Adal, de 17 años, andaba con sus amigos -cómplices en un grado de participación-, cuando decidieron como “juego” insultar y lesionar a un adicto, para hacer un video y subirlo a Facebook. No estaba borracho, aseguró el adolescente. El video, que dura alrededor de cuatro minutos, fue puesto en las redes el domingo 20 de diciembre. El lunes 21, su contenido fue visualizado por el subprocurador en Tijuana, Jorge Álvarez, quien inició un acta circunstanciada que por la tarde se convirtió en denuncia por lesiones, después que la autoridad localizó y declaró a la víctima. Sin embargo, de acuerdo a las primeras indagatorias, los hechos sucedieron hace alrededor de 15 días, un jueves, en una zona de estacionamientos en el fraccionamiento Murúa. Las imágenes muestran cómo Adal coloca una especie de tubo  a la nuca de  Juan Carlos Rangel Rodríguez -quien después se supo, padece problemas de adicción y estaba intoxicado-, debido a su estado de indefensión, él parece creer que el objeto en su cabeza es una pistola, por lo que la víctima cooperó todo el tiempo, mientras lo maltrataban y quemaban. El menor también lo insultó en tono agresivo, le hizo referencias a felaciones homosexuales y lo obligó a infamarse, a tocarse y desvestirse antes de concluir apagando un cigarro en el pecho de Rangel.   LA VÍCTIMA  Y EL PROCESO La víctima  fue localizada el lunes 21, la familia quería denunciar pero tenía miedo, creían que podían detenerlo, porque debido a su problema de adicción estaba drogado en la calle. Presente ante el Ministerio Público, el afectado manifestó que debido a su estado de intoxicación, sí recuerda lo sucedido pero más como generalidades, muy poco; sí se ubica en la circunstancia, recuerda que alguien llegó, lo agredió, lo quemó, pero no más detalles por las condiciones en que se encontraba. Sin embargo, la denuncia por lesiones se pudo levantar porque existen otras evidencias como el video y las heridas, que por no tardar más de 15 días en sanar, no son consideradas graves, lo mismo que el delito que se le imputa al menor, razón por la cual tiene la oportunidad de llevar el proceso en libertad. En esas condiciones el joven se presentó el mismo lunes 21 de diciembre -sin orden previa- en la Procuraduría, acompañado de su madre, donde  sin declararlo, después de  haberse probado que es menor de edad, su expediente fue remitido al Ministerio Público Especializado en Adolescentes, desde donde será requerido para dar seguimiento al caso.   EL MENOR FRENTE A LA PRENSA Tras su presentación, el acusado y su madre recibieron de funcionarios de la Procuraduría la opción de evadir a la prensa al salir, pero decidieron atender a los reporteros porque querían ofrecer una disculpa pública   Ante las preguntas de los reporteros, Adal expuso: “Yo soy el de la bronca”. Agregó: “Yo vine por mi voluntad, más que nada porque sé que tuve una mala decisión en actuar así con esa persona, aparte que ni conozco, no sé quién es”. Señaló que estaba arrepentido y concluyó diciendo que se disculpaba y debía disculparse con la persona a la que lastimó: “Cometí el error de hacer eso, más que ofenderlo, casi, casi lo lastimé”.   LA MADRE HABLÓ CON ZETA Carmen Rodríguez, madre de Adal, habló con ZETA y manifestó: “No sabemos qué vaya a proceder, estamos dispuestos a lo que venga, nos tenemos que apegar a la Ley. “Es un acto muy desagradable, pero es un aprendizaje que nos deja mucho para mejorar como persona, como ser humano, aunque ya lo éramos, la verdad que sí lo somos, no somos delincuentes, no lo somos. Nos están atacando muy feo, pero yo los entiendo y los comprendo. Esto va a servir para bien. “Estamos siendo señalados, agredidos verbalmente, estamos siendo atacados muy feo. Lo que mi hijo hizo fue un daño muy grande, y por qué siguen haciendo más daño. Las redes sociales están causando más daño todavía, a lo que están haciendo. “Hasta ahorita no la hemos visto -a la persona agredida-, pero estamos ya contactando con él, para ver qué es lo que se puede hacer, no sé qué es lo que podamos hacer. Soy una persona humanitaria, no soy mala ni delincuente, mi hijo no es delincuente, yo estoy consciente de lo que él hizo, y como madre de un menor de edad, soy responsable de lo que mi hijo hizo y lo voy a enfrentar. “No estoy acobardándome, no me estoy escondiendo, estoy aquí y voy a dar la cara, y mi hijo también la va a dar”.   MEDIDAS LEGALES PARA ATENDER AL MENOR AGRESOR Respecto al seguimiento legal de Adal, ZETA consultó a funcionarios del Poder Judicial, quienes explicaron que tratándose de lesiones generadas por un menor, el Ministerio Público tiene la opción de conciliar, en cuyo caso otorgado el perdón y concretada la reparación del daño, se extinguiría la acción penal. Y tratándose de menores, es común que se opte por el principio de mínima intervención y se evite judicializar. Pero el Ministerio Público también tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del menor acusado, en este caso, analizar la trascendencia de su comportamiento y, de ser necesario, someterlo a algún tipo de tratamiento, para lo cual el caso debería ser remitió a un juez que primero determinaría si existen elementos suficientes para juzgar  y, una vez concluido, dictaminar sentencia, dictar algún tipo de tratamiento, consejería, servicio comunitario, trabajo y/o supervisión de actividad escolar, cuyo seguimiento sería supervisado cada tres meses por las autoridades.  

Un Juzgado de Distrito le dio la razón a Petróleos Mexicanos (PEMEX) sobre la imposición que pretendía realizar la Procuraduría General de la República (PGR) para que en aquellos delitos en los que la paraestatal sea víctima, presente junto con su denuncia el formato de cadena de custodia. Esta exigencia del Ministerio Público de la Federación, que apercibe a los representantes legales de la empresa con posibles responsabilidades administrativas o penales, la Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia de Penal del Estado de Jalisco, la calificó como trasgresora de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Por lo anterior, le fue concedido el amparo y protección de la justicia de la unión al organismo público descentralizado -de la Administración Pública Federal- para que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 4, de la Agencia Federal Número 1 de Procedimientos Penales “A” de la PGR, deje sin efectos el oficio 515, con fecha 18 de marzo de 2015. En dicho documento, el fiscal requería a la parte quejosa para que acompañe en sus denuncias presentadas, ya sea por escrito o por comparecencia, “el correcto llenado de la cadena de custodia”, además de dar cumplimiento al acuerdo A/009/15, emitido por el procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero. Del análisis realizado por la juez Fabiola Moreno Pérez, se desprende que el acuerdo en cuestión “está dirigido a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, y por otra deja establecido quienes son los sujetos que deben intervenir en la aplicación de la cadena de custodia, y evidentemente no figuran en la misma los presuntos ofendidos o víctimas de delitos”. Efectivamente, el acuerdo A/009/15 establece las directrices que deberán observar los funcionarios de la PGR que intervengan en la custodia de los indicios o elementos materiales probatorios de hechos presuntamente delictivos y esos sujetos, son: el Agente del Ministerio Público de la Federación, el coordinador del grupo de peritos, los propios peritos, elementos de la Policía Federal Ministerial, el policía federal ministerial responsable, el primer respondiente (primera autoridad en el lugar de los hechos o el hallazgo), y el responsable de la recepción de indicios en la bodega. A decir del fallo de amparo, el Ministerio Público Federal -que suscribió el oficio 515- infringe también la garantía de acceso a la justicia, puesto que exige que sus denunciados lleven consigo un requisito que legalmente se exige a la autoridad y no a los posibles denunciantes, con independencia del carácter de personal moral oficial, “ya que ello no debe implicar un trato distinto o una restricción para acceder a la justicia con el fin de que se investiguen hechos probablemente constitutivos de delito en contra de su patrimonio”. A pesar de que el robo y sustracción ilícito de combustible continúa a lo largo del país y de que PEMEX realiza un conteo de las tomas clandestinas detectadas en sus redes, el número de denuncias o querellas pudo haber descendido en caso de que las autoridades ministeriales obligasen a los representantes legales de la paraestatal a cumplir con el requisito aludido. En la PGR Delegación Jalisco, voces anónimas de la cuestionada fiscalía señalaron que el oficio fue girado a PEMEX porque cuentan con un grupo especial de Seguridad Física, que en muchas ocasiones, es el primero en llegar a los puntos de la ordeña de hidrocarburos, lo que facilitaría la preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso. La legislación procesal penal establece que en la averiguación previa deberá constar un registro que contenga la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito para asegurar la integridad de los mismos. La Ley añade que la cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levante la evidencia física, y finalizará por orden de autoridad competente. Para el personal de la PGR, la duda que queda es con qué carácter actúan los elementos de Seguridad Física de PEMEX que patrullan, investigan, realizan detenciones y aseguramientos de vehículos, contenedores e inmuebles con hidrocarburo robado.

(EDICIÓN IMPRESA) El General de División en el retiro, Sergio Aponte Polito, se siente bien en Tijuana. En Baja California. No quiere mucho acto público, pero sus discursos llegan a muchos. No ha perdido ni la voz fuerte ni la denuncia constante. Se precia de ser un comprometido de la patria y vuelve a sus anécdotas de cuando fue Comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali, para sustentar su fama de implacable con los criminales y los corruptos. En 2010 dejó la II Región, a poco más de un año del retiro del Ejército Nacional. Sirvió en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de ahí se fue a vivir a un Estado tranquilo. Va y viene en asesorías. A Tijuana llegó de la mano de David Saúl Guakil, quien ha manifestado su franco interés por ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal. En medio de su gira que lo llevó a rodearse de los sectores privados, ciudadanos, y despegado de los gobiernos, el General Aponte Polito concedió una entrevista a ZETA. <p>  NO A LA MARIHUANA   Cuando se le preguntó su opinión respecto al debate público al uso medicinal y recreativo de la marihuana, su respuesta fue inmediata: “Mi opinión es muy clara, muy determinante, sería un peligro para nuestro país que se autorizara esa legalización, sobre todo porque afectaría la salud y la mente de jóvenes y niños que se volvieran adictos con esas facilidades. Aunque la Suprema Corte de Justicia otorgó la autorización únicamente a cuatro personas que se ampararon, sería el paso inicial para que a poco fuera escalando y llegara esa autorización a drogas más perjudiciales”.     Cita su experiencia en el Ejército, donde vio a elementos consumir marihuana “…y hubo dos clases de comportamiento, dos aspectos. El primero, a los elementos que fumaban y los volvía eufóricos, los veía muy alegres, los veía con mucho vigor, y como dicen algunos periodistas, les permitía llegar a la inspiración, pero posteriormente esos elementos que les gustaba cantar y tocar la guitarra, iban perdiendo el sentido del razonamiento y se hicieron dependientes. “La segunda clase es más peligrosa, en aquellos elementos que mezclan la droga, la marihuana, con el alcohol, porque a esos los vuelve violentos y se ven implicados en pleitos, en robos, asesinatos, y no dudo que algunos de ellos, bajo esa enajenación mental por la droga y el alcohol, lleguen a matar y a decapitar a mucha gente que a veces es secuestrada”. Advirtió que sería un peligro para los jóvenes y niños que buscarían experimentar, estarían bajo la presión de los vendedores, se engancharían con la alegría que genera la droga y se harían adictos: “Después, para poder satisfacer su necesidad de drogarse, recurren al robo dentro y fuera del hogar… y van a formar pandillas para llevar a cabo secuestros, asaltos; o bien, se convierten en sicarios, porque en su enajenación también llegan a los asesinatos, a la tortura o a decapitar  a personas como lo hacían los Arellano Félix”. El General indicó que la legalización también incrementaría problemas al gobierno para brindar seguridad, porque no va haber policías suficientes para controlar los lugares donde se siembre o se transporte la droga, sobre todo en el medio rural.   LA SOLUCIÓN: EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD   Conocedor de la problemática generada por el crimen organizado, y de las estrategias implementadas por diversos gobiernos, el General Sergio Aponte Polito fue claro en cuanto a lo que hace falta en el país para su combate real: “Quitarles el sustento a los narcotraficantes. El narcotráfico es el monstruo que está apoyado en muchos pilares, que son las diversas autoridades, los jueces, gobernadores, agentes del Ministerio Público, algunos militares por qué no decirlo, las diversas policías, agentes de migración. Esos pilares son los que hay que quitarles a los narcotraficantes para que se derrumbe” Respecto al tiempo y las múltiples estrategias con pocos resultados, ejemplificó: “Es porque no existe la voluntad realmente de quitarle ese sustento a los narcotraficantes, porque generan mucho dinero, y desgraciadamente en nuestro país somos muy metalizados, y a muchas autoridades únicamente les interesa adquirir dinero y no les importa cumplir con sus obligaciones de servir a la sociedad. “Entonces, para mí la solución es precisamente combatir con decisión, con voluntad -que no la hay en el gobierno ni en ninguna parte- de combatir la corrupción, la impunidad, la injusticia”. Para un combate real, el General en retiro enfatizó la importancia de que los gobiernos inviertan recursos en las zonas rurales que tienen abandonadas, para que los campesinos y sus familias no se vean orillados a incorporarse a la siembra de la marihuana o amapola como medio de subsistencia. “Sus hijos desde chiquitos ya se están acostumbrando a la cultura del narcotráfico porque son los que van a ayudar a limpiar el terreno, los que van a cercar, los que va a sembrar, a limpiar y a cosechar, y por qué no, los que van a transportar la droga”.   GOBIERNOS SIN MANDO NI VALORES   Del por qué las autoridades no enfrentan con firmeza  a las autoridades, el militar expuso que desafortunadamente “… no tienen el mando para hacer eso, porque tienen atrás de ellos una serie de errores, en el lenguaje coloquial se llama ‘cola que le pisen’, y eso no les permite actuar con libertad para tomar decisiones importantes. Lo que necesitamos, generar una cultura de respeto a las leyes, pero también de cumplimiento. No hay voluntad para aplicar la Ley con firmeza y con imparcialidad. Cuando exista eso, será todo diferente. “Cuando llegué aquí, tuvimos que adoptar medidas drásticas para poder componer todas esas anomalías que había, y que sin embargo, a pesar de que era para beneficiar a la sociedad, hubo resistencia de muchas autoridades, porque esas autoridades tenían un beneficio económico, y cuando les quita uno ese beneficio, pues surgen los resentimientos”. – Vemos que eso está creciendo, porque antes eran unos cuantos Estados, ahora prácticamente más de la mitad del país tiene problemas relacionados con narcotráfico. ¿A qué se debe?, se le preguntó,  y respondió que no es nuevo, que en todo el país, en todas las zonas militares que ocupó a lo largo de sus carrera, se percató de la corrupción y del tráfico de droga. “Han tenido el apoyo de las autoridades a lo largo y ancho del país, unos permitían el sembradío, otros permitían el tráfico, otros tenían que proteger la distribución en otro país, porque en el Sureste viene la entrada de droga importante de los países centroamericanos o de Sudamérica, y aquí en estos Estados del Norte qué viene: la salida de la droga en el mercado principal, que es los Estados Unidos. Y desgraciadamente muchos gobernadores permitieron ese crecimiento y fortalecimiento de las bandas”. – ¿Gobernadores de todos los partidos? Porque Usted refirió hoy de los panistas… “Yo no dije que los gobernadores panistas nada más, fue una información que fue distorsionada por el periódico que publica eso, pero de todos los colores y sabores, los gobiernos de los Estados han estado protegiendo al narcotráfico. Lo vemos en Quintana Roo, con Mario Villanueva Madrid; en Campeche, a Madrazo en Tabasco… en todos los Estados. Y ahorita cómo está Tamaulipas, porque ese Estado ha estado gobernado por autoridades que han sido protectoras del narcotráfico”. De igual manera, enfatizó el efecto negativo que representa no cumplir con la depuración policiaca “… porque se resisten a esa situación, y desde el sexenio pasado, que propusimos eso como una de las formas de depuración de las Policías, no se ha avanzado de forma determinante. Y ahí están quejándose los gobiernos, Federal, de que no existe voluntad de los gobernadores”. -¿Y la fuga del “Chapo”? ¿Qué significa? “Eso es corrupción; dejan a un narcotraficante inmune, manejando sus recursos económicos, entonces cuenta con el dinero suficiente para comprar a diversas autoridades, esa es la verdad, por eso vino la fuga. Se vieron inmiscuidos jefes de vigilancia, supervisores, directores, y habrá más. Entonces, el dinero corrompe, y si dejan a un narcotraficante que siga manejando sus recursos, pues provocó eso. Un elemento normal no va a poder comprar el terreno ni hacer un túnel, necesita tener recursos económicos para vivir con cierta comodidad en el reclusorio, porque no tiene los mismos recursos un narcotraficante, que un reo común. Entonces ven ustedes cómo la falta de control en el dinero de los narcotraficantes provoca esas grandes anomalías que perjudican profundamente, otro acto que a nivel mundial es denigrante para México”. – ¿Cree Usted que debieron extraditarlo? “Es uno de esos procedimientos que existen para quitarse ese peso que tienen en la espalda, para poderse desligar un poco del grave error de la fuga, entonces, muchas veces también existen ciertos compromisos con los Estados Unidos, que ejercen presión sobre nuestro país, y tiene que cumplirse esa situación”. – ¿Cómo ve Usted el desempeño del Poder Judicial dentro de este combate al crimen? “En la época que a mí me tocó, me consta que muchos jueces eran los encargados de dar la libertad a un determinado narcotraficante porque estaban ya de acuerdo con los mafiosos, junto con el Agente del Ministerio Público. La forma en que trabajan esos señores, en mi época, era que cuando se presentaba a alguien o se le ponía a disposición, el Agente del Ministerio Público se ponía de acuerdo con su secretario o su secretaria, al elaborar el acta de la averiguación previa propiamente; era redactada con muchos errores técnicos, o a veces provocaban la alteración de lo que mencionaba el que estaba declarando, para que en base con esas deficiencias, ya cuando llegara a manos del juez, al analizar con detenimiento el acta, decretara la libertad o se le impusiera una pena mejor. Anteriormente existía arreglo entre los narcotraficantes y esas autoridades, mensualmente les tenían que dar un dinero, y aumentaba ese dinero para sacar al individuo, o también para ampararlo en una forma extra rápida. “Ese es uno de los ejemplos que motivan a los jueces, a que agentes del Ministerio Público, protejan al narcotráfico. Y no se diga las Policías. Ustedes a través de su Semanario siempre dieron información de lo que hacían las Policías, desde andar custodiando o protegiendo a narcotraficantes cuando estaban en una pelea de gallos, en un baile y ahí las orquestas dedicándoles sus canciones, cuando estaban en los mejores restoranes, cuando cerraban las calles para hacer su diversión. Eso es lo que acostumbraban, entonces, llegamos aquí a decirle a la gente que no debería sentirse presionada, los que debían sentirse presionados eran los narcotraficantes, que a través de la denuncia ciudadana, informen cuando esos elementos estén en sus peleas de gallos, en sus bailes, en sus fiestas”. – No sé si Usted lo vio antes, pero ahora hay mucha inquietud aquí en Tijuana: están deteniendo niños sicarios; hay más niños y mujeres implicados… “De hecho eso que me está mencionando viene a comprobar lo que les hice de su conocimiento hace un momento: que las drogas van a perjudicar profundamente a los niños, porque los niños muchas veces que no hay fuentes de empleo, van a tener que andar ahí en las calles deambulando y van a ser presa fácil de los narcotraficantes, y los empiezan a adiestrar, a darles drogas, para que en base a esa enajenación, pues el niño ya se convierta en una amenaza. Porque imagínese, drogado y combinado con el alcohol, es un peligro, y si le da un arma, pues con mayor razón.  Entonces, eso es lo que yo quiero evitar, opinando que no debe ser legalizada la marihuana. Se combina por la falta de fuentes de empleo, de educación. En ese medio rural que yo les decía, donde está trabajando una familia sembrando droga, ¿por qué lo hacen? Porque no hay centros de estudio, salen primaria y no hay secundaria, no hay escuela. A los que tienen dinerito los mandan a capitales, a los que no, los emplean para que ayuden en ese trabajo del narcotráfico. No hay escuelas, no hay agua potable, y el gobierno no se preocupa para ir al medio rural; (el gobierno) se preocupa únicamente a hacer sus obras donde lo vea la gente que está haciendo, para poder pagar a los medios de comunicación para que salga la información de los trabajos que están haciendo, gastando dinero en su labor de comunicación social”.

El señalamiento llegó. Otros tantos se han recibido sobre las actividades del mundo del narcotráfico en nuestro país, por parte de los Estados Unidos. Pero esta vez impactó al ámbito periodístico mexicano, y no precisamente por el ejercicio del periodismo, sino por la facción empresarial o directiva, al ser vinculado Naim Libien Tella, vicepresidente del diario unomásuno, con la organización criminal de “Los Cuinis”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, añadió a su lista de cabecillas del narcotráfico al referido empresario y a cuatro empresas de las compañías en que tiene relación: el periódico unomásuno, Valgo Grupo de Inversión, Diario Amanecer y Aerolíneas Amanecer. La información proveniente del otro lado de la frontera afirmó que Naim Libien Tella proporciona apoyo a las actividades de tráfico de drogas del grupo delincuencial que lidera Abigael González Valencia, actualmente preso en el penal federal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. El director interino de la OFAC, John E. Smith, dijo que a través de su relación con Libien el clan de “Los Cuinis”, “ha utilizado al diario mexicano unomásuno para promover sus actividades de tráfico de drogas”. A través del comunicado se enfatiza que el vicepresidente del diario tiene una larga relación con González Valencia, involucrado en el tráfico de drogas desde la década de los noventa. En 2007, “El Cuini” confirió a Libien Tella el poder notarial de su empresa de inversiones Valgo Grupo de Inversión, con sede en Guadalajara, Jalisco.   “REVÍSENME”, DICE LIBIEN   El mismo miércoles 16 de diciembre que trascendió la información, el directivo de los rotativos respondió a través de un mensaje publicado en el portal web del periódico unomásuno, negando rotundamente cualquier vínculo con narcotraficantes como el que refirió el gobierno estadounidense. El empresario afirmó que pone a disposición de las autoridades norteamericanas y de las mexicanas, “cualquier información acerca de mis actividades comerciales y privadas en el entendido de que el suscrito no tiene nada que ocultar tanto en bienes como en dinero, sobre lo difundido en el boletín fechado 12/16/15 de esa institución americana”. Naim Libien argumentó que los medios de comunicación que dirige han sido “severamente críticos” contra el narcotráfico y sus variantes, por lo que se hace difusión y se exhiben las acciones de los cárteles que envenenan a mexicanos y estadounidenses. El directivo editorial siente que “fuentes mexicanas” que están informando al gobierno norteamericano tienen malas intenciones. “Prueba es que intereses oscuros pretenden callar a estos rotativos por la línea editorial, como tratar de quitarnos ‘EL CABEZAL de unomásuno’ por no apegarnos a vender la línea ágata. “El editorial de los diarios UNOMASUNO o Diario Amanecer del cual funjo como vicepresidente, es altamente crítico y veraz, sin duda esto ha molestado a las autoridades, esto solo lo tomo como un ataque vil contra mi persona, para tratar de amedrentarme y buscar como en otros medios de comunicación exista contubernio para bajar la línea editorial”, externó Naim. Libien Tella reiteró que en el momento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo quiera, puede revisar cualquiera de sus actividades comerciales o morales, así como de los propios rotativos y la aerolínea, hoy enlistados. A la empresa Valgo Grupo de Inversión, a la que le vinculan los estadounidenses, no la mencionó. Por su parte, en el portal del periódico mexiquense Amanecer se apuntó: “Es fácil calumniar, haciendo uso de información falseada, sin sustento. Si algo ha demostrado Diario Amanecer es que siempre se conduce con objetividad, con pruebas que sustenten sus dichos, no han sido pocos los actores políticos que se han sentido atacados, sin embargo, se saben culpables, ignorantes y poco aptos para las labores encomendadas. Casos hay muchos, en los tres ámbitos de la administración pública. Seguimos y seguiremos exhibiéndolos haciendo a un lado la difamación. ¡Cuenten con ello!”.   LOS AMPAROS DE NAIM   Aunque es la primera vez que se mencionan públicamente los supuestos nexos de Naim Libien en actividades antisociales, el empresario ya había recurrido ante la justicia federal hace cuatro años para solicitar un amparo contra alguna posible acción de la entonces SIEDO, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO). El 13 de octubre de 2011, Naim Libien Tella promovió una demanda de garantías (1053/2011) ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, pues temía “la integración de una averiguación previa y una orden de presentación o de detención” en su contra. El personaje señaló como sospechosa una indagatoria con número PGR/010/LD/2003 y también pidió la protección contra actos de los titulares de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Libien echó mano de los abogados: Mario Enrique Selvas Carrola, María de Lourdes Renee Anaya Chávez y Sandra López Valderrama para que averiguaran lo más que pudieran sobre el asunto que lo mantenía preocupado. El 27 de octubre de ese mismo año, el juicio de amparo fue sobreseído al no existir el acto reclamado. Tres años antes, el 8 de octubre de 2008, el mismo quejoso había acudido ante el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal del DF para solicitar su protección debido a que el Juez Cuarto de lo Penal de Primera Instancia en Quintana Roo había dictado una orden de aprehensión en su contra, sin que se informara el delito imputado. Debido a que no era competente territorialmente, el juzgador federal capitalino declinó la competencia a favor del Juez Tercero de Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, quien el 24 de abril de 2009 concedió el amparo a Naim Libien y se dejara sin efecto el mandamiento judicial. Sin embargo, el asunto que más ha ocupado de la atención del vicepresidente de unomásuno, es el embargo de diversos títulos de marcas del periódico, adjudicadas a favor de la Administración Local de Recaudación de Toluca el 4 de junio de 2014, así como la solicitud de fecha 11 de junio de la autoridad recaudadora (oficio 400-53-00-03-02-2014-3645) al director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el cambio de titular de las siguientes marcas mixtas a nombre de la Tesorería de la Federación: *  “UNO MÁS UNO”. * “UNOMASUNO”. *    WWW.UNOMASUNO.COM.MX *  “UNO NOTICIAS”. *  “ACCIÓN DE MÉXICO”. Contra lo anterior, Libien Tella ha librado una batalla jurídica y actualmente se encuentra en curso el juicio de amparo 1875/2014 ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, del que se han derivado un sinfín de recursos de revisión y de queja en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la capital del país. A este asunto es al que alude Naim en su comunicado de que pretenden quitarle el cabezal del periódico.   MAL COMIENZO   El arribo de Naim Libien Tella al periódico unomásuno hace poco más de una década no fue del todo afortunado. Su padre Naim Libien Kaui y él adquirieron en noviembre de 2002, a precio de ganga, aseguran, una parte importante de las acciones de Editorial Uno S.A. de C.V., que enfrentaba serios problemas financieros y se encontraba emplazada a huelga. El diario, que contaba con un prestigio desde su fundación el 14 de noviembre de 1977 por Don Julio Scherer (obligado por presión presidencial de Luis Echeverría a dejar la dirección de Excélsior el 8 de julio de 1976), andaba dando tumbos económicos y en su relación laboral. Manuel Alonso Muñoz era el presidente del diario. Una de las primeras maniobras para salvar a la empresa -que se hallaba en concurso mercantil- fue publicar a través de edictos que la compañía editorial estaba en “etapa de quiebra”, lo que significó que diversos deudores y proveedores dejaran de cumplir con obligaciones y pagos a Editorial Uno, según se refiere el portal cultural www.ficticia.com en una colaboración de Marcial Fernández del 13 de diciembre de 2002. De acuerdo con el texto, los nuevos dueños dejaron de pagar el salario de los trabajadores de planta y de confianza, así como de los colaboradores, a quienes ya se les adeudaban hasta más de año y medio de colaboraciones. También se destacó la relación que los Libien ostentaban con la entonces primera dama de México, Marta Sahagún de Fox, y el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, lo que presuntamente motivó la orden editorial de no escribir notas contrarias a dichos personajes, a los que se sumaban el propio presidente Vicente Fox y el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Aunque las violaciones laborales prevalecieron contra muchos ex trabajadores del periódico, con el tiempo la vida del rotativo continuó su marcha hasta nuestros días, en los que se formula el señalamiento del Departamento del Tesoro norteamericano.

A punto de ser quemada su efigie, a Brenda Ruacho le llovió en la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil  Teletón (CRIT) número 22. No solo la chorreó la precipitación pluvial que ese día se desató en Tijuana, justo cuando daba su discurso en la inauguración de la obra en la que se empecinó desde el inicio de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, sino que contra ella se registró una manifestación que exhibe las deficiencias del sistema DIF de Baja California que representa. En tanto, los menores con discapacidad y candidatos a ser atendidos en el centro de rehabilitación de Tijuana, tuvieron que soportar las inclemencias del tiempo durante las dos horas que duró el evento inaugural. Mientras Ruacho de Vega se desvivía en agradecimiento por el apoyo de su marido hacia el DIF y, sobre todo, hacia el CRIT, acaso un par de paraguas guareció de la pertinaz lluvia a los niños que fueron colocados en los costados para flanquear a los invitados especiales mientras el show se desarrollaba en el escenario dispuesto para tal ocasión.   LA PROTESTA La no adecuada atención a una denuncia presentada por la Asociación Pro Defensa de Niños Víctimas del DIF, cuya presidenta Claudia Martínez Villa señala manipulación en la asignación de los menores de edad entregados en adopción, desencadenó una airada protesta el día que el CRIT de Baja California fue inaugurado. Una decena de inconformes se apersonaron el viernes 11 de diciembre en el ingreso del Centro de Rehabilitación Infantil  Teletón que se construyó este año en Tijuana; consigo llevaban una figura de la imagen de Brenda Ruacho que estuvieron a punto de quemar, de no ser por la intervención de Enrique Méndez, en la víspera nombrado subsecretario de Gobierno. No fue fácil para el funcionario persuadir para que los integrantes de la asociación que dice tener documentados varios casos de irregularidades en la adopción de niños -entre ellos el de Crystal Monique Villegas-, se retiraran del lugar. Portando pancartas en las que se leía: “Brenda Ruacho, nuestros hijos no se venden”, los quejosos exigieron una investigación del tratamiento que se da a los menores en los albergues, pero sobre todo en los procesos de adopción que se siguen. Particularmente exigieron saber del paradero de la menor Crystal. A decir de Claudia Martínez Villa, el juicio para que ella lograra la custodia de esta niña se encontraba avanzado, pero al arribo de la actual administración de DIF Estatal, Crystal Monique desapareció de un albergue de Mexicali, en el que se ubicaba. Al pedir información y reclamar saber del paradero de la menor, Martínez Villa fue ignorada y, al dar seguimiento al trámite de adopción, el DIF de Brenda Ruacho sostiene que psicológicamente, Claudia no es apta para ello y requiere superar esa fase. La afectada buscó el amparo y logró que una juez federal emitiera una sentencia, ordenando a DIF no tomar decisiones definitivas respecto a la niña, en tanto no se resolviera el caso. No obstante, Consuelo Luna Pineda, coordinadora general de Adopciones, presente en el evento de apertura simbólica del CRIT, aseguró que no existen irregularidades en los métodos de DIF y que la menor se encuentra en un hogar sustituto, en vías de ser adoptada por la familia que la tienen en custodia; proceso que, subrayó, no tiene vuelta de hoja. Entrevistada en el mismo evento, Brenda Ruacho también desestimó la acusación del organismo civil y calificó la acusación de Martínez Villa con fines políticos y sin sustento, a pesar de que la demandante cuenta con el amparo federal 68/2014 que le protege. Con la promesa de que se le daría razón de Monique, los manifestantes se retiraron luego de media hora de protesta y el show de inauguración del CRIT 22 dio inicio.   ATENCIÓN LIMITADA EN COSTOSA OBRA   La edificación del CRIT de Baja California tuvo un costo de 242 millones de pesos, recursos provenientes de donativos, para cuya recaudación, Brenda Ruacho se aplicó durante el primer año de su gestión frente al DIF Estatal. Pero ni el tamaño del inmueble, ni la millonaria inversión aplicada en su edificación, permitirán atender al cien por ciento de los bajacalifornianos que enfrentan una discapacidad motriz. Los 42 millones de pesos anuales que el gobierno de Baja California se comprometió a aportar cada año para su sostenimiento, durante diez años consecutivos a partir de 2016, apenas permitirá que este centro brinde mil terapias al año. Es decir, el CRIT Baja California acaso logrará atender al uno por ciento de los pacientes con discapacidad motriz. Según números proporcionados por el propio gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, 108 mil 600 bajacalifornianos tienen algún tipo de discapacidad, y del 56 por ciento, su discapacidad es motora, “y éste es un centro de rehabilitación motora, así que va a cubrir ampliamente algo que requerimos y necesitamos, ese número de 56 -por ciento- es muy alto, es un gran logro, como bajacalifornianos hemos dado el ejemplo”, ponderó. Si el CRIT bajacaliforniano cubriera el porcentaje dicho por Kiko Vega, estaría brindando atención a 60 mil 816 pacientes al año, algo muy alejado de la realidad del centro. Los datos proporcionados por las autoridades del CRIT difieren con las cuentas alegres hechas por el mandatario estatal, al indicar que al año solo se podrán brindar mil terapias; es decir, acaso se estará atendiendo el 1.6% de la población que necesita rehabilitación física motora. Además, el CRIT es excluyente en su selección de pacientes, al enfocarse solo a menores de 18 años, siempre y cuando su incapacidad sea neuromusculoesquelética, porque si sus condiciones físicas son de otra discapacidad, los pacientes serán canalizados a otras instituciones de rehabilitación.   PREDIO “INSIGNIFICANTE”   Edificado en un terreno de 29 mil 889 metros cuadrados, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Baja California, que este año se integró a los 21 ya existentes en la República Mexicana, luce majestuoso. La obra diseñada con símbolos bajacalifornianos como el mar y las uvas, fue erigida durante nueve meses por la empresa de Juan Diego Gutiérrez Cortina, bajo la supervisión de Ricardo Dagdug Kalife. El terreno, de un costo promedio de 50 millones de pesos, fue otra de las aportaciones que tuvo que hacer el Gobierno del Estado para lograr que la fundación que preside Fernando Landeros, diera el visto bueno para que Baja California contara con un CRIT. Asentado en Bosque de las Araucarias, el lote fue motivo de controversia, pues sin ser desincorporado del dominio privado al público, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid lo otorgó a Fundación Teletón, al rechazar este organismo otros predios ubicados en la periferia de Tijuana. No obstante los costos del inmueble ubicado frente a la Central Camionera de Tijuana, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, lo refirió como un “predio que no significaba nada para nadie”. “Hoy estamos aquí en un lugar lleno de colores, amor y fe, dónde el vacío se llenó de todo el amor del país”, expresó.   DESLUCIDO TELETÓN 2015   La falta de transparencia en el manejo de los recursos que recibe vía donativos y que en un amplio porcentaje provienen de recursos públicos de los Estados donde asienta sus centros, llevó a Fundación Teletón a no establecer metas de dinero para la edición de su evento 2015. El desencanto por una causa que se sostiene con la manipulación de la imagen de menores con discapacidad, se vio reflejada desde el Teletón 2014, en el que apenas se logró la meta trazada de 474 millones de pesos. Por ello fue que en este año, el organismo optó por poner como objetivo lograr 500 mil visitas en todos los centros del país, “para que la sociedad constante lo que se hace con su aportación”, dijo Fernando Landeros, para quien esta acción es una forma de transparencia y rendición de cuentas. Pero evade informar sobre la aportación de cada uno de sus patrocinadores y las donaciones de los gobiernos que recibe, así como el beneficio fiscal que significa para la empresa Televisa. Sin definir una cantidad, además de las visitas este año, la fundación recibió 327 millones 267 mil pesos en donativos, recursos que le permitirán sostener los 21 centros de rehabilitación ya en operación. Excepto el de Baja California, porque éste iniciará operaciones hasta el 21 de enero de 2016, una vez que empiece a recibir la aportación anual de 42 millones de pesos que el gobierno de la entidad le otorgará para su operación anual; misma cantidad que, de acuerdo al contrato signado con la fundación y avalado por el Congreso del Estado, tendrá que ser aportada del erario para el sostenimiento de los primeros diez años del CRIT número 22.

El FIDE es un fideicomiso privado constituido en 1990 por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica para “coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica”, según señala su portal de internet. Al igual que el programa ASI, funciona a través de terceros, presta apoyos para la instalación de aires acondicionados y se descuenta por medio del recibo de CFE, o por lo menos eso indica la información oficial. Para Israel Ochoa Gasca, una oportunidad para arrancar con su negocio se transformó en un fraude de más de 70 mil pesos, pese a que nunca solicitó el préstamo al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Luego de trabajar por 26 años en la taquería Asaderos Said, su patrón se retiró por su edad avanzada, por lo que le ofreció quedarse con la taquería como pago de liquidación, lo cual ocurrió en junio de 2013. A mediados de octubre del mismo año, un cliente de nombre Pedro Esteban Casillas Enríquez le dijo tener un conocido que le podía apoyar pasa sacar el préstamo del programa federal FIDE, estaba realizando mejoras al negocio y aceptó el ofrecimiento, pero tan solo de un presupuesto para saber si le convenía. El único requisito que le pidió fue su recibo y la credencial de elector, con la promesa de darle el presupuesto por escrito y con toda la transparencia posible. El presupuesto, dinero o equipo nunca llegó, pero sí los cobros; en enero de 2014, en su recibo de consumo eléctrico apareció un cobro por 2 mil 260 pesos bajo el concepto de Pequeña Industria FIDE. Luego de preguntarles a varios trabajadores de la CFE, uno de ellos le explicó que se podría tratar de un préstamo, por lo que se comunicó con Pedro Esteban para saber qué había ocurrido, éste le confirmó que se trataba del préstamo del FIDE y que a pesar de no recibir el dinero, debía pagar el primer mes, ya que para el segundo cobro recibiría el apoyo. En su momento le indicó que” así trabajan”, según explicó la víctima. Durante los siguientes meses, a Ochoa le dieron múltiples excusas, para el quinto mes no pudo pagar con el recibo electrónico, por lo que para “hacerle el paro”, el mismo Pedro Esteban le prestó mil pesos con la condición de que cuando le dieran el préstamo, se los regresaría.

José Israel Aguilar Medina, detenido por homicidio el 15 de diciembre de 2015 en Mexicali, es parte de un grupo que opera en el Valle de la capital bajacaliforniana, en la zona oriente,  pegada al Estado de  Sonora. Según  reportes ministeriales, esta célula delictiva ha reemplazado -en la actividad criminal- al temido grupo que dominó esa zona la década pasada, Los Garibay, viejos servidores de los narcotraficantes del Cártel Arellano Félix (CAF). De hecho, una de las líneas de investigación indica que estos jóvenes habrían iniciado como matones de Los Garibay, y, con el tiempo, se les salieron de control. De acuerdo a datos del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, estos jóvenes no son nada discretos, impunemente deambulan en su zona de control, entre los ejidos Chiapas, Hermosillo, México y Colima. Son nativos de esa zona y la conocen a detalle, por eso les es fácil evadir a las autoridades. Es un grupo pequeño conformado fundamentalmente por jóvenes lugareños y encabezado por un sujeto de nombre Diego Camacho. “Conocen el río, las rutas, a veces se cambian a Sonora en los poblados de San Luis, el Golfo, al Indiviso y por ahí se han escapado”, explicó uno de los investigadores que han estado tratando de cerrar el círculo en torno a esta generación de jóvenes dedicados al secuestro, asesinatos, narcomenudeo y quizá hasta el trasiego de droga. A Diego Camacho ya se le generó  una orden de aprehensión en Sonora, por el delito de homicidio cometido contra un joven de ese Estado. El 11 de julio de 2015, a las afueras de un Oxxo en San Luis Rio Colorado, en Calle Libertad y 48, fue asesinado David Castro Camacho, de apenas 17 años. Su hermano menor fue testigo e identificó al agresor como José Israel Aguilar Medina, de 26 años,  vecino de la Calle Juárez y 46.  De acuerdo a la indagatoria y declaraciones en el expediente, el crimen habría sido ordenado por “El Diego”. Tras la agresión, Israel Aguilar huyó a bordo de una camioneta Cherokee guinda que tripulaba Ignacio Esquivel Sánchez “El Nachito”, vecino de esa misma zona, quien fue detenido dos días después en San Luis. El incidente se atribuyó a un pleito entre pandilleros. “Se ha podido dar a la fuga dado que utiliza vehículos todoterreno, jeeps, pick-ups” dijeron respecto al cabecilla de la banda. Entre la larga lista de casos que están investigando en su contra, básicamente homicidios y balaceras relacionadas con narcomenudeo y narcotráfico, las autoridades mencionan el asesinato de un hombre a balazos en septiembre pasado, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un auto compacto  negro tipo Honda en el Valle. La impunidad que goza este grupo de jóvenes delincuentes es evidenciada por su cabecilla Diego Camacho -pese a saber que es perseguido y de que existen órdenes de aprehensión en su contra-, quien se ostenta en redes sociales a través de videos con armas largas tipo R-15, 38 Súper y aparece haciendo detonaciones con las parcelas de la zona oriente como fondo. “Se ufana de una vida como de narcotraficante estrella, que va a La Casona -table dance en Mexicali-, a los bares, la fiesta, carreras de caballos, peleas de gallos. No es nada discreto”, refirió un investigador. Los informes recabados por el Grupo Coordinación alrededor de la operación de esta célula, indican vínculos con el Cártel de Sinaloa -que opera todo el corredor- y, aunque esta área históricamente ha sido dominada por Los Garibay, consideran que existen ligas entre ambos. Según investigaciones, el joven José Israel, detenido esta semana, es gatillero parte del grupo que encabeza Camacho -la cabeza visible-, vivía en San Luis Río Colorado y cruzaba al Valle de Mexicali y a la ciudad. El punto de enlace con ellos fue una joven mujer que apodan “La Güera”, quien ha declarado como testigo en el caso del asesinato del maestro de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC, Alberto Rodríguez, encontrado muerto en su casa del fraccionamiento El Campanario el 23 de noviembre de 2015. Ella se involucró con el maestro universitario, se hacían llamadas telefónicas y había relación de amistad. Después de la muerte del académico, el auto de la víctima apareció en San Luis Río Colorado, cuando “La Güera”  pretendía venderlo. El círculo se terminó de cerrar alrededor de José Israel Aguilar Medina porque cuando fue capturado en la colonia Prohogar por elementos de la Policía Estatal Preventiva, llevaba consigo la pistola 9 milímetros que usaron para asesinar al catedrático. Aparte del arma traía varias “pelotas” de la droga conocida como cristal, por lo que fue remitido a la Procuraduría General de la Republica, subdelegación Mexicali. Conforme a los elementos que la autoridad tiene a disposición, “La Güera” era la encargada de ubicar y “poner” a malandrines y a posibles personas a quienes les iban a “pegar”. Ella vivía en el fraccionamiento Valle de Puebla, pero recientemente se trasladó a Ciudad Obregón, Sonora. Las indagatorias ministeriales también involucran a esta joven mujer y al detenido  Israel Aguilar con el atentado homicida perpetrado en septiembre pasado en contra del entonces director de Seguridad Pública, Francisco Vázquez Bustamante, quien quedó malherido; fue traslado a un hospital de Yuma, donde falleció una semana después. Y en el homicidio del joven sonorense por el que existe orden de aprehensión en contra de su jefe, Diego Camacho. Pese a que José Israel está incluido en la indagatoria por el crimen del catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, investigado en la Procuraduría del Estado, tras su captura fue remitido a las instalaciones de la PGR en Mexicali para su posterior traslado al Centro de Readaptación Social de Mexicali, por los delitos de posesión de arma de fuego y droga, mientras le completan la integración por el asesinato.

“Ya ni siquiera es pedirles algo, sino lo que queremos es que hagan lo que dijeron que iban a hacer”, dijo Alejandro Morales, empresario y uno de los miembros fundadores del recién creado Comité para el Bienestar Social de San Quintín. A raíz de la revuelta social encabezada por los jornaleros del sur de Ensenada, el gobernador Francisco Vega para conciliar con todas la partes en conflicto lanzó el “Programa para la Atención de San Quintín” (2015-2019), donde a través de más de 300 obras y una inversión de más de 3 mil millones de pesos, el gobierno estatal –en coparticipación con otros niveles– promete abatir el rezago social y de infraestructura que siempre han padecido los sanquintinenses. Pero a semanas de haber arrancado el proyecto, la autoridad ya empieza a quedar mal. “En su momento fue un acto de buena voluntad del gobierno estatal, pero cuando empezamos a revisar vemos que los plazos se empiezan a agotar, vemos muy poca obra y muy poco trabajo, quisiéramos estar equivocados”, expuso Vicente Guerrero, empresario ostionero. De ahí que nace este Comité encabezado por William Hedrick y Berrymex, presidente de la empresa Driscoll´s, Marco Antonio Estudillo, presidente del Comité de empresarios agrícolas, el doctor Ernesto Cano, pionero en San Quintín, Vicente Guerrero, dueño de la ostionera del mismo nombre, y otros comerciantes y profesionistas del Valle. El grupo de trabajo apenas está en el análisis de los programas de obra, revisando plazos y presupuestos, para en su momento darle seguimiento puntual a cada rubro y, ya no pedir, sino exigir, que les cumplan. Pero además, dictar directrices y vigilar que el recurso sea bien utilizado, por lo que dicen que cada integrante del Comité pondrá “marcaje personal” a un proyecto específico para presionar que el gobierno lo ejecute en tiempo y forma. “También tenemos que ver si es realmente lo que ocupamos, jerarquizar las prioridades, los sanquintinenses tenemos la facultad para decidir cuáles y en qué momento se tienen que hacer”, advierten, quienes aseguran que son un grupo plural, sin vínculos partidistas, sin intereses sectoriales, que incluye a todos los habitantes de San Quintín, hasta los jornaleros, aunque ninguno de ellos aparezca como miembro del grupo. “Todos aquí somos San Quintín, tanto los trabajadores del campo, que son gente muy valiosa, como los empresarios, los comerciantes, las amas de casa, estudiantes…La carretera es para todos, el agua es para todos”. Un rezago, y hasta los absurdos del compromiso signado por Kiko Vega es la construcción de un gimnasio en la colonia Nueva Era, “que nos sigue pareciendo un tanto incongruente que por el hecho viene de visita, pues se inaugura, pero sigue siendo solo un edificio, no tiene acciones, necesitamos que aún bajo un techo cualquiera pero que tenga actividad”. Dijeron que entienden que hay obras que aparte de una fuerte inversión, conllevan un largo plazo para que se cumplan, como la Desaladora o la Carretera de cuatro carriles Camalú-San Quintín. “Sabemos que la Desaladora no es va poder llevar a cabo en un año, es imposible, sin embargo hay otras obras, de rehabilitación de pozos en comunidades, de pequeñas redes de hidráulicas de abastecimiento, porque aquí el agua es escasa y cara, y eso eleva el nivel de vida de todos”. Y en el caso de los cuatro carriles para el tramo Camalú-San Quintín ven muy lejos el día de que, por lo menos, estén lanzando la licitación: “Es una mega obra que requiere un proyecto ejecutivo, y ese tema lo venimos oyendo hace varios años, pues vamos a presionar para presionar porque se comprometieron que el proyecto quedaría terminado este año”. Además de la cantidad de “obras inútiles, además de altamente sospechosas”, dicen que lejos de avanzar se ha afianzado el rezago sobre todo en lo que corresponde a la esfera municipal, a quien le corresponde atender los servicios públicos básicos como la recolección de basura, patrullas, alumbrado. “Y es algo que se reclamó muy fuerte porque precisamente lo que determina que una zona sea marginal o no es precisamente la carencia de servicios, aquí tenemos esa carencia”. Lamentó que con todo el potencial que tiene el Valle de San Quintín, por sus recursos y paisajes naturales, no se pueda impulsar sobre todo el sector primario, no se pueden instalar industrias ni maquiladoras ante carencias tan elementales como el drenaje, el agua, o el manejo de la basura, rubros en los que exigirán su inmediata solución, al margen del orden en que aparecen en el plan ofrecido por el Gobierno del Estado: “No hay un solo metro de drenaje, hay puras letrinas, imagínate los riesgos sanitarios que conlleva eso, y nos aleja de cualquier cuestión de competitividad”.  Los integrantes del Comité reprochan que mientras Mexicali ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años, Ensenada toda, y no se duda la parte rural, ha sido siempre la primera descartada a la hora que se ajustan los presupuestos. “‘Atole con el dedo’ nos ha dado el gobierno durante muchos años”, refiere el doctor Ernesto Cano, quien llegó a San Quintín hace 45 años y quien por muchos años ha hecho labor asistencialista en las comunidades. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Jonathan Díaz, fue el convocante a la instalación del Comité para el Bienestar Social de San Quintín, presidido por William Hedrick, el principal empresario agrícola de la zona quien no estuvo presente por problemas de salud. La jornada también incluyó para la Prensa un recorrido por las villas que Berrymex ofrece para los jornaleros de temporada y la ostionera de Vicente Guerrero que genera millonarios ingresos para la entidad, así como la visita a colonias marginadas como la Nueva Era o Padre Kino, para contrastar las condiciones y aportes por parte de los sectores productivos de San Quintín.