Un gobierno como el de Baja California, que desde 2014 fue exhibido internacionalmente como uno de los principales espías a nivel nacional de activistas, periodistas, rivales políticos y demás, debería tener mayor interés en transparentar sus actividades de intromisión en la vida privada de las personas y limitar tales actividades cuando esté justificado legalmente en temas de seguridad pública y procuración de justicia.
