En dicha resolución, ahora controvertida por Jaime Bonilla Valdez (quien goza del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 13 del CNPP), se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.
Como es sabido, el ex diputado morenista, Manuel Guerrero Luna, ocupa la Dirección General del Organismo de Cuenca Peninsular de Baja California, de la Comisión Nacional del Agua, un cargo que (en teoría) debería ser especializado, pero que la única virtud del funcionario para desempeñar dicho cargo es su compadrazgo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Escurridizo, ocultando la agenda pública, o plantando a ciudadanos, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño sigue sin dirigirse públicamente para transparentar lo que dijo son sus “otros ingresos”, con los cuales justificaría la renta de una residencia en fraccionamiento de lujo en Hacienda Agua Caliente donde las rentas van de los 59 mil a los 288 mil pesos, según la construcción y equipamiento; costo que contrasta con los 51 mil 112 pesos que de sueldo neto tiene el presidente municipal, de acuerdo a un documento de transparencia (descontada la pensión alimenticia e impuestos).
El patio trasero de juegos para los hijos del ex reo del penal El Hongo, Jorge Hank Rhon, podría dejar de ser redituable económicamente la próxima semana, si es que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entran en razón.
En una comunidad tan pequeña como San Felipe, que con población flotante apenas supera los 20 mil habitantes, sería complicado pensar que puedan generarse tantos conflictos políticos, y menos de partidos que -en teoría- corresponden a la misma alianza conocida popularmente como 4T.
En ninguna parte de la página Innova Norte, que se anuncia como “el encuentro juvenil más grande de la región”, y que se celebra en instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana los días 14 y 15 de mayo, aparece de manera pública la participación del Ayuntamiento de Tijuana.
Resultó que las medias verdades del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, José Alejandro Aviles Amezcua, respecto a que las 400 cámaras corporales compradas para los policías, costaron 10 millones de pesos, son mentira.
No porque una persona cumpla con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas quiere decir que es honesto; y no porque lo haga quiere decir que no pueda mentir.
Ya entrado el texto oficial, refieren el caso particular de “Bazar Gaby” y aseguran que lo atendieron de manera inmediata, “desde el primer momento”, para finalmente hacer un llamado a los ciudadanos y sector productivo a hacer uso de “los canales oficiales de denuncia”, donde -puntualizan- hay una estrategia con resultados medibles en marcha.
