La discusión sobre el debate de despenalizar y regular la eutanasia (la acción deliberada de un médico para poner fin a la vida del paciente) y el suicidio asistido (el médico le proporciona los medios, pero es el paciente quien ejecuta la acción) plantea una pregunta fundamental sobre la intervención del Estado para prolongar la vida del paciente, a pesar de su voluntad y no obstante el sufrimiento que implique la enfermedad que padezca.
Durante la administración del XXIV Ayuntamiento se han cancelado 148 cuentas por vender pases médicos irregularmente; de ellas, el 88 % han sido los profesionales de la medicina
