Pío exigía el pago de 200 millones de pesos a Loret y Latinus, 400 mdp en total, como "reparación del daño", argumentando que su reputación fue afectada, así como la posibilidad de hacer negocios en el presente.
“Sí [pedimos una revisión] quien me ayuda Jessi [Martha Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la República], tiene alguna relación con los de YouTube, creo que le dijeron que si quitaba el teléfono que podía subir de nuevo el texto”, reveló López Obrador.
La FGR determinó en la averiguación previa 2080/94, decretar el no ejercicio de la acción penal contra Aburto Martínez, porque no se acreditó el delito de tortura contra él.
