En la primera quincena de junio, la Policía Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) reportó nueve líneas telefónicas con las que intentaron extorsionar y en algunos casos tratando de cobrar piso a familias de Baja California Sur.
Violencia intrafamiliar, extorsiones y robo de recursos naturales son los delitos de los que son víctimas las comunidad indígenas en Baja California que no pueden llevar un adecuado proceso al no poder hablar español.
El abogado Jesús Alberto Ayala Urías interpuso una denuncia en contra del XXIV Ayuntamiento de Ensenada para demandar el pago de honorarios correspondiente a las negociaciones entre el gobierno municipal y la transnacional Energía Costa Azul (ECA), filial de Sempra Energy.
En el podcast hablamos sobre la disputa entre el Mencho y el Mayo en Baja California; del daño patrimonial causado por el exgobernador Jaime Bonilla; policías de Tijuana involucrados en homicidios y abusos sexuales así como las protestas en el albergue DIF.
Desde la primera semana de febrero, oficialmente se confirmó actividad de una banda de extorsionadores que operaba en Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución, cobrando piso a los pescadores para vender su propio producto, pese a que el Gobierno del Estado, a través del secretario general, Homero Davis Castro y su titular Víctor Castro Cosío negaron que existieran casos de extorsión en las comunidades pesqueras.
Desde 2018 y 2019, les cobraban 70 pesos semanales y 1,500 pesos cada año, a los comerciantes del mercado Los Panchos, argumentándoles que ese dinero iba destinado a inspectores del municipio
“Tenemos muchas quejas, nos preocupa” dijo la también titular de la Notaría 6 de Tijuana, quien consideró que al ser una nueva forma de extorsión la población está más vulnerable.
Se instalarán tres módulos en la avenida Revolución, para que los turistas puedan interponer denuncias si son víctimas de actos de corrupción por parte de funcionarios municipales
