El gobierno de Baja California podría denunciar por daño patrimonial a Fisamex, empresa a la que la administración de Jaime Bonilla Valdez pagó más de tres mil millones de pesos por elaborar dictámenes contra usuarios comerciales e industriales de agua.
Las impugnaciones a los dictámenes de asignación de regidurías de Representación Proporcional en Baja California, presentadas con motivo de los comicios del 6 de junio e interpuestas por ex candidatos y representantes partidistas, se resolverán a mediados de la próxima semana.
