El decomiso representó una pérdida estimada de 283 millones de pesos para grupos criminales e impidió la llegada de 2.6 millones de dosis al mercado ilícito.
Pese a anuncio de estrategias de seguridad, continúan homicidios, masacres y hasta bombazos. Presidentes municipales, periodistas y sacerdotes, entre las víctimas. Autoridades locales y federales han detenido a algunos presuntos jefes de células criminales
