.
“Nosotros obviamente eso es lo que nos corresponde, la investigación de los delitos”.
Subprocurador de Investigaciones Especiales, Lic. Jose Maria Gonzalez Martinez
— ¿Se resuelven tres de cada diez denuncia por robo?
“Es muy parecido al que llevamos en el área de Homicidios, que la complejidad en el delito de homicidio no se parece a ninguna otra. Y a final de cuentas creo que en estos meses ha habido detenciones muy importantes que nos han llevado a resolver no sólo uno, sino varios homicidios”.
De enero a mayo, en Baja California -de acuerdo a las estadísticas oficiales- se denunciaron 19 mil 919 robos, lo que significaría que 12 mil 947 denuncias quedaron en la impunidad. Y de los 462 homicidios registrados en el mismo período, 347 siguen impunes
La procuradora Perla Ibarra y el subprocurador González consideraron que con el personal aprobado dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) mejorarán su efectividad en un 10% adicional, lo que significaría un 35% de casos resueltos en homicidios y 45% en robos.
“Necesitábamos básicamente capital humano, tenemos ese problema, creo que vamos a aumentar un 10% el esclarecimiento, porque estas investigaciones que puedan tener una solución, lo que hace falta es la secretaria, el compañero que esté tecleando, para consignar”, agregó González.
Los cárteles y el narcomenudeo
A la procuradora Ibarra y sus subprocuradores, no les complace hablar de los cárteles y sus jefes criminales que controlan no sólo el narcotráfico que es delito federal; el problema para ellos es que también son jefes, autores intelectuales y corresponsables del narcomenudeo que inunda de droga la ciudad y de los asesinatos violentos que se cometen en la lucha territorial de estos criminales.
ZETA abordó el tema con la fiscal y el subprocurador González Martínez.
— Sabemos que hay grupos que controlan el narcomenudeo, ¿qué grupos son?
“Pues ahora sí que hay un poquito de todo, gente de Sinaloa, de Tijuana, del Cártel Jalisco Nueva Generación no tenemos declaraciones, no somos ajenos al conocimiento. En Grupo Coordinación se tocan temas de instancia federal, contra la salud, narcotráfico. Lo que es el narcomenudeo es el eslabón más pequeño, realmente el que vende, tiene tiendita, la casa habilitada…”.
— Pero esos tienen un jefe.
“Sí, y muchas veces no los conocen, o la mayoría de las veces. Entonces, definitivamente hay presencia de todos los grupos”, salió al quite González.
— ¿Pero ustedes no saben quién es el jefe de los de Tijuana, quién el de los de Sinaloa, de los del CJNG aquí?
“Lo sabemos porque se menciona en Grupo Coordinación, insisto. No podemos mencionarlos en cuestiones públicas”, intervino de nuevo al subprocurador, quien terminó por mencionar de manera genérica “los de Tijuana, los de Sinaloa y los del Cártel Jalisco Nueva Generación, de los que no hay declaraciones”; también aclaró que ninguno de ellos tiene órdenes de aprehensión.
Se insiste en el tema con la procuradora, por ella no hablado.
— Se ha manejado que éstos participan en los homicidios de estas personas de las que no quieren mencionar nombres, y esa sí es su cancha.
“Bueno, en esas sí haces petición de orden de aprehensión, si hay un dato que sea suficiente para solicitar una orden de aprehensión. Y se ha solicitado”.
— ¿A quién se le tendría que preguntar del tema de las personas que dirigen el narcomenudeo, de las personas que están cometiendo homicidios?
“En cuanto a los asuntos que tenemos en secrecía, desgraciadamente no podemos dar información, porque entonces sí, para nosotros es un problema avisarle al delincuente que lo estamos buscando. Eso es un problema en algunos casos, y en éstos pues más, ¿verdad?”.
— Entonces la Procuraduría de Baja California, en este caso persigue en lo privado.
“No en lo privado…”.
— ¿Pertenecen esas personas a alguna organización criminal? ¿Se puede decir que están combatiendo?
“Pues algunas de ellas sí, donde yo tengo orden de aprehensión, obviamente estoy buscándolos y buscando también detener a las personas para que cumplan, y poderlas remitir al Juzgado que corresponde”.
El compromiso de la Procuraduria es por tres años
— ¿De cuál organización criminal?
“Pues de la que… de las que sea”.
— Pues diga una, procuradora.
“Yo creo que no me corresponde, ¿verdad?”.
— Cómo no, pues usted es la que procura la justicia en Baja California.
“Fíjate… Yo lo que… Los datos que corresponderían a la autoridad federal en cuanto a los niveles de intervención, pues yo creo que ahí sí, ¿verdad? Pero yo las órdenes de aprehensión que pueda tener, y las que se han cumplimentado, pues ha habido información a los medios”.
— ¿Su respuesta es “a mí no me corresponde”?
“No, no. ‘A mí no me corresponde’, no. Cuando tengo una orden de aprehensión, sea de quien sea, yo la tengo que cumplimentar y buscar a las personas”.
— ¿Alguna estructura en particular?
“A ninguna. Todo el que comete un delito, mi obligación es darle seguimiento a la investigación y a la detención de la persona que haya cometido un delito. Así es”.
— ¿Tiene temor de mencionar nuevos cárteles por su nombre?
“No. La verdad que no. Digo, el temor yo creo que si uno acepta estar en estas áreas, pues lo primero que debe dejar es el temor”.
— No los menciona, pero sí los tiene ubicados.
“El de Tijuana, el nuevo grupo ese de Jalisco, o sea los mencionan; mencionarlos no es problema, el problema es que si yo ahorita te menciono uno en específico, pues no tendría para mí una respuesta lógica. Los pedimentos de orden de aprehensión se hacen una vez que se justifica para el juez ese pedimento. Si yo lo tengo, lo tengo que cumplir, sea quien sea”.
De los homicidios
Estos mismos grupos de los que no hablan, dedicados al narcotráfico y narcomenudeo son responsables, según datos de la PGJE, de más del 80% de los asesinatos violentos cometidos en Tijuana, delito a la alza en la entidad. En Tijuana, del 1 de enero al 23 de junio de 2016 se han registrado 388. De éstos también se resuelve el 25%, pero ¿cuántos resultan en sentencia condenatoria?
“La efectividad que nosotros tenemos ya cuando un asunto se consigna, es del 90-93% en cuanto a resultados de sentencias condenatorias. De ese 25, lo que se refiere a homicidios, el que yo les mencioné en cuanto a todo lo que se consigna, en cuestión de procesos es más o menos la efectividad del 90-93%”.
— Tienen un mes con un operativo nuevo, hay más gente en la calle y no se logra contener.
“Se han sacado de circulación más o menos 60 objetivos, entre gente con orden de aprehensión y de presentación, que es una parte muy importante, o sea, lo que hicimos para este operativo fue más o menos trabajar un año, alimentar la base de datos. Y salimos a buscarlos con este operativo, van 60 más o menos que han detenido”, detalló González Martínez.
— Sesenta. Y con orden de aprehensión, ¿cuántos?
“Híjole, han de ser unos 20 con orden de aprehensión”. Los otros 40 han sido testigos en su mayoría”.
Entre el 1 y el 23 de junio, tras el inicio del nuevo operativo coordinado de combate al homicidio, se han registrado 34 asesinatos violentos, los funcionarios estatales esperan que se mantenga la tendencia, lo que haría del presente mes el menos violento de lo que va de 2016.
No coordinación
— ¿Y qué pasa en el tema de coordinación cuando por ejemplo, con estas recientes capturas, la Policía Estatal Preventiva detiene a personas que se presume participaron en lo del palenque Póker, o en lo del secretario de Acuerdos en Ensenada, y luego resulta que ustedes no traen nada?
“Pues lo que pasa y lo hemos mencionado, es que de repente hay información que no está sustentada en nada. A nosotros nos corresponde la investigación, entonces, una vez que el tema se investiga, sabemos que no hay relación, y lo hemos expuesto: A veces tanto las policías municipales, como la Estatal Preventiva, dan una información que nosotros no podemos nada más hablar de esa información, la tenemos que corroborar. O sea, nos corresponde investigar si esa información que se da inicial tiene o no sustento, entonces, en muchos casos pues no lo tiene, y lo hemos expuesto porque sí de repente hay una información no muy clara, y ellos en cuanto hacen la información sobre esa detención, nosotros no la podemos… Digo, una vez que se corrobora, porque todo se hace, no hay ninguna relación, que eso sucedió con el asunto del Póker”.
— ¿No hay coordinación?
“Pues ahí sí hay que analizar”, responde la procuradora y agrega:
“Lo que pasa es que cuando a veces las Policías Preventivas operan, y realmente en algún momento del trabajo y de los objetos, o de la situación que sucede, pues los remiten a la autoridad que corresponde. Nos avisan, pero a veces es ya difícil porque en este caso en especial, SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) vino inmediatamente por la persona. Por eso ya no pudimos de alguna manera entrevistarlo, pero le pedimos a SEIDO que entre el trabajo que ellos están realizando de investigación, nos transmita lo que nosotros ocupamos”.
Se le preguntó a la licenciada Ibarra por qué a pesar de la mencionada coordinación, cuando la PEP detiene a un presunto delincuente, la Procuraduría tiene una versión diferente a la de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado respecto a sus imputaciones criminales.
“Sí compartimos mucha información, para eso es el Grupo Coordinación. Lo que pasa es que a veces la operatividad hay que estar en ella para a veces el mismo trabajo que traen en la calle, no les da a veces el tiempo, y ahorita traemos una situación en cuanto a los tiempos de turnación, en que los jueces, por las tardanzas, han dejado en libertad a las personas. “Entonces, a veces a la Policía Estatal Preventiva le surge la preocupación de que en ese tiempo vayan a tener una libertad. Se conceden amparos, o el mismo juez de Primera Instancia los deja en libertad porque hubo una tardanza en la remisión. Entonces, yo creo que a veces eso es un tema que preocupa a la autoridad preventiva, que cumplen, desgraciadamente”.
La salida
— ¿Cuál es su compromiso con el Estado, con Tijuana, en cuanto al abatimiento de la impunidad?
“Yo les comentaba hace un rato, la obligación que tenemos nosotros, la fundamental, la constitucional, es precisamente la investigación. Y todos los días trabajamos para hacerlo.
Creo que la mayor preocupación obviamente está aquí en Tijuana por el incremento de los homicidios, y es una preocupación que compartimos el licenciado y yo todos los días, todos los días vemos hacia dónde tenemos que ir para tener obviamente a los responsables en la cárcel”.
— Procuradora, ¿usted solicitó una licencia a su cargo?
“A la magistratura”.
— ¿Piensa regresar al Tribunal?
“Pues todavía no está definido, obviamente al cumplir los tres años, yo tengo que regresar al Poder Judicial”.
— Que es en unos meses.
“Así es, en noviembre. El 11 de noviembre”.
— ¿Regresaría al Tribunal? ¿Solicitaría una nueva licencia?
“No está todavía… Puedo solicitar una nueva licencia, pero todavía no lo tengo… no lo he pensado, tengo mucho trabajo todos los días”.
— Hay versiones que indican que usted se había comprometido por estos tres años…
“Así es”.
— Y que de los otros tres años, no hubo un compromiso con el gobernador.
“Pues no, la verdad no lo hemos tampoco platicado. Yo estoy buscando cumplir con el gran reto de cumplir esta responsabilidad que es muy grande”.
Muchas gracias.
Primer juicio oral en Tijuana, un homicidio entre conocidos
Antonio Junior Villanueva, de nacionalidad estadounidense, fue el primer imputado en Tijuana dentro del Nuevo Sistema de Justica Penal que empezó a operar el 18 de junio. La Juez de Control, Patricia Hernández Haro, declaró legal su detención la mañana del martes 22 de junio.
El nativo de San Diego, California, fue detenido la noche del 19 de junio, después que policías municipales los vieron descender de un auto Mustang rojo descapotable, a la altura de la calle Macedonio Alcalá, después de impactarse con tres vehículos -los uniformados lo alcanzaron unos 100 metros adelante-. Lo aseguraron porque respondía a la descripción de un hombre que había herido a dos hermanos cuadras atrás con arma punzocortante, y al revisar el auto encontraron un cuchillo.
Al presentar el caso, la representante del Ministerio Público, Laura P. García -quien fue requerida en cuatro ocasiones por la juez, pidiéndole no leer y limitarse a los asuntos que correspondían a la detención-, ofreció un relato de hechos.
Detalló con base a reportes al C4 y partes policíacos que la noche del 19 de junio el imputado chocó por alcance, en un Mustang rojo, el auto en que circulaban Carlos y Enrique Martínez Chávez; cuando el segundo se acercó a reclamarle, se fueron a las manos y lo lesionó- una puñalada en el costado y otra en el antebrazo-, entonces Ricardo López, que los acompañaba, lo ayudó a caminar y buscar ayuda. Luego el que se acercó a discutir con Villanueva fue Enrique, recibió tres puñaladas en el abdomen y murió a las once de la noche en el Hospital General.
El Ministerio Público detalló que entre el ataque y el choque del imputado mientras huía, dos policías se entrevistaron con el lesionado Enrique Mendoza Chávez, quien les dijo que a él y su hermano los había lesionado “El Junior Villanueva”, que iba en un “Mustang descapotable rojo”.
La defensa pública a cargo del licenciado Diego Ibarra Marín solicitó a la juez considerar que no había “certeza jurídica” en lo presentado por el Ministerio Público, al no hacer mención de un primer reporte atendido por un agente de Tránsito. Tampoco al hecho que ambas víctimas habían sido llevadas a un hospital, por lo que era imposible que el hermano lesionado hubiera identificado o dado la descripción de su atacante. La jueza Patricia Hernández consideró la validez de los argumentos de la defensa, sin embargo, recordó las coincidencias en circunstancias de tiempo, lugar, y además el hecho que en el auto del imputado se hubiera localizado un arma lesiva, por lo que declaró legal la detención.
Como antecedentes del ataque están los dichos de la víctima lesionada que no se presentó al juicio, la jueza instruyó al MP empelar todos los medios para localizarlos e invitarlos a comparecer, porque en esa ocasión sólo los habían buscado por teléfono.
Del motivo, la Procuraduría pudo saber que Villanueva y Enrique Chávez eran conocidos y habían tenido un pleito previo en la casa del primero durante una carne asada, en la que lo había corrido de la casa.
El día de los hechos, los hermanos Martínez bebían y escuchaban música en el patio de su vivienda, mientras Villanueva hacía lo mismo a unos metros de distancia en la calle con otras personas. En un momento, por el lugar pasó una ex novia de Antonio Junior y empezó a discutir con él, entonces Enrique se acercó a preguntar a la mujer si se le ofrecía algo, pero ésta respondió que nada.
Minutos más tarde los Martínez salieron en un auto a comprar cerveza y fue cuando el imputado les dio alcance y sucedieron las agresiones.
Ya no habrá prisión preventiva por vender droga
A partir de su operación en Baja California, el NSJP contempla una serie de reformas al Artículo 19 de la Carta Magna de nuestro país, que retiran la prisión preventiva oficiosa a una serie de delitos que ya no serán considerados graves ante la Ley, entre los que destaca el narcomenudeo.
En ese sentido, el subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, José María González Martínez, explicó:
“La figura grave que era el comercio (de droga), es decir, que usted esté vendiendo, ya no es grave, ya no amerita prisión preventiva, en consecuencia tenemos medios alternos para no mandarlo a prisión y seguir el juicio en libertad”.
En 2015, 8 mil 500 personas fueron detenidas en Baja California por la venta de estupefacientes, de las cuales 3 mil 15 corresponden a Tijuana; González subrayó que esa cantidad representa cerca del 35% del total de detenciones ante el Ministerio Público, por lo que permitir a los narcomenudistas llevar la investigación fuera de una celda, agiliza la procuración de justicia y despresuriza los espacios. Negó categóricamente que la falta de prisión preventiva fomente la impunidad.
De acuerdo con el mencionado artículo, los crímenes en los que el juez deberá ordenar que se encarcele al sospechoso son “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la Ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
Las determinaciones conllevan que, por ejemplo, un acusado de robo pueda enfrentar su proceso legal fuera de una celda; para quienes están a favor del NSJP, dichas disposiciones constituyen un avance en la procuración de justicia, puesto que prevalece la presunción de inocencia, lo que fortalecerá la investigación y evitará que se encierre a personas que no cometieron ningún ilícito.
Se abren más de 400 investigaciones a menos de una semana del NSJP
El Nuevo Sistema de Justicia Penal ya tuvo su primera audiencia por un delito del fuero común en Tijuana; se trata de un robo a un domicilio en construcción, en el que los testigos notificaron del hecho al Centro de Control y Mando (C4) y el sospechoso del crimen fue capturado por elementos de la Policía Municipal para su posterior traslado al Ministerio Público, donde el juez en turno no sólo validó la detención, sino que al imputado se le aplicaron dos medidas cautelares: alejarse del sitio del hurto y la obligación de firmar cada semana en la Unidad de Medidas Cautelares, mientras le dictan una vinculación a proceso, lo que en el sistema penal acusatorio tradicional se denominaba auto de formal prisión.
Cabe destacar que en el NSJP, los delitos no considerados graves, como robos sin la utilización de violencia, no requieren prisión preventiva oficiosa, lo que permite que los imputados puedan llevar la etapa de la investigación sin pisar la cárcel.
Datos otorgados a ZETA por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arrojan que sólo entre el 18 y el 21 de junio, los primeros cuatro días del nuevo esquema, fueron abiertos en Tijuana 452 Números Únicos de Caso (NUC) -antes averiguaciones previas-, de los cuales 51 contaban con detenido. En el caso de Playas de Rosarito se reportaron 34, sólo dos con detenido.
La zona de la ciudad que más inició NUCs es La Mesa, con 195, en su mayoría por robo vehicular, mientras que en Zona Río y Zona Centro se abrieron 170 nuevas investigaciones cuyas indagaciones correrán a cargo, tal y como sucedía en el sistema tradicional, de agentes de la Policía Ministerial. De igual manera, se iniciaron nueve investigaciones por narcomenudeo.
En el mismo periodo, la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, en la que el NSJP contempla la mediación entre víctimas e imputados como mecanismo para facilitar la procuración de justicia, contó con 70 casos nuevos, en tanto, la Unidad de Investigación de la Subprocuraduría Zona Tijuana reporta 107. Fueron canalizados siete NUCs a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, todos en La Mesa.
El Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP) realizó 13 acuerdos -ocho con detenido – entre ambas partes, con lo que se consiguió una despresurización del 0.37%. Hasta el momento, solamente Antonio Junio Villanueva, acusado de un homicidio culposo perpetrado en Otay ha sido encarcelado de manera preventiva, el resto de los detenido han sido liberados debido a la naturaleza no grave de su crimen.
Huellas de “El Travieso” en autos de homicidas
Uno de los autores materiales del asesinato de Sergio Octavio Galindo Ramírez, ex secretario de Acuerdos en la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ensenada, fue detenido en la zona turística de la ciudad, informó la Policía Estatal Preventiva de Baja California.
Al capturado se le identificó como Daniel Zamudio Ibáñez “El Travieso” o “El Dany”, de 27 años de edad, quien había sido asegurado por la propia PEP en do fechas anteriores: 27 de septiembre de 2013 con una orden de aprehensión por robo con violencia, y el 26 de noviembre del mismo año por posesión de 12 globos de ice.
Al momento de su detención, “El Travieso” tenía una orden de aprehensión activa en su contra, fechada el 6 de enero de 2016 por homicidio calificado y robo calificado de vehículo automotor.
Su aprehensión se realizó alrededor de las ocho de la noche del martes 21 junio, tras un reporte a la línea de Emergencia 066, en la que un ciudadano indicó que en el estacionamiento de un hotel de Ensenada, en la Avenida Bucaneros del fraccionamiento Playa Ensenada, un hombre trataba de subir a una mujer por la fuerza a su auto. La Policía llegó y lo detuvo, la mujer, “María”, explicó que era una riña conyugal, pero al correr sus datos le salió la orden de aprehensión.
Una vez bajo custodia en entrevista en las áreas de inteligencia, “El Travieso” habló de su participación en tres hechos delictivos: el asesinato de Sergio Galindo, funcionario de la PGR, así como los multihomicidios del palenque Póker y en el poblado Ojos Negros.
Las huellas de Zamudio fueron identificadas por peritos de la Procuraduría del Estado en uno de los vehículos involucrados en el homicidio del secretario de la PGR, ocurrido el 3 de octubre de 2015; al respecto aseguró que estaban ahí porque era mandadero del grupo criminal y que un día antes del crimen le habían ordenado limpiar varios de los carros usados en el ataque.
De los participantes en ese asesinato mencionó a Rubén López Meza “El Chino” o “El Sapo”, detenido el 11 de mayo por agentes de la PEP que cumplimentaron la orden de aprehensión en Mexicali.
Agregó que el día del homicidio vio a “El Chino” con Alexis Mendoza “Plaga” y dos sujetos más, de los que no recordó apodos. Y otros dos identificados sólo como “Colosio” y “Payaso”.
En cuanto al asesinato de Sergio Poblano y tres miembros de su familia el 10 de octubre de 2015 en Ojos Negros, dijo que él cuidó las armas, pero los perpetradores fueron Cuauhtémoc Acosta “El Temo”, Leopoldo Lizárraga “El Primo” y otros dos a los que mencionó como “El Callado” y “El Chofer”.
Finalmente, respecto al ataque en el palenque Póker el 23 de enero de 2016, donde hubo dos menores y dos adultos asesinados, “El Dany” refirió que él únicamente cargó las armas usadas en el ataque de un carro a otro, y que justo un día antes había estado en la casa de Roberto Gómez “El Vaquero”, uno de los participantes en el atentado al palenque.
