La diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo se tenía bien guardada la adquisición de un terrenito en el municipio de Playas de Rosarito, el cual -curiosamente- fue adquirido mediante un título de propiedad signado por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), dirigido por Saúl Osnaya.
El diputado morenista Jaime Eduardo Cantón Rocha viajaba a título personal cuando le fue retirada la visa estadounidense; en el sistema norteamericano aparece como revocada, pese a negarlo públicamente.
Pero en una revisión sobre los bienes los magistrados Alberto Loaiza Martínez, Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Guillermo Moreno Sada, en el registro público de la propiedad y el comercio, resulta que Loaiza Martínez es “homeless”, pues no cuenta con una propiedad a su nombre, lo cual es extraño, dado que en el año 2007 adquirió una vivienda en la colonia Profesores Federales de Mexicali, con clave catastral PF-011-101, misma que vendió dos años después.
En Baja California, eso de la independencia del Poder Judicial se toma como broma. Luego que el magistrado Alejandro Isaac Fragozo se comportara como un integrante del gabinete de la gobernadora Marina Avila Olmeda, o como el diputado 18 de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, especialmente cuando se trata de inclinar la balanza de la justicia o de colocar recomendados, hace unos días demostró su compromiso con la gobernadora y el proyecto morenista.
A Carlos Torres Torres los gobiernos cercanos le dan un trato muy desigual. Mientras en México goza de la protección del Estado, en los Estados Unidos es recipiente del desprecio institucional.
A Isaac Contreras, regidor del Verde en el Ayuntamiento de Tecate, ya mejor le quieren decir “Pastor”, pues decidió llevar la liturgia cristiana, religión que profesa, al mismísimo Palacio Municipal.
El nombramiento de Ismael Castro como director del FEX de Mexicali, era insostenible. En días pasados, y con una discreción total, la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez ordenó un enroque dentro de la administración municipal con el único objetivo de remover a uno de sus funcionarios consentidos y encargado de la organización de las Fiestas del Sol.
La que, de acuerdo a su abogado, demandará al Gobierno de los Estados Unidos, es la exalcaldesa de Rosarito, y diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.
Por estos días en que resulta cada vez más importante conocer el entorno y los antecedentes de las personas con quienes se asocian, a propósito de las redes de lavado de dinero que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está detectando, investigando y sancionando a través de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés), otro empresario ha salido a pintar su raya en relación a uno de los favoritos de los gobiernos de Morena en Baja California.
