Bastaron cinco años dentro de la administración pública morenista para que el abogado Pedro Ariel Mendívil García, pasara de ser un jurista reconocido cuyo nombre destacaba como aspirante a dirigir la Fiscalía General del Estado (FGE) en el arranque del sexenio de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de un hombre de plena confianza por parte de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante que lo hizo director de la Policía, a ser detenido por autoridades estatales y federales acusado de un posible involucramiento en un caso de desaparición forzada originado en el bar Shots de Mexicali, centro nocturno convertido en una herida abierta y sinónimo de crímenes, debido a que una decena de jóvenes fue vista por última vez en ese lugar.
El pasado martes 28 de julio, el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali durante el pasado trienio (también dirigido por Norma Bustamante), fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Los Arcos, una de las comunidades ubicada en los alrededores del Centro Cívico de Mexicali.
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El aparatoso dispositivo de seguridad rodeó la vivienda desde la noche anterior, pero ante la falta de un procedimiento de cateo, no pudieron ingresar al domicilio de forma inmediata, lo que permitió que el abogado y también ex fiscal regional durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández, pudiera llamar a sus abogados para defender sus intereses, excolaboradores para hacer una transmisión en vivo sobre su detención, y de paso grabar un mensaje difundido a medios de comunicación donde acusó de ser víctima de una persecución política como la de Ernesto Ruffo, por no ser militante de Morena.
“Me tocó ser la respuesta al quinto audio”, refirió en un fragmento del video de poco más de siete minutos grabado desde su vivienda, en una clara referencia a la ola de conversaciones privadas difundidas por el columnista Héctor de Mauleón, en el que se escucha a la mandataria bajacaliforniana negociando con funcionarios estadunidenses en busca de recuperar su visa de turista, revocada en mayo del 2025, por presuntas investigaciones en contra de ella y su exesposo Carlos Torres Torres. También aprovechó para acusar a la fiscal Ma. Elena Andrade de actuar de forma dolosa y vengativa en su contra, pues -aseguró- la presionó y le abrió juicio por una acusación que data del 2011, cuando Andrade Ramírez era subprocuradora.
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A su vez, Andrade asegura que la investigación tiene tres años y que se obtuvieron suficientes datos a partir de este momento que fue judicializado.
Mendivil García fue capturado durante un operativo en el que se detuvo a otros agentes municipales, entre ellos su comandante Luis Alfonso Jacobo, además de Kevin González Álvarez, identificado como hermano de Jesús Armando González Álvarez, conocido como el 8-9, presunto sicario de los Rusos.
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Quien se escapó de ser detenido fue el exsubdirector de Inteligencia de la Policía Municipal, Luis Rodríguez Lucero, quien se encontraba en la vivienda junto con Pedro Mendívil García, pero por alguna razón ninguno de los agentes federales lo detuvo, a pesar de que también contaba con el mandamiento judicial en contra.
A tres días de que fue detenido el exdirector de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil, varios sectores de la sociedad se han posicionado al respecto, a excepción de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante (quien lo respaldó durante más de dos años siete meses) y la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de quien presumía simpatías.
LAS ACUSACIONES
En diciembre del 2021, Pedro Ariel Mendívil asumió la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y en pocos días se convirtió en héroe para la gobernadora y la alcaldesa de Mexicali, luego de que la corporación que representa detuviera a Felipe Eduardo Barajas Lozano, alias el Omega, durante una situación fortuita en la que fue captado realizando detonaciones de arma de fuego a bordo de un vehículo de lujo, a escasos metros de la casa de Marina del Pilar, en Residencial Calzada, ubicada en la Zona Dorada de Mexicali.
Barajas Lozano fue arrestado por la Policía Municipal, y luego de un enredo en la puesta a disposición y supuestas versiones de que intentarían “cambiarlo” para que el Omega evitara la acción de la justicia, finalmente fue entregado a la Fiscalía General de la República y después a la Fiscalía de Sinaloa, para que enfrentara una acusación de feminicidio que arrastraba desde hace varios años.
El Omega era uno de los principales líderes del grupo delictivo de los Rusos, que apenas tomaba fuerza en Mexicali, por lo que su detención fue uno de los golpes más relevantes -aunque fuera fortuito- de la incipiente administración morenista.
Esta semana, Mendívil García fue acusado de formar parte de una red policiaca al servicio del grupo delictivo de los Rusos, cuyo objetivo era desaparecer a jóvenes que pudieran estar trabajando para la Chapiza, en la venta de droga en la Zona de Antros de Mexicali, durante los años 2022 y 2023, hasta que una turba enardecida en busca de respuestas irrumpiera en el negocio y provocara un incendio en el lugar.
Con casi 45 minutos de retraso, el pasado miércoles 29 de julio se llevó a cabo la formulación de imputación en contra de Pedro Ariel Mendívil, pero también de Luis Alfonso Jacobo, excomandante de la Policía Municipal durante la pasada gestión, y los agentes Eduardo López García, Kevin González Álvarez, Juan Carlos Jacques, cuya defensa correría por cuenta de Valerio Rodríguez Cruz y Francisco Alberto García Carrasco, Jorge Arteaga Monteverde, y Plácido Villapudúa Montaño, respectivamente.
A cargo de las acusaciones se encontraba la fiscal Ariana Betzabé García Ceseña, quien en su primera “movida” frente al juez de Control, Fernando Serrano, pidió que la audiencia fuera privada para efecto de -según dijo- proteger a las víctimas indirectas de la desaparición de los dos jóvenes que sólo fueron identificados como JRVD y CAGM, iniciales de los hoy ausentes.
Ese fue el primer enfrentamiento, dado que el exdirector de la Policía recriminó que no había motivos para declarar la audiencia privada, sobre todo por el hecho que la propia fiscal, Ma. Elena Andrade Ramírez, había dado una conferencia de prensa la tarde anterior para brindar detalles que se encuentran en la carpeta de investigación.
Mendívil García acusó nuevamente de una persecución política y aseveró que la máxima publicidad era algo de alta trascendencia en este juicio, tanto para los familiares de personas desaparecidas como para la sociedad, por la magnitud del tema.
La valoración del juez de Control concluyó en permitir al público, en una sala remota, para conocer el fondo del caso.
La segunda batalla -y la más extensa- se dio debido a que, según refirieron los abogados de los imputados, no les habían entregado la carpeta de investigación ni las pruebas digitales de cámaras de video captadas en los alrededores.
Este enfrentamiento provocó dos recesos que extendieron el inicio de la audiencia de las 12:40 horas del miércoles a las 00:30 horas del jueves. Durante el arranque de la discusión, la fiscal intentó nuevamente hacer una audiencia privada, pero tras un error de cálculo a la hora de exponer, su petición fue rechazada, no sin antes volverse a enfrenta con Pedro Mendívil, acusándose mutuamente, al grado que la representación del Estado advirtió que los señalamientos de Mendívil eran considerados violencia política en razón de género.
Hasta el cierre de la edición -porque la audiencia continúa- se presentaron 17 pruebas testimoniales en contra de los hoy imputados, donde destaca la presencia de tres policías, de nombres María Trinidad de la Cruz González, Diego Armando Durón Castro y Julio Ezequiel Ledezma Alvarado, este último apodado el Diablo y detenido apenas el 1 de julio, en posesión de algunas dosis de droga, mientras circulaba en un vehículo por las calles del Valle de Mexicali, pero que según mandos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) está involucrado en el asesinato de dos agentes de la FESC, realizados apenas unas semanas atrás. Ledezma Alvarado compareció ante el Ministerio Público, acompañado de su abogado particular, y dijo que declararía en función a sus intereses, luego de su captura.
El caso que se le imputa a Pedro Mendívil y la supuesta red de policías vinculados a los Rusos data de la madrugada del 3 de agosto, cuando los dos jóvenes salieron del bar Shots, ubicado sobre la calzada Francisco L. Montejano, para seguir la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. Uno es originario de El Centro, Californias, mientras que el otro radicaba en Mexicali.
Ese día acudieron al bar La Conga III para luego trasladarse al Shots, donde permanecieron hasta el cierre. Durante su estancia, según testimonios de trabajadores cuyo nombre no se reveló por razones de seguridad, estaban en avanzado estado etílico y tuvieron una discusión con algunas personas, asegurando que afirmaron pertenecer al grupo de la Chapiza o de las “patas cortas”.
Ambos jóvenes tomaron el vehículo GMC Sierra modelo 2018, color negro, con rines cromados y placas AJ1905. Tras salir del bar Shots, se dirigieron a las instalaciones de una Farmacia Guadalajara de la zona, donde descendieron para comprar unos jugos. De esta información existe -según dijo la FGE- mensajes, llamadas, impresiones de pantalla, donde uno de los hoy ausentes sostuvo una conversación con su novia poco después de las tres de la mañana.
A las afueras de dicha farmacia, un grupo de agentes municipales increparon a los jóvenes, a quienes acusaron -según la FGE- de formar parte del grupo delictivo de los Chapos, agrupación que sostiene una pelea encarnizada con los Rusos desde hace varios años y con su líder, Jesús Alexander Sánchez Félix/Juan José Ponce Félix, alias el Ruso.
El agente que habría acusado a los jóvenes es Christopher Núñez Cine (aún prófugo), quien pidió el apoyo de Juan Carlos Jacques, Eduardo López García y de Kevin González Álvarez, además de otros agentes no identificados aún.
“Valieron verga, que eran de las patas cortas”, dijo la fiscal en referencia a que la acusación los relacionaba con los Chapitos. Si bien no hay información que relacione a las víctimas directamente, otros testigos hicieron referencia a que durante su estancia en el bar Shots habrían presumido un nexo con este grupo delictivo.
Tres patrullas acudieron el lugar y los agentes implicados detuvieron a los dos jóvenes sólo identificados como JRVD y CAGM.
Los testimonios del padre de JRVD y la hermana de CAGM, que recabaron datos de supuestos informantes -en un caso- y la cuenta de ICloud -del otro-, arrojaron que la última ubicación de los dos jóvenes fue en la calle Profesor José G. Valenzuela, #204, en la colonia Insurgentes, donde se ubica una casa de cambio, un negocio en renta y a escasos metros el estacionamiento de la tienda Soriana de Francisco L. Montejano.
La hipótesis de la FGE sugiere que luego de aprehenderlos, Kevin González -presuntamente- habría sostenido comunicación con su hermano Jesús Armando González Álvarez, alias el 8-9 o el 4-4, presunto operador de los Rusos e implicado en un levantón videograbado y posterior “narcovideo” donde se exhibió a Ramsés Heriberto Zatarain Hernández, de 35 años, quien en junio del 2022 fue privado de la libertad -presuntamente- por una célula de sicarios encabezada por el 8-9.
Luego de levantarlo, fue torturado y videograbado haciendo referencia a casos de otras personas desaparecidas. Horas después del plagio, fue hallado muerto en un terreno baldío al Oriente de Mexicali.
El 8-9 y su hermano Kevin, quien era policía municipal, trasladaron a los jóvenes al estacionamiento del Soriana, donde entregaron el auto y a los dos “detenidos” a presuntos sicarios de los Rusos, quienes los habrían desaparecido.
Dado que uno es ciudadano estadounidense, se solicitó un apoyo consular para presionar a las instituciones debido a su doble nacionalidad.
El padre y dueño de la camioneta GMC Sierra, descubrió días después que su unidad fue localizada en la colonia Carranza del Valle de Mexicali; acudió a recogerla, y se encontraba en la Subcomandancia de Zona Valle. Sin embargo, cuando preguntó por el procedimiento para recuperarla, se enteró que ésta fue robada días atrás por un grupo armado a nombre de Israel Leonel Trigueros Muñoz, Isra, uno de los hombres más fuertes del Ruso en Mexicali y quien -aparentemente- sustrajo el vehículo para uso propio.
Prácticamente todos los testimonios datan de enero a abril del 2023, los cuales no presentan datos importantes, salvo la última ubicación de los jóvenes en el establecimiento de Soriana, de donde -se presume- fueron trasladados a Estación Coahuila, en el Valle de Mexicali, donde desaparecieron.
Tres años después, los mismos familiares regresaron a la FGE para ampliar sus declaraciones, donde hicieron acusaciones directas contra algunos implicados; por ejemplo, el padre de JRVD aseveró que acudió a la Comandancia de la Policía Municipal y se reunió con Pedro Ariel Mendívil, a quien le pidió ayuda. Éste lo habría dirigido con Carlos Romero, su subdirector y con Luis Rodríguez Lucero, subdirector de Inteligencia y encargado de las videocámaras, quien le aseguró que el sistema de videovigilancia no funcionaba en esa zona por necesidades de mantenimiento. Después, aseguró, “supo que estaban bien metidos con la delincuencia para encubrir el pasado”, sin precisar la fuente de esa información, salvo por conocidos que le compartían información sin tener mayores detalles sobre ellos.
La hermana de CAGM también dijo que había tenido información de una reunión donde el de nombre Kevin González había presumido la desaparición de los dos jóvenes, narrando paso por paso el momento en que los intervinieron y que los seguían desde el bar Shots, desde donde se emitió el “pitazo” sobre su supuesta relación con la Chapiza, aún no confirmada. También dijo que tenía conocimiento de que el 8-9 era hermano de Kevin.
Las declaraciones de los tres policías -también realizadas a mediados de 2026- son las únicas que dirigen alguna acción contra Pedro Mendívil y Luis Alfonso Jacobo Arvizu, pero de manera genérica, pues la primera, de nombre María Trinidad, aseguró que fue comandante del área de Tránsito y que tenía conocimiento -por compañeros de trabajo- que la policía trabajaba para los Rusos, gracias a la instrucción de los mandos superiores, por lo que decidió no involucrarse.
El de nombre Diego Armando Durón Castro, el cual tiene seis años en la corporación, también presentó declaración en el caso, al referir que era compañero de Juan Carlos Jacquez, pero que tenía pleno conocimiento de que tanto él como sus allegados, donde incluyó además al de apodo el Guevara, que se presume es Víctor Afonso Guevara López, policía detenido en noviembre pasado acusado del delito de desaparición forzada en otra parte de la ciudad.
Diego Armando comentó que ese día supo que Juan Carlos trabajó, pero que no se reportó con él, por lo que es posible que haya trabajado en otro cuadrante.
Sin embargo, la acusación más directa es la de Julio Ezequiel Ledezma Alvarado, agente municipal, quien fue detenido por el emplazamiento -presuntamente- en el asesinato de un agente de la FESC.
Ezequiel Ledezma, fue detenido por la dependencia en posesión de droga, pero al parecer fue interrogado por la FGE luego de su detención y aceptó declarar que tenía conocimiento de esa desaparición.
A lo que refirió el testigo, estuvo en una reunión con agentes municipales e investigadores de la FGE, que compartían tiempo con integrantes del grupo de los Rusos. En su declaración, afirmó que el de nombre Kevin se encontraba en el lugar junto con su hermano el 8-9, quienes presumieron su hazaña al desaparecer a dos jóvenes que salieron del bar Shots aquel mes de enero del 2023 y agregaron que le otorgaban una importante suma de dinero a Luis Alfonso Jacobo, la cual dirigía hacia el mismo Pedro Mendívil. Sin embargo, no establecen lugares, montos o datos que precisen esta información.
Para los abogados Valerio Rodríguez Cruz y Francisco Alberto García Carrasco, esta acusación no tiene más fundamento que el de desviar la atención de la crisis generada por la exhibición de audios de la gobernadora negociando con el Gobierno de Estados Unidos.
En entrevista para ZETA, ambos juristas afirmaron que hubo intención por parte de la FGE de ejercer tácticas dilatorias para complicar la revisión del expediente, pero además aseguró que ninguno de los señalamientos hechos por parte de los testigos ofertados por la FGE confirma un involucramiento de Mendívil García con la desaparición en cuestión.
“Ellos refieren personas de las cuales en su mayoría no identifican; no las identifican por nombre, por posición, por alguna referencia clara y precisa a través de la cual tengan ellos una percepción directa de los hechos que ellos mismos están refiriendo. Es decir, ellos están platicando lo que otras personas dijeron, haciendo diferencias personales con base en meras especulaciones, y es bien importante porque pretender imputar a una persona, someterla a una investigación con prisión preventiva oficiosa”, refirió Valerio Rodríguez, quien aseveró que esperan que durante el resto de la administración traten de mantener a su representado en prisión.
García Carrasco agregó que le parece muy extraña la reactivación de las diligencias de investigación, dado que dejaron de trabajarlas en abril del 2023, de forma repentina reactivaron la carpeta en junio y para julio ya estaban capturando implicados.
Aunque la acusación es preliminar y todavía falta la presentación de pruebas por parte de la defensa que se desahogarán el próximo día martes 4 de agosto, Pedro Mendívil, en su declaración, aseguró que tiene a la maquinaria del Estado en su contra.
DE HÉROE A VILLANO
Pedro Ariel Mendívil es un experimentado abogado y escritor que ha sido implicado en acusaciones de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa que hoy lo mantienen en prisión, pero que antes de ello, tenía una carrera prominente.
Antes de entrar en la administración pública, destacó en varios episodios de conflicto contra el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, pero específicamente con Romel Moreno, su procurador; y Ma. Elena Andrade Ramírez, entonces subprocuradora en Mexicali.
Las polémicas iniciaron cuando Mendívil tomó el caso -probono- para defender a Roberto Villar, un hombre acusado de asesinar a una maestra embarazada, el cual se convirtió en el primer caso de gran polémica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuya implementación era cuestionable por parte de Pedro Mendivil.
En medio de la polémica, en el año 2011, la subprocuradora hizo comentarios hacia Mendivil García y su exsocio, Herman López Frank, quienes la denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por difamación y calumnias.
La intención del equipo legal era obligarla a sentarse en el banquillo de los acusados, pero nunca se concretó esta intención, dado que Andrade Ramírez presentaba justificantes para ausentarse. Desde ese momento se generó la animadversión.
Pedro Mendívil García también fue presidente de la Federación de Abogados (FEDABO), para luego retirarse de la escena pública por un tiempo, hasta que finalmente se incorporó al cargo de fiscal regional durante la gestión de Guillermo Ruiz Hernández.
En 2019 asumió el cargo y lo dejó en diciembre del 2021 para incorporarse a la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Sin embargo, sus aspiraciones eran mayores, dado que Marina del Pilar Ávila Olmeda lo contempló como opción para dirigir la FGE, plan que se vino abajo cuando el Gobierno de México, entonces dirigido por Andrés Manuel López Obrador, le impuso al general Gilberto Landeros Briceño como secretario de Seguridad, puesto que fue diseñado para Ricardo Iván Carpio Sánchez, el cual fue colocado en la FGE.
Así, Pedro Mendívil fue nombrado jefe de la policía mexicalense, donde permaneció alrededor de dos años y ocho meses, en los que sostuvo varios enfrentamientos políticos tanto con la fiscal Ma. Elena Andrade como el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.
El conflicto estalló en varias ocasiones, al grado que, a pesar de que Norma Alicia Bustamante dijo que le tenía una confianza plena a Mendívil, decidieron removerlo para evitar conflictos con el Gobierno del Estado.
Pedro Ariel Mendivil García también tuvo que declarar sobre el convoy custodiado por policías municipales, los cuales eran ordenados por un presunto criminal apodado el Pitufo. En ese incidente ocurrido en 2024 y publicado primeramente por ZETA, se descubrió que policías custodiaban criminales, gracias a las cámaras de vigilancia de un residencial privado.
Los agentes implicados en ese convoy fueron suspendidos, y un año después fueron detenidos por acusaciones vinculadas a desaparición forzada y otros delitos graves.
