El 21 de noviembre de 2025, autoridades federales y estatales detuvieron a siete servidores públicos del municipio de Uruapan, que se ostentaban como escoltas de Manzo Rodríguez.
Entre los arrestados destacaron un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármol, utilizada para introducir la metanfetamina oculta en piedras importadas desde México.
La presidenta de la República señaló que, más allá del partido político, cualquier posible irregularidad debe ser atendida por las instancias competentes.
Guanajuato registró una disminución del 62 por ciento respecto a febrero de 2025, Sinaloa redujo 43 por ciento en relación con junio de 2025 y el Estado de México presentó una baja del 54 por ciento comparado con septiembre de 2024.
Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, confirmó el 7 de enero de 2026, que el CJNG perpetró la emboscada.
El hombre consiguió un amparo directo ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, donde alegó falta de recursos y argumentó que su hija no tuvo necesidad, debido a que el abuelo materno se había hecho cargo de ella, por lo que pagarle en retroactiva representaría una doble pensión.
Las indagatorias federales señalan que Gómez García habría firmado de manera irregular contratos de prestación de servicios para diversos penales federales, con el objetivo de extraer recursos de procedencia ilícita y canalizarlos a empresas controladas por García Luna.
