El nombramiento del ex procurador de justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, en la dirección Jurídica del Ayuntamiento de Ensenada causó sorpresa, especialmente por el historial del cachanilla como alto mando de seguridad tanto en este estado como en el vecino.
El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez no cumplió ni cuatro meses e la administración de la alcaldesa Norma Bustamante, a quien se lo impusieron como director de Seguridad Pública, pero esos escasos días le resultaron en un finiquito de 82 mil pesos. Lo que algunos consideran oneroso, dado que, por el corto tiempo de la estadía del teniente, no le dieron tiempo de dar resultados.
Gustavo Medina Contreras ha tenido diversos y muy buenos padrinos en su larga carrera por el Poder Judicial en Baja California. Desde el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, cuando es su calidad de magistrado súper numerario, suplió durante los seis años de esa administración a la magistrada Perla Ibarra, luego que solicitó licencia para encabezar la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
Gustavo Medina Contreras, egresó con un promedio de 7.52, lo cual debería haber sido suficiente para considerarlo inelegible, dado que la Constitución refiere, que para ser candidato en la elección del Poder Judicial, es requisito haber promediado un 8 en la calificación de la licenciatura.
A dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal se les hizo fácil estacionar la patrulla que tripulaban, obstruyendo la salida...
En los entretelones del PAN de Mexicali existe un político probado -en el buen y muy mal sentidos-, que busca emerger de entre las sombras del olvido para asumir nuevos roles protagónicos dentro del partido, aprovechando que no existe orden ni proyecto.
Se supone que el secretario de gobierno es el parachoques del gobernador, o de la gobernadora en el caso actual de Baja California, y aparte de las labores administrativas y de coordinación, tiene tres tareas fundamentales: es el encargado de la política interna en el estado, representante de la gobernadora y principal asesor de la titular del Ejecutivo.
La presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, no ha escatimado para enriquecer a la empresa Capital Rent, una de las favoritas de los gobiernos morenistas a nivel nacional y que está vinculada con otros negocios que han sido sancionados por incumplimiento y entrega de documentación apócrifa para competir en licitaciones.
La cuestión es que a partir de la revocación de la visa de la gobernadora y de su esposo, ahora la revocación de la visa a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante y a su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, y la investigación que, sobre unos 15 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, llevan en los Estados Unidos, el campo de indagación en el sector gubernamental se está ampliando hasta secretarios y secretarios particulares. Así que, por lo menos uno ya está en la mira, según trascendió en la Unión Americana.
El área destinada para el público en la sala de sesiones del Congreso de Baja California estuvo repleta el miércoles 13 de agosto durante la comparecencia de la fiscal Elena Andrade. La mayoría de los asistentes eran empleados de la FGE, una audiencia que no estaba autorizada para intervenir en la sesión, pero lo hizo.
