El contendiente a Juez Federal de Competencia Mixta, Nájera Huerta Santos Sadot, cometió una falta a la nueva legislación electoral que regula las campañas para quienes ocuparán los cargos en el Poder Judicial. En Ensenada, el abogado convirtió el salón destinado a la formación del personal médico y administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en un foro político.
Increíblemente, cualquiera pensaría que los hechos recientes, la revocación de la visa de su esposo primero y la de ella después, y la carne asada masiva como manifestación pacífica contra su gobierno, que congregó casi nueve mil personas en el corazón de Mexicali, harían cambiar de estrategia pública a la gobernadora Marina Ávila Olmeda, pero no.
A propósito de la inclusión, en ZETA revelada, de los hermanos Luis Alfonso y Carlos Torres en una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por huachicol, diversos actores políticos se pronunciaron, entre ellos los panistas de Baja California, partido al que perteneció el esposo de la gobernadora, quien reveló le revocaron la visa para entrar a los Estados Unidos.
Lizeth Yazmín Torres Andrade se graduó de la licenciatura en Derecho por la UABC en el 2013; presume 12 años de experiencia “en el servicio público en áreas de investigación de delitos, seguridad y justicia alternativa”.
Carlos Torres Torres no sólo se caracteriza por su desempeño en la función pública, como coordinador de Proyectos o en el ámbito de las “actividades privadas” en calidad de asesor empresarial (como él mismo ha declarado).
Abigaíl Esparza Reyes, la joven agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) que perdió la vida durante un operativo para capturar a César Hernández, hace apenas un mes, en el municipio de Tijuana, tendrá un mayor reconocimiento en Estados Unidos que en Baja California, entidad donde cumplió con su función a cabalidad.
Quienes están hartos son los proveedores del Ayuntamiento Municipal de Tijuana, pues varios de ellos -si no es que la mayoría- señalan que hay dos trabajadores de Servicios Públicos Municipales, de apellidos González y Flores, que se la pasan “centaveando” a los propietarios de negocios, en especial a quienes tienen talleres mecánicos.
El ex director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, parece que está siendo borrado del mapa… o al menos de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda aprovechó la recta y estableció un mecanismo para ampliar, hasta por seis meses más, la posibilidad de burlar temporalmente la obligatoriedad de la paridad sustantiva en los gabinetes gubernamentales de Baja California, los cuales, salvo San Quintín y San Felipe -los dos nuevos municipios-, no se acercan al requisito constitucional.
Y no de cantantes de regional mexicano, sino de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, de donde fueron corridos dos ex “servidores”. Uno por la denuncia de un usuario que se vio defraudado, y otro por usurpar funciones.
