Quien regresa a la política y a la operación electoral es el especialista en comunicación y viejo aliado del PRI, Jesús Velasco. Recientemente se recuerda su paso por la vocería en el Congreso del Estado, y por haber sido el encargado de comunicación en dependencias federales, gobiernos municipales y estatales.
Parece que nuevamente las autoridades jurisdiccionales federales tienen que poner en orden los arrebatos del Congreso de Baja California. El jueves 28 de enero, magistrados de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmaron la sentencia de su equivalente en Baja California, sobre la impugnación de los diputados Juan Manuel Molina y Miriam Cano Núñez, quienes pretendían echar abajo el referéndum constitucional promovido por los regidores Héctor Ibarra Calvo y Fernando Rosales, del PAN y el PRD, además de representantes de cámaras empresariales e integrantes de la sociedad civil.
A las cuatro de la tarde (Tiempo de Baja California) del jueves 28 de enero, se cumplieron 80 horas sin saber del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego que informara sobre su resultado positivo en la prueba para detectar la COVID-19.
Quien prefirió el silencio, es el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien ante los señalamientos del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de implicarlo en un homicidio, de la Fiscalía General del Estado judicializando el caso y otra vez del mandatario amenazado con expropiar el Club Campestre de Tijuana, del que fue presidente González, efectivamente se quedó calladito. No ha permitido ni que sus abogados hablen al respecto.
A mediados de la próxima semana, la bajacaliforniana y ex reina de belleza Lupita Jones Garay, coronada Miss Universo en 1991, será anunciada oficialmente como precandidata al Gobierno del Estado por la alianza “Va por Baja California”, integrada por PRI, PAN y PRD.
Solo hay una forma para describir al ex candidato a la gubernatura de Baja California por el PAN, Óscar Vega Marín: empequeñecido. Después de servir como “carne de cañón” en el proceso electoral de 2019, donde fue aplastado por el hoy gobernador Jaime Bonilla Valdez, el ex abanderado de Acción Nacional ahora busca cobrar el favor e integrarse en la lista de regidores del próximo Ayuntamiento de Mexicali.
Dicen que a Alejandro Baltazar Chávez, Juez de Distrito radicado en Tijuana, no le gustó nada que lo eligiesen para suplir las vacaciones de una de sus compañeras, Victoria Olivas, y lo hayan mandado a trabajar sus casos el sábado 16 de enero. Aparentemente el juzgador no tenía ganas de trabajar y bateó todos los asuntos, entre los cuales destacaron tres mujeres detenidas en posesión de droga en el aeropuerto.
Sin tapujos, en redes sociales y con abogado incluido, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, amenazó al Ayuntamiento de Mexicali que encabeza la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y todo concluyó en intimidación, pues la denuncia que en ese momento ordenó se presentara, nunca llegó a la Fiscalía General de la República. No sería la primera ocasión que Rodríguez Lozano amedrenta a una alcaldesa, ya lo hizo en el pasado inmediato con la tecatense Zulema Adams Pereyra.
La noche del jueves 7 de enero, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California (GESI) creyeron que capturarían y harían efectiva la orden de aprehensión emitida desde 2012 en contra de Jorge Vera Ayala por delincuencia organizada. Así le vendieron la idea a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional. A las 20:40 horas del jueves capturaron, pero a su gemelo, Jerónimo Vera Ayala.
Por acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para alinear a los partidos a los principios de equidad de género, de las tres alcaldías que tienen mayor representación y relevancia en el listado nominal, dos deben ser para mujer y una para un hombre. Se trata de los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada, en el caso de Morena.
