En una comunidad tan pequeña como San Felipe, que con población flotante apenas supera los 20 mil habitantes, sería complicado pensar que puedan generarse tantos conflictos políticos, y menos de partidos que -en teoría- corresponden a la misma alianza conocida popularmente como 4T.
En ninguna parte de la página Innova Norte, que se anuncia como “el encuentro juvenil más grande de la región”, y que se celebra en instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana los días 14 y 15 de mayo, aparece de manera pública la participación del Ayuntamiento de Tijuana.
Resultó que las medias verdades del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, José Alejandro Aviles Amezcua, respecto a que las 400 cámaras corporales compradas para los policías, costaron 10 millones de pesos, son mentira.
No porque una persona cumpla con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas quiere decir que es honesto; y no porque lo haga quiere decir que no pueda mentir.
Ya entrado el texto oficial, refieren el caso particular de “Bazar Gaby” y aseguran que lo atendieron de manera inmediata, “desde el primer momento”, para finalmente hacer un llamado a los ciudadanos y sector productivo a hacer uso de “los canales oficiales de denuncia”, donde -puntualizan- hay una estrategia con resultados medibles en marcha.
El 5 de mayo fue un día de sigilo en la agenda de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La mandataria estatal, a quien Estados Unidos le revocó su visa de no inmigrante el año pasado, celebró actividades con carácter de privadas, luego de que un día antes se esparciera el rumor de que se separaría del cargo.
Desde hace meses, promotores de desarrollos inmobiliarios en Tijuana se quejaron con el alcalde Ismael Burgueño Ruiz que el Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN) -dirigido por Juan Diego Mascareño López- tiene por consigna negociar montos a cambio de autorizar trámites, que han sido retenidos o “simplemente ignorados” si no se establece contacto directo con el director o su equipo.
De ser el hombre encumbrado, el todo poderoso, los “ojos y manos” de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, se ha convertido en un perfil incómodo, que inspira desconfianza y en constante escrutinio.
Cuando el 5 de enero de 2026, en la garita Mexicali-Calexico, la diputada Alejandra Ang Hernández fue enviada a segunda inspección después de decir que no llevaba nada para declarar ante la autoridad, y le fueron encontrados 848 mil pesos en efectivo dentro de una bolsa de papel cubierta con una chamarra, el dinero le fue confiscado y le dieron un plazo de 60 días para que iniciara un proceso legal para recuperarlo, en el cual el centro del tema es que debe comprobar la legítima procedencia del dinero.
La gobernadora Marina Ávila Olmeda tuvo un pésimo “timing” político o acaba de demostrar un respaldo terrible para el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrazco López, cuya honorabilidad se ha visto impactada a causa de su meteórica movilidad social, que le ha permitido adquirir una vivienda en una zona de alta plusvalía en Mexicali y de manera simultánea un costoso condominio en La Jolla, San Diego.
