Nos prometieron una nueva justicia. Con jueces electos por voto popular, se dijo que la legalidad estaría más cerca del pueblo. Que no habría nepotismo, que las sentencias serían rápidas, que el sistema judicial se regeneraría desde adentro.
Asimismo, la nueva Ley de Transparencia obliga a resolver solicitudes en 20 días hábiles más 10 de prórroga. Solo las primeras 20 hojas se entregan sin costo, salvo algunas excepciones a criterio de las Unidades de Transparencia. Se amplía la discrecionalidad de las Autoridades Garantes al calificar la reserva o confidencialidad.
La justicia en Baja California ha cambiado de rostro. El 1 de septiembre de 2025, el Congreso del Estado celebró una sesión extraordinaria en la que 148 jueces y 24 magistrados rindieron protesta, incluyendo al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El acto fue solemne, pero la solemnidad no basta. La justicia no se mide en ceremonias, sino en hechos. Y los hechos, hasta ahora, son incómodos.
En Baja California, el Congreso analiza una reforma que busca sancionar el uso ilícito de cámaras en vía pública, práctica conocida como “halconeo”. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo estatal, propone modificar el artículo 317 TER del Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión a quienes instalen sistemas de videovigilancia con fines delictivos.
El decreto, sin embargo, omite por completo a los órganos establecidos por la Ley de Seguridad Pública del Estado: el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal y los Comités Ciudadanos Municipales.
Estos vacíos evidencian que la mejora técnica no corrige la fragilidad normativa: sin atribuciones activables, defensa jurídica ni proporcionalidad operativa, la corresponsabilidad sigue siendo declarativa, no funcional.
En Mexicali, el calor no es una cifra meteorológica: es un umbral de riesgo. Cada verano, las temperaturas superan los 50 grados Celsius, y el suministro eléctrico deja de ser una prestación técnica para convertirse en garantía vital.
El Estado tiene el deber constitucional de educar protegiendo. Cuando niñas, niños o docentes son expuestos a infraestructura insegura, ausencia de protocolos, falta de insumos y abandono operativo, la educación deja de ser un derecho: se convierte en un riesgo legalmente imputable.
El Estado tiene el deber constitucional de educar protegiendo. Cuando niñas, niños o docentes son expuestos a infraestructura insegura, ausencia de protocolos, falta de insumos y abandono operativo, la educación deja de ser un derecho: se convierte en un riesgo legalmente imputable.
La escuela ha sido mucho más que aula. Ha ofrecido escucha, refugio y cuidado emocional. Pero si cerramos la puerta puntual para evitar riesgo, si dejamos de involucrarnos con lo que viene de casa, debilitamos lo que hizo la escuela en primer lugar: ser comunidad y lugar seguro.
