Los 32 obernadores enviaron un posicionamiento, en calidad de ‘Amicus Curiae’, a la presidenta de la SCJN, en el que pidieron no se eliminara la prisión preventiva oficiosa.
La ministra reprochó, además, que la SCJN había calificado conceptos como "democracia deliberativa", que ni siquiera existían en la Constitución, para motivar la validez o invalidez de leyes.
