Si algo ha quedado claro en la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, es que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no es una prioridad, e incluso, la política del actual gobierno es deshacer el proyecto ciudadano forjado como una herramienta o contrapeso, para diseñar políticas públicas y señalar posibles actos ilícitos dentro del sector público de Baja California.
