El Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) ha sido durante años un termómetro de la relación entre el Estado y el sector privado-empresarial. Hoy evidencia una política fiscal maquillada para evitar el escrutinio y desviar la atención de una ruta clara de desarrollo económico.
. Mientras tanto, los hospitales carecen de insumos básicos, los programas preventivos no operan y los pacientes en estado crítico, como quienes luchan contra el cáncer, enfrentan un desabasto y en otros casos un acceso incierto.
Nos prometieron una nueva justicia. Con jueces electos por voto popular, se dijo que la legalidad estaría más cerca del pueblo. Que no habría nepotismo, que las sentencias serían rápidas, que el sistema judicial se regeneraría desde adentro.
El Estado tiene el deber constitucional de educar protegiendo. Cuando niñas, niños o docentes son expuestos a infraestructura insegura, ausencia de protocolos, falta de insumos y abandono operativo, la educación deja de ser un derecho: se convierte en un riesgo legalmente imputable.
El Estado tiene el deber constitucional de educar protegiendo. Cuando niñas, niños o docentes son expuestos a infraestructura insegura, ausencia de protocolos, falta de insumos y abandono operativo, la educación deja de ser un derecho: se convierte en un riesgo legalmente imputable.
La escuela ha sido mucho más que aula. Ha ofrecido escucha, refugio y cuidado emocional. Pero si cerramos la puerta puntual para evitar riesgo, si dejamos de involucrarnos con lo que viene de casa, debilitamos lo que hizo la escuela en primer lugar: ser comunidad y lugar seguro.
Las nuevas generaciones del magisterio estatal deberán esperar hasta los 65 años, mientras que sus pares en la burocracia lo harán a los 60. Esta diferencia carece de justificación técnica y constituye una inequidad estructural dentro del régimen.
A finales de 2024, mientras miles de trabajadores y pensionados exigían justicia para el Issstecali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmaba un compromiso público con Guillermo Aldrete, secretario general de la burocracia estatal: no se condonaría un solo peso a los entes públicos deudores. Sin embargo, esta escena era meramente un acto de política simbólica, ya que la estrategia ya estaba en marcha.
La atención es otro pilar esencial del protocolo. Se pretende establecer mecanismos claros para la denuncia y gestión de casos de violencia sexual, incluyendo canales de comunicación confidenciales y accesibles.
Más grave aún que los operadores del fraude ha sido el silencio de quienes debieron alzar la voz. ¿Dónde están los colegios de abogados, las facultades de Derecho, los litigantes? ¿Por qué tantos optaron por la indiferencia? ¿Y por qué otros, peor aún, participaron activamente en esta farsa?
