Han pasado seis meses desde el 22 de diciembre de 2020, cuando se reformó la Ley de Seguridad, y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informaron que se había aprobado un fondo de 400 millones de pesos “para empezar a pagarle a los policías lo que se merecen, lo que el Estado le debe dar en reciprocidad de su trabajo”.
