El servicio de Administración Tributaria subastará acciones de la empresa Codere, que tiene en su filial, Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (Icela), que opera el Hipódromo de las Américas y 41 salas de apuestas físicas, debido a una deuda fiscal de casi mil 900 millones de pesos.
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó por unanimidad mantener la tasa de interés en 6.50%, y adelantó que “será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual” hacia adelante, con el fin de consolidar un entorno de inflación baja y estable ante los retos del entorno macroeconómico.
El 5 de agosto de 2026, el Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de las inspecciones agrícolas en Michoacán, por una “amenaza contra los intereses estadounidenses”, frenando así la exportación del aguacate que se produce en esa entidad.
De enero a marzo de 2026, la actividad económica de Baja California retrocedió -2.5% en su comparación anual; sumando así cuatro trimestres consecutivos con contracción y confirmando que el estado enfrenta una recesión económica, dijo el economista Jorge Fonseca.
La empresa automotriz coreana KIA anunció que invertirá 649 millones de dólares en su planta de Pesquería, Nuevo León, en los próximos dos años. Con esta inversión se crearán 500 empleos directos en 2026 y 1,500 para 2028.
Con un aumento quincenal de 0.23%, Baja California se ubicó dentro de los cinco estados de la república mexicana con una inflación superior al promedio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Como parte de la Sección 301 de la Ley de Comercio, la administración estadounidense de Donald Trump impuso un arancel del 10% a México y a otros 16 países “que imponen o se han comprometido a imponer y hacer cumplir” la prohibición de importar productos producidos con trabajo forzado.
El registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acumuló 24 meses consecutivos con pérdida de patrones en el país; lapso en que 57 mil 152 patrones salieron del registro.
Las autoridades financieras mantienen conversaciones con inversionistas institucionales, fondos de pensiones mexicanos y bancos para estructurar el financiamiento, cuya mayor parte se prevé concretar en un año.
