El 30 de septiembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó la iniciativa de reforma eléctrica de su gobierno. La restructuración que propone el mandatario despertó un bloque de oposición y señalamientos por parte del sector empresarial y sociedad civil, con el que afirma que la renovación del sector atenta contra el avance de la implementación de fuentes renovables.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo tenía claro. Fue muy benevolente con el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, al que bajo la figura de testigo colaborador, le dio tantas prebendas que, a 15 meses de haber sido extraditado de España a México, no había pisado la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se lleva su caso. Esta vez fue diferente, y Lozoya compareció para quedarse preso preventivamente.
