Luis Antonio Núñez fue detenido en la Garita de Otay con 60 mil dólares ocultos en su vehículo. La Guardia Nacional lo puso a disposición de la FGR por presunto contrabando
El silencio de Alberto Anaya como dirigente, en este asunto despierta sospechas. Ni respalda a la legisladora ni critica la suntuosidad exhibida en redes sociales; su caso trastoca uno de los principios más elementales de la cuatroté, como es el presumir que la clase política actual dejó atrás los tiempos de las castas. Nada más alejado y demagógico.
La presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, no ha escatimado para enriquecer a la empresa Capital Rent, una de las favoritas de los gobiernos morenistas a nivel nacional y que está vinculada con otros negocios que han sido sancionados por incumplimiento y entrega de documentación apócrifa para competir en licitaciones.
El asesinato de todo el equipo de Al Jazeera en Gaza es visto por los periodistas palestinos como el primer golpe de la invasión y una advertencia a los reporteros que quedan: Israel puede y eliminará las voces más prominentes.
La cuestión es que a partir de la revocación de la visa de la gobernadora y de su esposo, ahora la revocación de la visa a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante y a su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, y la investigación que, sobre unos 15 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, llevan en los Estados Unidos, el campo de indagación en el sector gubernamental se está ampliando hasta secretarios y secretarios particulares. Así que, por lo menos uno ya está en la mira, según trascendió en la Unión Americana.
En esta denuncia penal (interpuesta el 7 octubre de 2024) pronto acudieron los AEI Gerardo Zuber y acompañante. Recabaron testimonios, arraigaron al presunto, entregaron información al MP el 29 octubre de 2024. Hasta ahí quedó (tal vez esperando archivarla).
El área destinada para el público en la sala de sesiones del Congreso de Baja California estuvo repleta el miércoles 13 de agosto durante la comparecencia de la fiscal Elena Andrade. La mayoría de los asistentes eran empleados de la FGE, una audiencia que no estaba autorizada para intervenir en la sesión, pero lo hizo.
