La denuncia involucra además a otros servidores públicos de Sinaloa señalados en la investigación federal estadounidense, en un caso que ya generó reacciones del PAN, el PRI y la bancada de Morena.
La deuda de corto plazo de Sinaloa, en manos de Banorte, Santander y BBVA, quedó bajo escrutinio especial ante posibles restricciones al crédito comercial.
La SRE y la FGR revisaron la solicitud del DOJ y determinaron que carece de pruebas suficientes para actuar conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
