El Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) ha sido durante años un termómetro de la relación entre el Estado y el sector privado-empresarial. Hoy evidencia una política fiscal maquillada para evitar el escrutinio y desviar la atención de una ruta clara de desarrollo económico.
Las nuevas reglas establecen tres modalidades de apoyo: fortalecimiento de MIPYMES, promoción de inversión y proyectos estratégicos. Pero muchas de estas líneas de acción (infraestructura urbana, seguridad, educación) son funciones propias del gobierno. ¿Por qué canalizar recursos fiscales a través de un fideicomiso para ejecutar políticas públicas que ya tienen presupuesto asignado? La contradicción es profunda.
