En Baja California, el Congreso analiza una reforma que busca sancionar el uso ilícito de cámaras en vía pública, práctica conocida como “halconeo”. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo estatal, propone modificar el artículo 317 TER del Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión a quienes instalen sistemas de videovigilancia con fines delictivos.
El Colegio de Abogados de Tijuana pide a los diputados cuidar la redacción e interpretación de la ley, ya que son los periodistas quienes tienen mayor proximidad con los hechos de alto impacto en Baja California.
En ocho meses han sido retiradas 1,600 cámaras de vigilancia domésticas instaladas en la vía pública, lo cual estará prohibido de aprobarse la ley antihalconeo.
