Parece que nuevamente las autoridades jurisdiccionales federales tienen que poner en orden los arrebatos del Congreso de Baja California. El jueves 28 de enero, magistrados de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmaron la sentencia de su equivalente en Baja California, sobre la impugnación de los diputados Juan Manuel Molina y Miriam Cano Núñez, quienes pretendían echar abajo el referéndum constitucional promovido por los regidores Héctor Ibarra Calvo y Fernando Rosales, del PAN y el PRD, además de representantes de cámaras empresariales e integrantes de la sociedad civil.
