El miércoles y en Televisa, dieron a conocer en exclusiva, el video con audio de los momentos previos a la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” del penal de ex máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Si los mexicanos sospechaban de harta corrupción en la segunda escapada del narcotraficante de una prisión de máxima seguridad, cuando escucharon los sonidos de la celda número 20, no tuvieron la menor duda. Hubo y hay corrupción en el sistema penitenciario mexicano. Además controlado por la Comisión Nacional de Seguridad, que a su vez está en el organigrama de la Secretaría de Gobernación que dirige desde el inicio de sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, a la postre protegido del señor Presidente y cabeza del Grupo Hidalgo, una suerte de secta política que maneja desde que gobernaba aquella entidad. Los ruidos de la celda se escuchan claramente a pesar de la pobre calidad de los aparatos de vídeo-vigilancia que tienen en El Altiplano. Se escucha cuando el capo ve un video de una canción y luego cambia a una programación regular. Y en el fondo, clarísimo, el martilleo de sus secuaces que perforaban el piso de la regadera de la celda. Clarísimo. No hay duda que utilizaban herramientas para desprender la loza de cemento y abrir el boquete por el cual “El Chapo” encontraría –otra vez– la libertad después de recorrer en motocicleta mil 500 metros hasta salir en la casucha construida exprofeso por su equipo de ingenieros, albañiles y compinches. Arely Gómez, la Procuradora General de la República había adelantado la semana pasada en su comparecencia ante el Senado de la República, que tendría información asombrosa producto de la investigación para no solo recapturar al narcotraficante, sino detener a la red que desde el gobierno de Peña y hasta el cártel de Sinaloa, fraguaron la fuga II de “El Chapo”. Esa información no la ha dado a conocer oficialmente. En su lugar, Televisa, el canal donde el hermano de la Procuradora es Director de Noticias, transmitió en exclusiva la fuga con audio e imagen. En política las casualidades no existen, y la casualidad en este caso es que la investigación sobre la fuga y Televisa, están unidas por dos hermanos. Los Gómez, Leopoldo y Arely. Para cerrar la trama de “la filtración”, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales –subalterno de Osorio Chong– informó que se investigaría la filtración del video al considerarlo un acto ilegal. Minutos después la Procuraduría General de la República secundó: Será la Subprocuraduría especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR la que abriría la investigación por la filtración del video. No sin antes sugerir que la irregular acción pudo venir del Poder Judicial y no del Gobierno Federal, al asegurar que dicho video y otras cientos de pruebas se encuentran en las evidencias que presentaron al órgano jurisdiccional del Poder Judicial para sustentar el ejercicio de la acción penal. Ya solo falta que al modo de los casos sin solución en México, o politizados, se abra una Fiscalía Especial para determinar quién “filtró” el video que, evidentemente, es prueba fehaciente y determinante de la corrupción en El Altiplano y las Comisiones y Subsecretarías que le siguen. La realidad es que el caso de la segunda fuga de “El Chapo” continúa poniendo en evidencia la incapacidad del Estado mexicano no solo para controlar a un preso en un penal que se presume de máxima seguridad, sino para deslindar responsabilidades al interior de ese gobierno, que a base de corrupción es capaz de sorprender al mundo con la fuga del narcotraficante más buscado y ahora con los sonidos que todos escuchaban, menos los celadores, ni los supervisores, ni los de la Comisión Nacional de Seguridad, ni los del Cisen, ni los funcionarios del sistema penitenciario, solo los reos que vivían tras las rejas en vecindad con “El Chapo” y, que ahora se sabe, habían denunciado con anterioridad y tiempo a las autoridades penitenciarias de los ruidos de obra y excavación que escuchaban pero no los atendieron correctamente. “La filtración” del video de la segunda fuga de Guzmán, debe retumbar en los oídos del Presidente al convertirse, una vez más, en el jefe máximo de un gobierno que, clarito, también se escucha la corrupción. Más allá de buscar al “filtrador” del video con audio, la PGR debería estar informando a los mexicanos, por qué cuando dieron a conocer el video luego del 11 de julio, día en que se escapó “El Chapo”, lo hicieron sin audio. Si es que, de manera premeditada, querían mantener a los mexicanos sordos para no evidenciar la corrupción en el sistema penitenciario, o si lo hicieron porque las imágenes con los ruidos, exhiben una prisión de tercera, vendida como de primera y máxima seguridad. “La filtración” del video lo que hace es aportar al debate público en el tema de la corrupción dentro del gobierno federal, algo que de manera asombrosa la Procuradora había estado ocultando a los mexicanos todos. Es evidente y estridente, que la fuga de “El Chapo” no se fraguó en el cuarto de cámaras de El Altiplano. La orden y el desorden, vinieron de otro escalón. Pero el gobierno de Peña se empeñará una vez más, en matar al mensajero en lugar de capturar al culpable.

En México y en los países con los cuales el nuestro tiene relaciones oficiales, la prensa, particularmente la escrita, no ha sido benévola con la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Primero porque le dieron el beneficio de la duda e incluso le resaltaron –sin resultados palpables– la labor legislativa de aprobar sus “reformas transformadoras”, y después porque simplemente los buenos resultados de ese trabajo no se han presentado. Y en medio de la campaña de las reformas de Enrique Peña Nieto, o por concentrarse en ellas y en la manera que habrán de dar luz a sus políticas públicas en beneficio del desarrollo y la estabilidad de la economía y de los mexicanos, la guerra contra las drogas, o contra el narco, como usted prefiera llamarlo, se olvidó, o se minimizó o se ignoró, hasta rebrotar de la manera más terrible. Matando a integrantes de la sociedad mexicana, estudiantes, comerciantes, civiles, madres, hijas, hijos. Para ejemplo los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, este último que enardeció a los mexicanos y a la comunidad internacional, por tratarse de jóvenes estudiantes –sí rijosos, sí manifestantes y sí inconformes como suelen ser los estudiantes– los atacados por fuerzas civiles y narcotraficantes, donde muchos quedaron heridos, otros muertos y 43 desaparecidos. El caso Tlatlaya, llamado así por el nombre del poblado en el Estado de México, donde ocurrió la muerte de 22 personas a manos –presunta y probadamente por parte de la sociedad y de la comunidad internacional– de elementos del Ejército Mexicano, ha despertado también indignación. No en igual medida que Ayotzinapa, pues la primera información que se tuvo de los 22 caídos fue un boletín de prensa del Gobierno Federal que informaba que las Fuerzas Armadas habían acabado con 22 miembros del narcotráfico, y ello marcó la percepción ciudadana hasta la llegada de organismos de defensa de los derechos humanos internacionales que determinaron con investigación que aquello fue, en muchos de los casos, un ajusticiamiento. En los dos hechos, los de Tlatlaya y los de Ayotzinapa, el Gobierno Federal tiene su propia versión o como les ha dado ahora por llamarle, su verdad histórica. En el primero un enfrentamiento y la denigración de los testigos –mujeres que tenían familiares entre los asesinatos– y en el segundo la versión de criminales organizados de poca monta que aseguran haber quemado a los 43 desaparecidos. Las dos “verdades históricas” del Gobierno Federal se caen a pedazos. Investigadores y peritos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por cierto presidida por un mexicano, Emilio Álvarez Icaza, echaron por tierra con elementos científicos probatorios e investigación de los hechos la teoría de la incineración de los 43 de Ayotzinapa. En el caso Tlatlaya, como la PGR –la misma que no ha podido sustentar la versión de los criminales en la averiguación de Ayotzinapa– no pudo aportar pruebas suficientes para demostrar lo que organizaciones internacionales han probado (la participación de los Militares en el asesinato de civiles cuando éstos estaban rendidos), esta semana fueron puestos en libertad cuatro de los siete soldados de menor rango que habían sido detenidos por el crimen. La soberbia del Gobierno Federal se contradice. Por un lado el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos insiste que cuando sus muchachos entraron al cobertizo en Tlatlaya, los 22 ya estaban muertos –tras el enfrentamiento– y que no puede permitir que “interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahora ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué sabían los soldados? Está todo aclarado”. Y por otro, la autoridad Federal, la PGR, que debiera entrevistar a todos los soldados participantes en Tlatlaya el 22 de junio de 2014, no ha podido probar lo que acusó y por lo cual le fueron concedidas siete órdenes de aprehensión –hoy cuatro liberados– y deciden que apelarán la decisión de la libertad yendo contra “los sentimientos” del General Cienfuegos. En medio de este derrumbe de versiones oficiales y un visible mal manejo de la procuración de justicia, donde el Presidente Peña no ha tomado los asuntos de frente, visitó México el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, y después de entrevistarse con miembros del Gobierno incluido el Presidente, declaró lo que muchos mexicanos y ciudadanos del mundo sabemos y decimos: Que el Gobierno mexicano es intolerante. Dijo el Alto Comisionado de la ONU, “Ha sido una sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida. Desafortunadamente, esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México”. Completó: “En lugar de matar al mensajero, concentrémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México”. Sobre el caso Ayotzinapa, confirmó el análisis de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que echa por tierra la versión oficial: “No quiero simplemente repetir las declaraciones hechas el viernes pasado por la CIDH. Sin embargo, sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi oficina y de varios expertos y órganos internacionales”. Y remató el Alto Comisionado de la ONU: “Hay un amplio consenso nacional, regional, internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”. Lo mismo que muchos pensamos y decimos mientras soportamos vivir en un México donde la intolerancia y la represión son un mal común.

Ya caducaban los primeros meses de 2010 cuando Julio Scherer tuvo un encuentro periodístico con uno de los narcotraficantes más buscados de México y los Estados Unidos. En un lugar no localizable para el lector –y tampoco para la autoridad- el periodista se reunió con el capo. No le concedió una entrevista con la formalidad y el rigor periodístico, pero sí sostuvieron una charla que Julio reprodujo para sus lectores en la revista Proceso. De muchas anécdotas, aseveraciones y análisis sobre el mundo criminal, la vida del capo y la constante huida para no ser atrapado, Ismael “El Mayo” Zambada le comentó a Julio Scherer: “El problema del narco envuelve a millones ¿Cómo dominarlos? En cuando a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí… el narco está en la sociedad, arraigado, como la corrupción…”. Es evidente que Zambada lo sabe de cierto, y que tanto el periodista como muchos mexicanos, lo asumimos, los presumimos y en ocasiones lo atestiguamos. El narcotráfico opera dentro de una red que incluye a sociedad y gobierno. Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República en diciembre de 2012, México atravesaba por una guerra contra el narco que encabezó su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. Como parte de la estrategia para marcar una diferencia entre una administración federal y otra –a veces, como Gobierno, se parecen- Peña borró todo indicio de una guerra contra las drogas y se concentró en la retórica del México en Paz. Pero vaya, ni las condiciones estaban dadas, ni las policías depuradas, ni los narcotraficantes se habían “comprometido” para abandonar su propia guerra y así armonizar con la política discursiva de Enrique Peña Nieto. Lo cierto es que el País se ha puesto peor. Los hechos de violencia han salido de los límites de las poblaciones que conviven con la criminalidad, para asentarse en el centro, el pacífico y el sur de México, dejando el norte para la reorganización de los cárteles que fueron fustigados en el pasado, tambaleados, pero no desmantelados. La política pública de Peña contra las drogas no la conocen ni Gobernadores, ni ciudadanos, ni autoridades ni policías y los capos se aprovechan de su nula acción para seguir creciendo sus bandas a células, sus células a cárteles, frente a una autoridad que poco o nada hace porque así lo manda el presidente. La estrategia de detener a las cabezas de las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico se ha centrado exclusivamente en aquellas organizaciones delictivas que son de interés de los Estados Unidos que sean neutralizadas. De 80 grupos criminales que declaró el Procurador de inicio de sexenio de Enrique Peña, Jesús Murillo Karam, el Gobierno Federal se concentra en el cártel de Sinaloa, Los Zetas, el cártel del Golfo, los Rojos, Guerreros Unidos –estos más por el caso Ayotzinapa que por investigaciones de narcotráfico y crimen organizado-, al resto de las organizaciones el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados, los minimizan a menos que cometan una “atrocidad” o un crimen de alto impacto. En efecto, tanto Generales como Procuradores, Alcaldes y Gobernadores, ya no suelen hablar de las organizaciones criminales que en todo México existen y delinquen, por presiones de la Presidencia de la República –desde la época de Calderón hasta la actualidad- y la uniformidad del mensaje de “paz y seguridad” que está alejado de la realidad que vivimos los mexicanos. 57 mil 410 personas ejecutadas en 32 meses de Gobierno de Enrique Peña Nieto. De tanto minimizarlas, a muchas células criminales se les ha dado tiempo e impunidad –al no perseguirlos- de reorganizarse. Ejemplo de ello es el cártel Arellano Félix. Uno de las estructuras criminales más longevas del País, los hermanos Arellano salieron en los ochenta del cártel de Miguel Ángel Félix Gallardo para “adueñarse” de la frontera noroeste de México con sede criminal en Tijuana, Baja California. En esta tierra compraron policías de los tres órdenes de Gobierno, hicieron negocios para el lavado de dinero, compraron restaurantes y se adueñaron de cuanto lugar público les gustaba. La suya era la Ley de la plata o plomo tan de moda en los ochenta cuando el narcotráfico en Latinoamérica tomó a los gobiernos impreparados, corruptos e ineficientes, para alzarse como el fenómeno criminal que más daño ha hecho a la sociedad en los últimos 30 años. Asesinaron a miles de personas, trasegaron toneladas de droga y generaron millones de dólares del ilícito negocio; los Arellano estaban acostumbrados a pagar un millón de dólares al mes para comprar impunidad a través del pago a Policías y otras autoridades. Los Gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón creyeron haber desmantelado al cártel Arellano Félix. En los noventa con la detención de Francisco Rafael Arellano Félix, en los dos mil con la muerte de Ramón Arellano, la aprehensión de Benjamín Arellano, de Francisco Javier Arellano Félix, de Eduardo Arellano Félix y el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, hasta la 2014 a la detención del sucesor del cártel, Eduardo Sánchez Arellano “El Ingeniero”. Quienes durante más de 20 años criminalizaron la zona se habían acabado. El CAF había sido desmantelado, según dijeron las autoridades de Estados Unidos y México. Entonces presumieron y se dedicaron a otras “investigaciones”. Pero mientras nadie los perseguía, los Arellano se han rearmado. Sus sicarios y lugartenientes fueron ganando amparos y saliendo de prisión. De ser hombres peligrosos de alta criminalidad, hoy día residen en zonas pudientes de Tijuana, conviven lo mismo con Policías que con integrantes catalogados de “alta sociedad” y hasta del Hipódromo del ex reo Jorge Hank Rhon. Como dijo Zambada, están enquistados en la comunidad bajacaliforniana. Hace unos días el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa, nos dijo a Semanario ZETA lo que ni la PGR, ni las autoridades de la Unión Americana han querido aceptar: uno hijo de Ramón Arellano está reestructurando el cártel que, se sabe, no ha estado desmantelado, acaso minimizado pero activo con el resto de los hermanos, particularmente la intocable Enedina Arellano Félix, señalada de encabezar en los noventa y dos mil, la estructura de lavado de dinero, pero nunca perseguida. Los hijos de los Arellano no son los únicos identificados en el ilícito negocio. Ahí están los vástagos de “El Chapo”, los de “El Mayo”, los de Nacho Coronel y los de Dámaso López, los familiares de Carrillo y de Cárdenas, los Beltrán y los Reynoso. Ante la falta de una estrategia integral de combate al crimen organizado y al narcotráfico, al Gobierno de Enrique Peña Nieto le están creciendo los narcotraficantes de los cárteles del pasado. Los que ya habían “desmantelado” pero evidentemente no cortado de raíz como debe hacerse con la mala hierba.

El miércoles 30 de septiembre, tuve el honor de ser invitada como oradora, al desayuno mensual de la COPARMEX de Ensenada que dirige Isidro Conde. El tema que me solicitaron: la seguridad en Baja California. Extracto de esa plática es el siguiente texto: Tal vez Ustedes como nosotros en la redacción de ZETA, sentimos que el tiempo de la violencia y la inseguridad están de regreso. Después que vivimos tres años de relativa calma de 2010 a 2013, las autoridades permitieron que los niveles de inseguridad y violencia se elevaran de nueva cuenta. Hay varios factores para el regreso de la violencia y la inseguridad: 1. Tenemos nuevos gobiernos. Tanto en el ámbito federal cuando en diciembre de 2012 tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, y en octubre de 2013 hizo lo propio como gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid. 2. La falta de una estrategia integral de combate a la inseguridad por parte de los dos gobiernos. El Federal, que debe combatir el narcotráfico y el crimen organizado porque están en su fuero, y el estatal, adonde corresponde la solución de los homicidios y el combate al narcomenudeo, así como los secuestros. 3. La ausencia de una política que combata de manera eficaz las estructuras financieras de las organizaciones criminales y los cárteles del narcotráfico, por parte de la Procuraduría General de la República y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4. La deficiente labor del Ministerio Público Federal que depende de la PGR, y que a falta de preparación integra de manera errónea las averiguaciones, deja en libertad a muchos criminales. 5. La falta de liderazgos en los mandos de las corporaciones policíacas y de procuración de justicia, verdaderamente comprometidos con el combate a la inseguridad, la violencia y la corrupción, que nos dejan instituciones infiltradas por la corrupción que proveen impunidad a los criminales. La conjunción de estos elementos, y otros que Ustedes pueden considerar, nos llevan a un repunte en la inseguridad en Baja California y en México. Tan solo en lo que va del año, en ZETA hemos contabilizado 622 asesinatos con relación al crimen organizado y el narcotráfico, 460 de ellos ocurridos en Tijuana. En la República Mexicana, en los primeros 32 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, a semanas de que se presentara su Tercer Informe de Gobierno, llegamos a la suma de 57 mil 410 muertes violentas. Un promedio de mil 800 por mes en el país. En las épocas más álgidas de la inseguridad en Baja California, de 2007 a 2010, cuando los ejecutados llegaban a miles por año y las estructuras criminales gozaban de impunidad para el tráfico de droga, la extorsión, el secuestro y el trasiego de enervantes hacia los Estados Unidos, Baja California pudo salir de ese terrible contexto vía dos factores: Primero y el más importante: la participación ciudadana. La denuncia anónima y la denuncia pública que fueron producto del hartazgo sobre el contexto de inseguridad en el que vivíamos. Los ciudadanos comenzaron a levantar la voz, a través de marchas y de exhibir a los policías corruptos y a los criminales, obligando a la autoridad a actuar en beneficio de la sociedad y no de unos cuantos delincuentes. Segundo: la coordinación de mandos federales, estatales y municipales para atender ese llamado social a actuar para traer tranquilidad a esta región. No fue, lo que después se llamó el Modelo Baja California de combate a la inseguridad, la acción de un solo personaje. Recuerdo varios: los Generales Sergio Aponte Polito y Alfonso Duarte; el secretario Daniel de la Rosa (en la época de José Guadalupe Osuna Millán, no en ésta); directores de la Municipal como Julián Leyzaola Pérez. Y la sociedad. Hoy eso no sucede. Pasada la época violenta, el impacto en las estructuras criminales delincuenciales por detenciones de liderazgos criminales en los cárteles Arellano Félix y de Sinaloa, los gobernantes se relajaron y las corporaciones policíacas vuelven poco a poco a la corrupción que provee impunidad. Han permitido tanto el Gobierno Federal como el estatal, que en los últimos tres años los cárteles que decían desmantelados, se reorganicen, hagan alianzas con otras asociaciones criminales e inicien una nueva temporada de sangre y plomo. Este escenario nos lleva a los mexicanos, a los bajacalifornianos en particular, a enfrentar las tres íes: Impunidad, Incapacidad, Injusticia. El claro ejemplo del resultado de tan nefasto trinomio son las liberaciones de hombres y mujeres detenidos por la comisión de delitos. En nuestro Estado, capos al servicio del Cártel de Sinaloa y del Cártel Arellano Félix, han sido aprehendidos por el Ejército por órdenes del Gobierno Federal, poniendo al servicio de la seguridad pública las tácticas del servicio militar; luego el Ministerio Público, sea federal o estatal, consignan de manera deficiente y al llegar a los Juzgados son liberados, sea por amparos o por falta de elementos para procesar. Particularmente en la Procuraduría General de la República o en la Procuraduría de Justicia del Estado, dos de las instituciones con niveles de corrupción altos que ni en la época de Peña ni en la de Francisco Vega de Lamadrid, han atravesado por depuración real (y necesaria) para retirar de sus filas a los agentes corruptos y funcionarios deshonestos. Ni la procuradora del Estado ha iniciado una limpia al interior de la Policía Ministerial, ni lo han hecho los secretarios o directores de Seguridad de los municipios, tampoco la Policía Estatal Preventiva. Como hace muchos años, tenemos corporaciones divididas. Las que ofrecen impunidad a un cártel, las que lo hacen a otro. O las que delinquen por su cuenta. Hace unos días, para muestra, agentes de la PGR en la Ciudad de México fueron detenidos tras sostener una balacera con policías capitalinos, y al registrarse el vehículo fueron encontradas armas largas y 38.9 kilos de marihuana. La corrupción es un problema endémico de este país. Y ni el Gobierno Federal ni el gobierno estatal, tienen estrategias definidas para combatirlas en el ámbito de las fuerzas de seguridad pública. En estas condiciones tenemos en México un sistema de gobierno cuya estructura está dispuesta para la corrupción, que aun limitada a quienes trabajan en la administración del Estado, llega también al ámbito criminal a partir de la corrupción que provee la impunidad. El Gobierno Federal, luego de la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto, cambió la estrategia de seguridad que se venía aplicando durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, esto es normal. Otro Presidente y además de otro partido, trae otro plan. Pero lo que se había más o menos avanzado en el combate al narcotráfico y el crimen organizado se perdió. No hubo continuidad en los proyectos, nada. Ciertamente la guerra contra las drogas de Calderón no fue la estrategia más efectiva, pero tampoco lo es la de Enrique Peña Nieto, quien ha centrado esfuerzos, aun mínimos, en la aprehensión de cabecillas y líderes criminales, dejando de lado la investigación y la aprehensión del resto de la banda, o el aseguramiento y congelamiento de bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros delitos financieros con dinero de procedencia ilícita. Qué podemos hacer los bajacalifornianos para revertir esta situación: lo que ya hicimos en el pasado. Nosotros como periodistas, no autocensuraros, investigar y publicar reportajes que evidencien la corrupción, la impunidad criminal, la incapacidad gubernamental y la injusticia, allende presiones o amenazas contra nosotros. Señalar a los delincuentes por nombre e imagen para saber de quién debemos cuidarnos y a quiénes el gobierno está protegiendo. Como ciudadanos, denunciar de manera anónima, a un periódico, lo que vemos, de lo que somos testigos, de lo que somos víctimas. La participación social, la denuncia ciudadana cuando se trata de criminales, y el voto cuando se trata de gobernantes y partidos, es lo que nos llevará a tener el Estado en el que deseamos vivir.