* Sólo se han sentenciado a 32 personas por este delito. Un analista del Registro Público de la Propiedad y el Comercio fue vinculado a proceso y encarcelado por delitos de fraude, fraude procesal, colusión de servidores públicos y asociación delictuosa, pero sus jefes subrecaudadores quedaron exonerados
* De acuerdo a los jueces bajacalifornianos, el RPPC se limita a inscribir propiedades, y como organismo de buena fe, no tiene responsabilidad si valida documentación falsa
El pasado 12 de septiembre la FGE informó la detención de José Ulises “N”, presunto implicado en el homicidio ocurrido el 17 de mayo de 2026 cuando la víctima intentó vender un vehículo a través de la plataforma de Facebook
La Patrulla Espiritual es fiscalizada por el uso de más de siete millones de pesos en becas, mientras autoridades investigan la muerte de un interno, documentan lesiones y suspenden una de sus clínicas. “Si incumplió la meta, deberá devolver parte del recurso”
Tras la manifestación de abogados en Baja California por los homicidios relacionados a dicho gremio; la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez confirmó que existen avances en distintos casos y se comprometió a seguir trabajando para hacer justicia en cada uno de ellos
Científicamente fue comprobado que la muerte fue por causas naturales; caso contrario al de Richard Damián Pimentel, asesinado el 21 de agosto en la clínica asociada a la Patrulla Espiritual.
El Gobierno Estatal confirmó a ZETA que 73 pacientes aceptaron continuar su tratamiento contra las adicciones; Jireh, en Matamoros, estará cerrado en lo que FGE lleva a cabo “las diligencias correspondientes”.
El colectivo Madres Unidas y Fuertes hizo un llamado a las autoridades a realmente trabajar para apoyar a los grupos en las búsquedas y que sean más eficientes las investigaciones para dar con sus desaparecidos.
Familiares de personas que murieron en casa denunciaron a ZETA que son amenazados con que los cadáveres de sus seres queridos, los mandarán a la fosa común si no contratan a los médicos que acompañan a los agentes de la FGE.
Mario Antonio “N” y Anthony “N” son señalados por su probable participación en un homicidio ocurrido en un centro de rehabilitación Jireh, propiedad de Jesús Ignacio Osuna “El Chikilin”.
